La Cámara de Diputados se alista para prohibir los vapeadores en todo México con sanciones de hasta ocho años de cárcel

En un nuevo episodio de la batalla del Gobierno contra los vapeadores, la Cámara de Diputados se prepara para votar la prohibición total de vapeadores y cigarrillos electrónicos en todo el país. La Comisión de Salud discutirá y pondrá a votación este martes una reforma a la Ley General de Salud que contempla medidas severas que van de uno a ocho años de prisión, hasta multas que pueden alcanzar los 226.000 pesos para quienes participen en la comercialización, fabricación, importación, exportación, venta, y uso de estos dispositivos. El documento, que respalda la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, justifica la medida en el “riesgo sanitario” que representan estos productos y su expansión en el mercado negro.

El documento de más de 800 páginas insiste en que, pese a la percepción de que los vapeadores son una alternativa más segura para los consumidores de tabaco, estos contienen “una mezcla compleja de sustancias químicas, incluidos metales pesados con un gran potencial para dañar la salud”. La comisión advierte de que la venta de estos aparatos, muchos de ellos importados de manera irregular, ha ido en aumento impulsada por campañas que los presentan como herramientas para dejar de fumar, en un discurso que confunde especialmente a los adolescentes, que son de los principales consumidores de estos productos. La iniciativa recoge investigaciones que alertan sobre los efectos de sus componentes, entre los que pueden estar el níquel, plomo, cadmio y compuestos asociados a inflamación crónica y disfunción pulmonar. “La proscripción total”, insiste el texto, “busca enfrentar un riesgo sanitario en el país”, especialmente entre los consumidores más jóvenes, quienes “han sido objeto de agresivas y engañosas estrategias comerciales por parte de la industria” para fomentar la adicción desde edades tempranas.

Aunque México prohibió la importación y comercialización de vapeadores y cigarrillos electrónicos en 2022, se disparó su contrabando y venta clandestina. La comisión asegura que la regulación se volvió insuficiente y que solo una prohibición absoluta frenará su distribución. Por ello, propone sancionar con prisión y multas de entre 11.314 y 226.280 pesos a quienes violen la prohibición, incluidas personas que porten o compren estos dispositivos. Para Morena y el Partido Verde se trata de una medida necesaria para evitar que esta industria crezca en la ilegalidad. Para la oposición —y para parte del PT—, la reforma criminaliza a los consumidores.

La semana pasada, cuando se aprobó en comisiones con 27 votos en favor, ocho en contra y una abstención, Movimiento Ciudadano, PAN y PRI acusaron al bloque oficialista de presentarse como defensor de políticas progresistas mientras impulsa medidas “sobrerregulatorias” que afectarán sobre todo a los jóvenes. Algunos diputados han advertido de que la prohibición podría producir el efecto contrario, reforzando el mercado negro y dejando a los consumidores sin información verificable sobre lo que están consumiendo. “La prohibición criminaliza a los consumidores y le regala un nuevo mercado al crimen organizado. Este es uno de los dictámenes más punitivos que han pasado por aquí” dijo Juan Ignacio Zavala Gutiérrez, de Movimiento Ciudadano. “La sanción se me hace exagerada ya que tenemos tantos violentadores afuera que no reciben penas, pero quieren multar a alguien si lo encuentran con un vape”.

Incluso hubo dudas dentro del PT, desde donde se cuestionaron las consecuencias penales por el uso o compra, y pidieron revisar el impacto. Por su parte, Morena defendió que las sanciones están dirigidas principalmente contra los distribuidores y vendedores. “Estamos construyendo un sistema de salud eficiente, que pueda atacar estas enfermedades de las y los mexicanos”, apuntó José Armando Fernández Samaniego.

Aunque los vapeadores acaparan los reflectores, el dictamen también incluye otras reconfiguraciones, como la solicitud de Sheinbaum para fortalecer las facultades de la Secretaría de Salud en la compra consolidada de medicamentos y la contratación de equipo médico de alta tecnología. También incluye disposiciones para combatir el tráfico de precursores químicos que se utilizan en la fabricación del fentanilo, así como nuevas reglas para el control de sustancias peligrosas. La combinación también ha sido criticada por la oposición, pues han señalado que el documento “empaqueta” temas sin relación entre sí para acelerar la aprobación. El oficialismo defendió que todas las iniciativas forman parte de “una estrategia integral de salud”. Con el amplio margen que posee el oficialismo para lograr la mayoría calificada necesaria, de aprobarse este martes, el dictamen pasará al Senado.

Desde que se impulsó la prohibición de su venta tres años atrás, se han incrementado las campañas para defender su consumo. También han surgido activistas e iniciativas como México y el Mundo Vapeando, que argumentan que la prohibición es contraproducente y alimenta la crisis de tabaquismo. El pasado junio un grupo de activitas organizó una protesta con mariachis frente al Senado, donde exigió “estrategias de reducción de daños que permitan proteger la salud pública y los derechos de millones de mexicanos”.