Las rutas para evadir al fisco: huachicol fiscal, facturación falsa y aduanas

El huachicol fiscal, o contrabando de combustible, ha cobrado protagonismo como uno de los boquetes más grandes por el que se fugan del fisco mexicano miles de millones de pesos. Es apenas una de las rutas para evadir el pago de impuestos detectadas por el Gobierno de Claudia Sheinbaum que quiere poner coto a tres esquemas de evasión que golpean las arcas de un Estado mexicano ávido de recursos para sostener su apuesta económica. Todos aprovechan vacíos legales y fallas en el control para defraudar al erario. Además del huachicol fiscal, está la facturación falsa y la subvaloración en aduanas, es decir, la declaración de un valor inferior al costo real de las mercancías importadas para pagar menos aranceles. Esta tríada es responsable de pérdidas multimillonarias para el erario, de distorsionar los mercados y representa riesgos para la seguridad nacional, refiere un estudio legislativo elaborado desde la vicecoordinación de Morena en la Cámara de Diputados, que encabeza Alfonso Ramírez Cuellar, cercano a Sheinbaum.

Las cifras son significativas. Las pérdidas por el contrabando de combustible alcanzaron los 4.600 millones de dólares por evasión de IVA e IEPS, mientras que el agujero para Pemex y para la hacienda pública se ha calculado en unos 28,2 millones de dólares, solo en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, refiere el análisis del legislador. Las acciones para atajar esta fuga parecen ser insuficientes. El Sistema de Administración Tributaria (SAT) ha anunciado la apertura de 109 expedientes penales de enero a septiembre solo por fraudes y contrabando vinculados a estos esquemas. En esos casos, el perjuicio al fisco asciende a 22.843 millones de pesos.

Otra de los puntos de escape de los recursos públicos se fragua desde la facturación falsa, a través de empresas fantasma creadas ex profeso para simular actividades económicas. Existen dos modalidades. Por un lado, las definidas como EFOS (Empresas que Facturan Operaciones Simuladas) y las EDOS (Empresas que Deducen Operaciones Simuladas). Ambas con el mismo fin. La primera emite comprobantes por servicios inexistentes y las segundas son utilizadas para reducir sus obligaciones fiscales. Esta práctica comenzó a tomar cuerpo durante la Administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018), cuando se identificaron unas 7.400 empresas, llamadas factureras. Esa cantidad se ha disparado en los últimos siete años y al cierre de 2022 se registraron más de 12.000 empresas que facturan operaciones simuladas, un crecimiento de 63% en cuatro años.

Las fichas vinculadas a estas prácticas se mueven en las altas esferas de la sociedad mexicana. El abogado Víctor Manuel Álvarez Puga es ejemplo de ello. El jurista es considerado por las autoridades mexicanas como el rey de las factureras y enfrenta un proceso de deportación desde Estados Unidos. Tenía entre sus clientes a personajes influyentes, tanto de la política y la judicatura como del mundo empresarial y de la farándula, según han señalado fuentes del Gobierno federal. Se le acusa de un desfalco de 2.950 millones de pesos de la Secretaría de Gobernación en 2016. El Congreso ha venido avanzando en la última década para el combate de esta modalidad de defraudación fiscal, sin resultados definitivos.

Otros esquemas de huachicol fiscal

La subvaloración de mercancías en las aduanas, también llamado contrabando técnico, cierra la pinza de esta trama. En este frente, el informe menciona que tres productos en específico han jugado un papel protagónico: el azúcar, el camarón y el acero. El contrabando de azúcar, según el análisis legislativo, es una de las formas más dañinas de defraudación que pega directamente en el mercado nacional. La mercancía ingresa al país de manera legal, pero toman ventaja de vacíos legales para evitar el pago de impuestos, aranceles y controles. Los volúmenes y la periodicidad de las operaciones han generado preocupación en la industria cañera, un sector que contribuye al sostén económico de 15 Estados, 267 municipios y más de 180.000 pequeños y medianos productores y es fuente de medio millón de empleos directos.

También señala a las mezclas como una maniobra común: productos que en realidad contienen entre 95 % y 98 % de azúcar, y pequeñas cantidades de maltodextrina, harinas, cacao o carbón activado. Esto ha permitido reclasificar el producto en fracciones arancelarias sujetas a cobros considerablemente menores que los aplicables al azúcar de caña. Según datos oficiales, entre 2023 y 2024, ingresaron a México 272.000 toneladas bajo esta modalidad y la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera calcula que el volumen ilegal supera las 329.000 toneladas, lo que deriva en una evasión fiscal a 5.000 millones de pesos en el mismo periodo.

El problema para el sector azucarero no para ahí, ya que se suma el contrabando bronco, una práctica que consiste en el ingreso clandestino de azúcar sin pasar por aduana, además de la operación de ingenios irregulares detectados en Puebla, Oaxaca y Veracruz que producen cerca de 120.000 toneladas adicionales sin cumplir con obligaciones fiscales, laborales, ambientales o de seguridad social. Las consecuencias de estos mecanismos tocan al TMEC, ha sostenido Ramírez Cuellar. La entrada de azúcar sin cubrir el arancel de 360 dólares por tonelada puede caer en el incumplimiento y pone en duda la permanencia del acceso preferencial de México al mercado estadounidense.

El camarón, por otro lado, se ha posicionado como la segunda fuga de importancia del contrabando técnico. El tráfico de este crustáceo incurre en evasión sanitaria, fiscal y aduanera. En las fronteras, apunta el informe legislativo, se permite la entrada de grandes volúmenes de producto extranjero saltándose la regulación vigente. “Esta operación paralela altera el mercado nacional y afecta la viabilidad del sector acuícola, ya que coloca en desventaja a los productores que sí cumplen con las normas sanitarias, ambientales y laborales”, refiere el vicecoordinador. Tijuana, Cancún, Culiacán, Ciudad de México, Guadalajara, Tamaulipas y Nayarit son los puntos en donde se ha encontrado mercancía reempaquetada o con etiquetas falsas.

La fórmula más recurrente es la triangulación de camarón ecuatoriano a través de países de Centroamérica, con un volumen estimado entre 20.000 y 22.000 toneladas cada año. Los cruces fronterizos del norte como Tijuana, Ciudad Juárez, Reynosa y Matamoros se suman a las rutas, además de las importaciones irregulares que vienen de India, China, Estados Unidos y Tailandia, sin cumplir con las normas sanitarias obligatorias, lo que refleja fallas de supervisión y posibles actos de colusión institucional. El origen real del producto se ha maquillado con etiquetas falsas de Perú o Guatemala. En números, esta fuga le ha representado entre 2021 y 2022 al Estado mexicano la entrada ilegal de casi 36.000 toneladas valoradas en más de 6.000 millones de pesos. Eso, sin dejar de lado el desplazamiento de hasta el 80% del camarón cultivado en Sinaloa, lo que pone en riesgo la operación de más de 900 granjas y cerca de 20.000 empleos directos en un sector que aporta el 40% del camarón de cultivo del país y genera casi 100.000 empleos totales.

El sector acerero cierra esta tríada. Se ha detectado el uso indebido de programas fiscales diseñados para fomentar la exportación. Específicamente, se tiene el registro de dos empresas fabricantes de acero que aprovecharon una ayuda al comercio exterior mexicano que permite a las empresas importar temporalmente mercancías libres de impuestos para ser utilizadas en procesos industriales o de servicios, para importar grandes volúmenes de insumos bajo el esquema de importaciones temporales, sin cubrir impuestos, pese a que el destino real de esos productos no correspondía a procesos de exportación. Esto ha llevado a la Secretaría de Economía a cancelar sus permisos. “Es ejemplo de cómo estos instrumentos pueden ser utilizados para evadir obligaciones fiscales cuando no existe una supervisión efectiva”, se lee en el documento de análisis.

Las piezas legales que frenen estas prácticas han avanzado en el legislativo, incluido el recién aprobado muro arancelario a un puñado de países de Asia, con dedicatoria especial a China, que ha negado la Secretaría de Economía de Marcelo Ebrard. La vigilancia y supervisión constante en todos los sectores, al que se debe sumar la transparencia, son algunos de los ingredientes para el combate a la defraudación a gran escala que enfrenta el fisco. Un reto que tiene por delante la Administración de Sheinbaum.