Buscar desaparecidos en medio de la guerra de Sinaloa

-Váyase, mejor.

-¿Y por qué nos dejas ir?

-Porque, al final, mi mamá va a ir con usted para pedirle que vaya a buscarme.

Esta fue una breve conversación de un sicario con la señora Reynalda Pulido, una mujer que en el último año ha llegado a localizar más de 40 cuerpos y restos de personas en Sinaloa, tratando de encontrar a su hijo Javier Ernesto Vélez Pulido, desaparecido el 8 de diciembre de 2020, un caso que apunta a la Policía Municipal de Culiacán.

“La diferencia es que ahora los sicarios nos ven y mejor se hacen a un lado. Como que saben que ese es su final”, menciona Pulido como si intentara describir de qué manera podría terminar la guerra en Sinaloa, la que libran Iván y Alfredo Guzmán, hijos de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, e Ismael Zambada Sicairos, hijo de Ismael Zambada García, “El Mayo”.

Era 2 de abril y ella iba hacia El Pozo, un poblado desolado después de que el cartel usara drones para tirar explosivos dejándolos caer directamente hacia las casas al azar, mientras sus vecinos corrían para esconderse en el monte o en otras viviendas. Le dijeron que ahí encontraría al menos una veintena de cuerpos, algunos hasta en fosas. No encontró nada más que al sicario, haciendo de Caronte a la orilla del pueblo que se convirtió en los vestigios que retratan el conflicto.

-“Si está buscando cuerpos, mejor ya váyase, porque los que dejaron, me los encargaron. Me dijeron que los enterrara y no le puedo decir dónde, porque si no, sigo yo”, le dijo el hombre a Reynalda.

-Por lo menos déjame hacer unas fotos.

El Pozo es un pueblo árido, que vive del ganado, un poco de siembra, con el río Tamazula cerca. Por eso, desde hace unos años se llenó de laboratorios para producir metanfetamina. Esa droga necesita de afluentes para poder enfriar los contenedores y, de paso, ser el vertedero de los químicos que sobran.

La gente de ahí se convirtió en espectadora y poco a poco también en víctima, rodeada de hombres armados, algunos más reclutados para producir la droga y otros tantos enterrados tras morir intoxicados o asesinados.

En El Pozo, solo quedaron casas incendiadas, otras con las fachadas destruidas con balas, con cercas de corrales abiertas para dejar ir al ganado y que no se muriera de hambre, o con bombas enterradas en el piso porque no explotaron de inmediato cuando las lanzaron desde el aire.

Reynalda se fue de El Pozo, ya no pudo volver, pero dice tener una deuda con las más de 200 familias que se han unido a su colectivo Madres en Lucha durante la confrontación interna del cartel. Todas son víctimas del mismo conflicto.

“Todos los cuerpos eran recientes”

A Marisela le dijeron que Alejandro podía estar en uno de los ranchos al norte de Mazatlán. Ella busca a su hijo Ismael Alejandro Martínez Carrizales, joven desaparecido el 12 julio de 2020, cuando unos hombres armados lo bajaron de su carro y, frente a su novia, lo desaparecieron.

A la señora le hicieron llegar la información de manera anónima, con mensajes de texto y coordenadas, pero luego de tres días de rastrear entre maleza y basura, no pudo encontrar una sola pista que la llevara a su hijo.

“No estoy segura de que esté entre los que encontramos, porque todos eran recientes”, dice Marisela mientras hace un recuento de los cuerpos y osamentas que ha podido hallar en un año: “Son 50 personas, unas en Miravalle, otras en Villa Verde, han sido en varios lugares, pero de todos ellos, solo a tres los han identificado porque dicen que no tienen genetista que pueda hacer las confrontas”.

El último año, señala, se ha convertido en un ir y venir a parajes abandonados, resistiendo al calor y el silencio de las autoridades sobre la gran cantidad de hombres jóvenes desaparecidos.

“Son mano de obra y hemos querido que las autoridades nos lleven a la sierra, hacia Durango. Nos dijeron que allá hay campamentos donde tienen a muchachos torturados, otros muertos y unos más trabajando. Es información que coincide con fotos que nos han enseñado y con comentarios de policías de investigación, pero no hacen nada, solo se ríen y se ponen a jugar con las víctimas”, menciona la mujer.

La sombra del reclutamiento: hombres menores de 40 años

De acuerdo con datos de la Fiscalía General de Sinaloa, hay un patrón alarmante: la mayoría de las desapariciones durante el último año corresponden a hombres jóvenes, principalmente de entre 18 y 39 años, con una fuerte concentración en Culiacán y un repunte inédito a partir de septiembre de 2024.

En los registros revisados se puede ver que el 84% de las víctimas son hombres, mientras que las mujeres representan apenas el 15%. También se documentaron casos de mujeres trans, aunque en una proporción mínima, únicamente dos casos.

La edad confirma la vulnerabilidad de la juventud: El 44% de los desaparecidos tiene entre 18 y 29 años, mientras que un 28% corresponde al rango de 30 a 39 años. En conjunto, casi tres de cada cuatro desapariciones afectan a personas menores de 40 años. La adolescencia concentra el 13% de los casos, mientras que los adultos mayores de 50 años no superan el 11%.

En el mapa estatal, Culiacán, la capital de Sinaloa, concentra el 19% de los registros, seguida de Mazatlán (6%) y Ahome (4%). Otras localidades con casos significativos son la ciudad de Navolato (3%), Villa Juárez (2%) y Eldorado (2%). La distribución muestra que las desapariciones se focalizan en los principales centros urbanos y sus alrededores. Al menos son sobre los que se tiene una denuncia.

El análisis exhibe un quiebre preocupante, ya que desde septiembre de 2024 se acumularon uno de cada seis casos registrados en el periodo, con un 12% del total histórico en un solo mes. En octubre, la cifra se mantuvo casi igual de alta. En contraste, julio y agosto pasados apenas alcanzaron alrededor del 3% cada uno.

Los datos dejan ver un patrón importante: ser hombre, joven y vivir en Culiacán multiplica el riesgo de desaparecer en Sinaloa.

Disparo en el cuello y a una fosa séptica

Ramiro (un nombre ficticio por su seguridad) era un trabajador para una empresa de cable. Él y tres compañeros debían regresar de Mazatlán, pero decidieron hacerlo sobre la carretera México 15, la vía libre de cuotas de sur a norte. Pero fueron interceptados por un grupo de hombres armados a la altura de Tacuichamona, un pueblo al sur de Culiacán.

Los interrogaron, preguntándoles si pertenecían a “la Chapiza”, pero todos lo negaron. Los sicarios no les creyeron. Fueron desnudados a la fuerza y frente a ellos quemaron sus ropas. Luego les dieron un tiro a cada uno. A Ramiro le dieron en el cuello, pero logró sobrevivir. Cayó desmayado.

Arrastraron sus cuerpos hacia una fosa séptica, al sur de Tacuichamona. Los fueron tirando al agua, algunos de ellos con piedras amarradas a sus pies.

Ramiro recordó que cuando cayó al agua pudo sentir que fue amortiguado por otro cuerpo, uno de mujer, al menos eso cree porque tenía cabello largo. Ahí pasó horas, no sabe bien cuántas, pero las suficientes para que quedara casi en la penumbra de la noche. Abrió una la compuerta y logró salir, empapado y cubierto de mierda, con sangre que aún salía de su cuerpo.

Tomó camino entre el monte hasta que se encontró con un hombre que lo resguardó y lo llevó hasta Culiacán para que se curara.

“Al otro día me lo trajo su hermano, porque quería contarme que ahí estaban sus amigos, pedirme que fuera por ellos, porque no se merecían estar ahí”, cuenta María Isabel Cruz Bernal, fundadora del colectivo Sabuesos Guerreras y quien busca a Reyes Yosimar García Cruz desde el 26 de enero de 2017, cuando un comando de hombres armados lo sacó de su casa en la colonia Infonavit Humaya.

“Pero no podíamos ir nada más porque sí. De eso te estoy contando que pasó hace unos meses y apenas que fuimos nos encontramos con un horror”.

María Isabel y su colectivo que aglutina a más de 800 familias con personas desaparecidas, logró que la Marina hiciera un operativo especial para acompañarla a ella y a otras 15 mujeres.

Se bajaron de la camioneta y apenas abrieron la primera fosa séptica, ahí encontraron un cuerpo. Luego otra compuerta y un cráneo. Se fueron a otra fosa y de ahí sacaron cabellos. Una más y más huesos. Abrieron una última y ahí otro cadáver. El olor era una combinación entre aguas negras y muerte.

“Y tenemos que volver, meter máquinas excluidoras porque estoy segura que hay más cuerpos. Unos tenían piedras amarradas y a lo mejor siguen en el fondo”, asegura la madre buscadora.

Ramiro se fue de Culiacán, huyó cargando con una cicatriz en el cuello, con el trauma y el dolor de haber sido quien sobrevivió para contarla.

Una crisis forense que inició en otra guerra

La Comisión Estatal de Búsqueda anunció en el mes de mayo que comenzaría con un trabajo mayúsculo, el de sacar los restos de personas enterradas en el panteón 21 de marzo en Culiacán. Ahí reposan los restos de 830 personas sin identificar, algunas de la guerra pasada, desde 2006 a 2014, y otras de años más recientes, pero ya es un lugar saturado, no caben más cuerpos.

La dependencia estatal duró dos semanas trabajando en el camposanto y pudo sacar solo 11 cuerpos. Durante ese tiempo se suspendieron las búsquedas de los casos actuales, pero los colectivos decidieron ignorar y seguir rastreando.

Los cuerpos que yacen en el panteón 21 de marzo son la trama de una crisis forense que inició con la otra guerra, en la que los fiscales dejaron apilar los cuerpos en morgues y fosas comunes sin identificarlos. Eran demasiados, dicen médicos forenses entrevistados, tanto que tuvieron que pedir ayuda a funerarias para poder analizar los cuerpos en sus salas frías.

La historia de aquella guerra es similar a esta. Médicos forenses y peritos saturados, armando álbumes de fotografías muy crudas para mostrarlas a quienes llegan al Servicio Médico Forense buscando familiares desaparecidos, intentando saber si fueron localizados muertos.

En este periodo de guerra han sido localizadas más de 200 personas que a la fecha no han sido identificadas. A las madres buscadoras les dicen que no hay genetista, pero es que ese equipo está ocupado trabajando en los casos del pasado.