El primer mes del nuevo Poder Judicial desde dentro: caos, represalias y obsesión por el escrutinio público

Hace ya más de un mes que el Poder Judicial mexicano fue derrumbado y que otro se está rearmando en su lugar. De ese proceso de cambio, que involucra a cientos de tribunales y miles de cargos de los que depende la justicia en el país, se sabe poco. Las noticias aparecen fragmentadas: se viralizan algunas equivocaciones de nuevos ministros, magistrados y jueces, se discute en redes sociales sobre los metros cuadrados que tiene el despacho de Lenia Batres o se critica el número de asesores de Hugo Aguilar. “Las cosas que preocupan no son las que se están discutiendo en la conversación nacional. Si tal o cual ministro tiene 70 asesores es en realidad una tontería”, apunta un trabajador del alto tribunal. Empleados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), del Órgano de Administración Judicial (OAJ) y de tribunales colegiados definen esta etapa como un caos administrativo y judicial.

EL PAÍS reconstruye con casi una decena de voces de dentro del Poder Judicial federal cómo están funcionando algunas de las principales instancias de justicia de México tras la irrupción de los juzgadores electos, con depuración de perfiles críticos y desbandada de personal técnico, sin una estrategia general y también con una nueva obsesión por el escrutinio público.

El 1 de junio salieron a la boleta 800 cargos del Poder Judicial federal. Desde que tomaron posesión, los reflectores han estado concentrados en solo nueve de ellos, los ministros de la Suprema Corte. Los comentarios pasaron de la toga bordada del presidente Hugo Aguilar y su bienvenida en mixteco, al sueldo de los ministros, hasta las últimas polémicas por el número de asesores. “Desde dentro sí supimos qué pasó con lo de los 76 asesores de Hugo: al pasar de 11 a 9 ministros, había gente vacante, él la absorbió y después la redistribuyó para no dejar a esas personas sin trabajo”, señala una empleada. “Esas críticas lo único que hacen es poner en peligro a la gente de carrera judicial”, apostilla otro, “porque los ministros corren a los que no son de su equipo”.

Los nuevos ministros heredaron los equipos de los anteriores. Irving Espinoza se quedó con el de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena; Giovanni Figueroa con el de Juan Luis González Alcántara; Arístides Guerrero con el de Margarita Ríós Farjat; Sara Irene Herrerías con el de Javier Laynez y Estela Ríos con el de Jorge Pardo. Sin embargo, en este primer mes, los empleados calculan que han salido casi la mitad de los trabajadores de la Corte. “Las ponencias están en los huesos”, señalan. Muchos integrantes renunciaron porque no querían formar parte del nuevo sistema, pero a muchos otros les pidieron la renuncia.

“El aviso fue expreso: no hablen”

“Hay ministros que llegaron a correr a toda su gente”, señala una fuente de la SCJN. “A muchas personas les pidieron su renuncia por haber tenido un perfil muy público en las protestas contra la reforma”, añade otra. Todos los trabajadores que han hablado con EL PAÍS han pedido anonimato por temor a represalias: “El aviso fue expreso: no hablen. Fue una instrucción verbal, porque obviamente no pueden dejar nota de eso”. Los empleados resaltan además un “monitoreo fuerte” de sus redes sociales. “Hubo una primera depuración de muchos perfiles porque trabajaron en alguna ocasión para la ministra [Norma] Piña o para el ministro [Luis María] Aguilar, o porque sí eran muy vocales en redes sociales”, añade una trabajadora: “Sabemos que estamos vigilados. Las cámaras tienen sonido. Es difícil hablar ahí dentro”.

La salida —voluntaria o forzada— de tantos puestos técnicos de la Corte se ha traducido en una sobrecarga de trabajo para los que se quedaron. Los empleados están doblando horas. También porque desde la Corte hay una “preocupación para que se note que los ministros actuales trabajan más que los anteriores”. Eso ha obstaculizado el teletrabajo, que ha tenido como consecuencia directa ver niños corriendo por los pasillos de la Corte, porque ha cerrado ya la guardería del edificio y sus madres siguen trabajando.

Todos los entrevistados resaltan que el nuevo funcionamiento —sin salas, solo con pleno— obliga a los equipos y sus ministros a revisar 15 proyectos cada día sin apenas antelación. Esto, unido a la falta de experiencia de la mayoría, ha orillado a que muchos integrantes discutan y resuelvan sobre asuntos que apenas han leído, avisan los empleados, y en consecuencia se cuelguen de votos de los otros. Además, que esté todo televisado en directo ha provocado que los ministros prefieran “hacer su speech, aunque sea sobre cosas que nada tienen que ver": “Pasa que uno habla de una cosa y otro de otra, no hay interlocución. Y eso que los asuntos que han estado complicados los han quitado”.

Deshacer incluso los aciertos

A estos trabajadores, que llevan ya varias administraciones de la Corte, les preocupa la urgencia de los nuevos ministros para cambiar las antiguas decisiones sin apenas discusión. “Está dominando una ideología muy palingenésica de ‘vamos a deshacer todo y empezar desde cero’, sin realmente pensar, ‘bueno, tal vez, esto sí estaba bien”, señala una trabajadora. El primer día se echó abajo el criterio sobre el nuevo acto legislativo y esta semana se buscó desechar otros sobre el derecho a la consulta. Eso llevó incluso al ministro Giovanni Figueroa a pedir prudencia en una sesión: “Estimo que esta nueva integración de la Suprema Corte no debería tener prisa para abandonar criterios longevos (...) Considero que también deberíamos de darnos tiempo de aquilatar la experiencia acumulada en décadas de nuestros predecesores”.

Esa inercia de “deshacer incluso los aciertos” ha sido favorecida desde el diseño de la elección por Palacio Nacional, que insistió en que el Poder Judicial era el gran adversario de la Cuarta Transformación. Los jueces eran corruptos y liberaban delincuentes, por lo que había que cambiarlos a todos de un plumazo. Después fueron los candidatos propuestos por Morena en sus acordeones los que resultaron electos. Esa influencia del partido oficialista es la que ha llevado, por ejemplo, a que María Estela Ríos esté resolviendo ahora como ministra de la Corte asuntos que presentó ella cuando era consejera jurídica de Andrés Manuel López Obrador. “Es increíble que ella no se esté impidiendo ni que otros ministros se lo estén pidiendo”, apunta una fuente cercana al alto tribunal.

Todas las personas consultadas por EL PAÍS creen que la Corte se está separando de esa función especializada para convertirse en un escenario de poder político, también en un trampolín. Eso, avisan, ya pasó con los tribunales de los Estados, donde sus presidentes se convertían después en gobernadores.

Los PowerPoint del Órgano de Administración

A las 13.00 horas de un martes de septiembre, los titulares de áreas del Consejo de la Judicatura (ahora convertido en el Órgano de Administración Judicial) recibieron un correo. Tenían que preparar para ese mismo día un PowerPoint que explicara el funcionamiento de su departamento, qué asuntos urgentes llevaban y qué requería atención inmediata. Debían presentarlo al día siguiente ante los nuevos integrantes del Órgano, presidido por Néstor Vargas, exconsejero jurídico de Claudia Sheinbaum cuando era jefa de Gobierno en Ciudad de México y denunciado por abuso sexual. La instrucción terminó complicándose.

El OAJ es el que gestiona el millonario presupuesto del Poder Judicial federal y también el que decide sobre las adscripciones de todos los juzgadores. Trabajan en él más de 3.000 personas y hay decenas de áreas repartidas en comisiones, secretarías y direcciones. Los titulares y sus equipos fueron convocados y desconvocados durante días para verse con los mandamases de una de las tres cabezas del monstruo judicial. Las horas del encuentro pasaban de las ocho de la noche de un jueves a las nueve de la mañana de un sábado con minutos de antelación.

Mientras esperaban su turno, las áreas recibieron dos emails más: en uno les exigían preparar otra presentación, ahora para explicar al órgano dónde podían ahorrar gastos. “Pero, ¿cómo decidimos dónde ajustar el presupuesto si no sabemos qué quieren hacer? No hay plan de trabajo, no hay plan de desarrollo institucional... La mayoría de las áreas fueron descabezadas”, apunta una fuente que enfrentó esas instrucciones. El último correo era “al estilo de Elon Musk”, explica el empleado: “Teníamos que contarles cuáles habían sido nuestros logros de la semana”.

El caos siguió las siguientes semanas y ha terminado afectando a los tribunales colegiados. La magistrada María Emilia Molina, titular de un tribunal civil de Ciudad de México, relata cómo “están paralizados los nombramientos” a causa del “absoluto desastre administrativo del Órgano”. A principios de septiembre, mandaron algunas peticiones sobre unas plazas al OAJ. “No nos contestan o nos dicen que no hay nadie todavía con eso”, menciona. “No hemos podido resolver los nombramientos porque no hay comité de integridad. Tampoco hay lineamientos”. Y añade: “Ese tipo de cosas complica la labor de los que ya tenemos muchos años, pero todavía más la de los que van llegando”.

La moneda al aire de los tribunales colegiados

Los trabajadores judiciales definen lo que ha pasado en los tribunales colegiados como “un volado”, una moneda al aire. No todas las plazas salieron en la tómbola para ser sometidas a la elección de 2025, la mitad quedó pendiente para 2027. Así en muchos tribunales se han quedado integrantes de la carrera judicial. La magistrada María Emilia Molina cree que a su tribunal no le ha ido tan mal porque las dos magistradas electas que han llegado nuevas eran juzgadoras antes en el fuero local. “Tienen al menos experiencia judicial”, comenta. Podía haber sido como en un tribunal mixto en Aguascalientes, al que ha llegado un director de un museo de ciencia, o en el Estado de México, donde resultó elegido un policía que había trabajado de regidor en Tlanepantla, o en Guanajuato, donde quien había sido oficial durante solo una semana ha terminado siendo magistrado de ese mismo tribunal.

Algunos fallos de esa inexperiencia ya se están viralizando en las redes, pero los empleados creen que las consecuencias llegarán a “cocción lenta”. “Nosotros somos órgano terminal. O sea, cualquier controversia de cualquier tipo llega al último con nosotros y después de nosotros ya no hay nada. Entonces, hay una trascendencia grave respecto de lo que hacemos”, califica María Emilia Molina. De momento, los nuevos magistrados y jueces de distrito recibieron un curso de formación cuatro horas al día durante una semana. Ahora están en mesas de trabajo. Los integrantes en funciones consideran que no es suficiente. “Los que llegan del fuero local ni siquiera conocen la ley de amparo, porque no lo hacían”, señala la magistrada, que apunta que esta miniformación se está dando al mismo tiempo que “una carga de trabajo altísima”.

María Emilia Molina critica que “las personas juzgadoras no tenían ni idea de a dónde iban a llegar, mucho menos cuáles eran sus facultades y la cuestión operativa, ya eso ya no era tema siquiera”. Ahora ella, como todos los trabajadores que ha entrevistado EL PAÍS, piensa en renunciar: “Mi responsabilidad es explicar lo más claramente posible mis votos para que si mis pares pueden identificar algo que les pueda servir, está bien. También para que la sociedad identifique dónde puede haber una diferencia en la protección de derechos”.

La situación se agrava con los jueces de distrito, puesto que no cuentan con otros pares para tomar las decisiones. Están solos. “El Poder Judicial federal, la Corte, los colegiados, los jueces de distrito, eran un dique de contención”, considera el abogado Fernando Sosa, que fue coordinador de ponencia en la SCJN: “El amparo funcionaba como un antídoto para los excesos del poder local y para los excesos del poder federal. Era una cadena de control. Hoy se rompieron los candados”.