México cierra el Presupuesto 2026 con recortes a órganos autónomos, más salario a los diputados y reasignaciones por 18.000 millones de pesos
El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ha marcado el debate parlamentario entre el oficialismo y la oposición por el gasto para el segundo año de Gobierno de Sheinbaum y la reducción de recursos a seguridad


El Congreso mexicano ha cerrado el plan presupuestario para el segundo año de mandando de la presidenta, Claudia Sheinbaum. La Cámara de Diputados ha aprobado la mañana de este jueves, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, el último pendiente del Paquete Económico propuesto por el Gobierno federal. El bloque oficialista, formado por Morena, PVEM y PT, ha consumado de última hora y de madrugada recortes al Poder Judicial, al Tribunal Electoral, al Instituto Nacional Electoral, a la Fiscalía General de la República y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos por 17.788 millones de pesos. Con el tijeretazo, ha logrado estirar la sábana presupuestaria para hacer reasignaciones dentro de los 10,2 billones de pesos aprobados como el gasto total para el siguiente año. La redistribución de los casi 18.000 millones de pesos ha beneficiado a un puñado de sectores. Educación, tecnología, medio ambiente, cultura, trabajo y agricultura, en ese orden, han tenido los únicos cambios al alza, respecto a la propuesta enviada por la mandataria. No obstante, la escatimación en recursos para la seguridad en el país han marcado el ritmo desde que arrancó el debate, a inicios de esta semana.
El asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, dio gasolina a la oposición. Hasta el último minuto de la discusión recriminaron al oficialismo que los recursos eran insuficientes para atender la crisis de inseguridad en el país, una prioridad para el Gobierno, ha sostentido la presidenta mexicana en sus alocuciones públicas. El tema volvió a encender el debate. Morenistas y priistas han protagonizado una confrontación a empujones que estuvo a un paso de llegar a los golpes.
En el universo de cifras del paquete de gasto para el próximo año ha habido unos más favorecidos. La Secretaría de Energía tiene asignados 267,4 millones de pesos, un sustancial incremento del 86,8% respecto al año anterior, el mayor aumento del gasto federal para el próximo año. En paralelo, Petróleos Mexicanos (Pemex) —el gran lastre de las arcas públicas del país— se lleva nuevamente una bolsa millonaria de 517,3 millones de pesos, un alza del 7,7%. De ese total, 249,8 millones de pesos van a inversión. Sheinbaum ha apostado a que sea el último desembolso millonario para la paraestatal que se mantiene en números rojos y representa el 46,6% del gasto total y el 90% de la inversión.

En el cruce de números y los recortes al gasto de los órganos autónomos, los diputados se han aprobado un aumento salarial. El incremento de sus ingresos anuales ha quedado en 115.000 pesos. Desde el primer día de 2026 pasarán de cobrar 1,193 millones de pesos al año a 1,307 millones. Como consecuencia, el monto de aguinaldo también ha tenido cambios. Pasará de 140.504 pesos a 147.438 pesos. Además, se han asignado un seguro de vida que representará un desembolso de 59.000 pesos por cada uno de los 500 legisladores que forman la Cámara de Diputados. Todo ello, pese a que la presidenta mexicana ha leído la cartilla más de una vez a los integrantes del partido que la llevó al poder. “Austeridad y honestidad; parafernalia del poder, no” dijo hace poco. La mandataria también se ha pronunciado en contra de los seguros de gastos médicos mayores para funcionarios de alto nivel. Bajo el principio de austeridad que promueve en el discurso el oficialismo, ha dicho que ningún servidor público, incluyéndose ella misma, deben tenerlos.
La oposición, al hilo de estos ajustes presupuestarios, ha puesto en duda la voluntad política para echar a andar la Estrategia Nacional de Seguridad, la gran apuesta de la mandataria que ha requerido de un puñado de cambios constitucionales y legales y parte de los siete ejes de su Plan Nacional de Desarrollo. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), comandada por Omar García Harfuch, sufre un recorte de 10,3 millones de pesos respecto a 2025, equivalente al 18%. La narrativa de que la Guardia Nacional ha pasado a manos del Ejército —como respuesta a la reducción en seguridad— contrasta con los números planteados. Ese cuerpo uniformado tiene programada una bolsa de 23,5 millones de pesos, 12.000 millones menos que el ejercicio fiscal anterior. El único aumento a este sector ha recaído en los Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior con un incremento de 11.120 millones de pesos, equivalente a 17,6% más respecto a 2025.

El asesinato de Manzo ha sido la bandera que el PAN y el PRI han utilizado para dar batalla, aunque sea en el discurso. Los enfrentamientos, amagos de bronca y el reparto de responsabilidades sobre la inseguridad en el país y la ejecución del alcalde de Uruapan fueron la constante. “¿Quién mató a Carlos Manzo? Lo mató el gobierno, lo mató Morena”, lanzó Rubén Moreira, coordinador parlamentario del PRI. La respuesta llegó del morenista Arturo Ávila, que acusó a la oposición de “carroñeros”, por, según él, sacar ventaja política del crimen que ha conmocionado a la sociedad mexicana.
Con todo, la avasallante mayoría de Morena, PVEM y PT cuenta con los números de sobra para aprobar el presupuesto de egresos y cualquier ley o reforma constitucional que consideren necesaria, sin necesidad de consenso con la oposición. De las casi 2.000 mil reservas o propuestas de modificación a dictamen que se han discutido durante casi 24 horas, únicamente 12, las planteadas por el oficialismo, han visto la luz y han sido aprobadas sin obstáculos. Ricardo Monreal, el líder de Morena en la Cámara de Diputados, ha emprendido una defensa férrea de los cambios de última hora que se negociaron en la mesa de la Secretaría de Hacienda que dirige Édgar Amador, según legisladores oficialistas. “Es un presupuesto muy cuidado y profesionalmente elaborado”, ha dicho. El dictamen de presupuesto de egresos ha sido enviado al Ejecutivo y entrará en vigor el 1 de enero de 2026.
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