Así ganó un pequeño pueblo de Oaxaca un litigio al Estado mexicano gracias a un antiguo documento colonial de propiedad indígena

Un documento elaborado en tiempos coloniales por los indígenas para demarcar sus tierras ayudó a ganar un litigio a la voracidad minera en México en 2010. Los pobladores de Capulálpam, una localidad de la Sierra Norte de Oaxaca, se enfrentaron al Gobierno para invalidar una serie de concesiones mineras entregadas a empresas privadas para explotar el territorio. Los indígenas se ampararon ante un Tribunal Federal para defender sus derechos con un documento de 1599, un título que demostraba sus derechos sobre la tierra. Ese tipo de documentos, nombrados por los investigadores como títulos primordiales, son credenciales “jurídicas” que elaboraron las comunidades indígenas para garantizar su dominio del territorio. “Cada vez que han intentado expoliarles sus tierras, estas poblaciones sacan estos títulos, que son una escritura de propiedad y que da igual los siglos que tengan, son válidos”, afirma la antropóloga española Isabel Bueno.

Bueno trabaja estos días junto a un grupo de expertos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para descifrar el enigma de un documento pictográfico llamado Mapa de Popotla, un códice que forma parte de un corpus de cartografía de tradición indígena novohispano del centro de México con un valor simbólico y territorial, porque posiblemente fue utilizado como documento legal, narrativo o genealógico en las primeras etapas del contacto entre las culturas mexicanas y los conquistadores. El mapa muestra la división de linderos en esa zona que hoy pertenece a la ciudad de México y Bueno quiere determinar que fue utilizado también como documento de propiedad. Como el usado por los habitantes de Capulálpam para preservar sus derechos.

El caso lo ganaron en 2010 tras años de litigio. “La comunidad indígena defendió sus derechos territoriales interponiendo un amparo ante un tribunal federal para invalidar las concesiones mineras que el Gobierno autorizó sin una consulta previa, libre e informada”, explica el investigador Salvador Aquino-Centeno en una publicación sobre aquel caso. “Las mineras, el juzgado y el Gobierno federal buscaron socavar los derechos a la identidad indígena comunitaria. Las primeras argumentaron tener propiedad privada y concesiones sobre las tierras, mientras que el Gobierno defendió la soberanía de la nación sobre el subsuelo. Por su parte, la comunidad se respaldó en las instituciones ancestrales, en el derecho comunitario y en su condición de comunidad indígena agraria zapoteca con propiedad y posesión comunal de tierras”, agrega.

El experto relata que gracias a la documentación histórica con la que contaban sus habitantes pudieron reconstruir su historia y el derecho al territorio, “creando principios, normas y derechos en relación recíproca con el colonialismo y capitalismo que la impactaron”. Aquino-Centeno explica que “metodológicamente sobresalen la observación participante y el mapeo del juicio de amparo a través de la información recopilada en el archivo de la comunidad. Se concluye que los argumentos jurídicos comunitarios colapsaron las leyes federales de acceso al subsuelo, porque el amparo se sustentó en la domesticación de múltiples regímenes jurídicos y en conceptos y símbolos de la representación jurídica, el territorio, la propiedad comunal y el propio subsuelo”.

La antropóloga Bueno explica que estos documentos antiguos datan de la época en que se asentaron en el centro de México las primeras comunidades que crearon poblaciones. “Para que esa fundación sea legítima, lo que tiene muchísima importancia es delimitar los linderos de cada comunidad. Eso lo plasmaban en un mapa, que es un título que garantiza que ese pueblo había fundado su ciudad desde época prehispánica, y cuando tenían disputas entre ellos, cada uno sacaba sus títulos primordiales”, expone Bueno.

El profesor japonés Yukitaka Inoue, en un estudio titulado El significado de los Títulos primordiales para los pueblos coloniales y actuales, explica que estos documentos “están escritos en lengua náhuatl con la escritura alfabética, mientras que hay otros que están en castellano; además, hay casos en que se conservan solo las versiones traducidas al español. Varios de estos documentos contienen mapas y láminas con dibujos, en los cuales muestran visualmente la traza del pueblo, las figuras de sus fundadores o la llegada de los españoles a él”. Este es el caso del Mapa de Popotla, que muestra a guerreros prehispánicos, linderos y en el centro una iglesia colonial. “Podemos señalar que narran básicamente la fundación o establecimiento del pueblo en el contexto novohispano, es decir, resultado de la reordenación o reorganización de la población indígena al efectuarse la congregación y precisan su cuaxochtli, término nahua frecuentemente usado para indicar “linderos” o “límites” del pueblo", advierte Inoue.

El valor legal de estos documentos durante la llamada Nueva España llegó a partir de la conocida como Segunda Audiencia (1531-1535) cuando “hubo cambios significativos en la relación de los naturales con la justicia novohispana”, cuenta Bueno. La antropóloga narra la historia del juez Alonso de Zuazo, quien tuvo que presidir una de tantas disputas entre nobles indígenas para demostrar la titularidad de las tierras y para su defensa. “Los litigantes aportaron documentación prehispánica. Concretamente unos códices, que el juez aceptó, otorgándole el mismo valor legal que si fuera un documento escrito con alfabeto latino y, por otro, fue también durante la Segunda Audiencia cuando se decidió administrar la justicia por igual entre todas las clases sociales indígenas”, relata Bueno.

No era, sin embargo, fácil para los indígenas demostrar su propiedad sobre los territorios. “Lo que se pedía era que esos papeles con dibujo tuvieran una traducción de los que significaban para que el funcionario de marras pudiera entender lo que estaba viendo. Las comunidades contrataban un intérprete que explicaba primero en su lengua indígena lo que contiene el mapa --los linderos, cuándo llegaron, dónde fundaron el primer templo-- y luego en lengua castellana. Eso se validaba”, dice Bueno. Ella espera demostrar que el Mapa de Popotla formaba parte de uno de estos expedientes que garantizaba un título de propiedad.

La importancia de estos mapas es tan vital, que muchos de ellos han sido robados, extraídos por las autoridades o, en el caso de los que se perdieron por el tiempo, también los han falsificado. Es por eso que las poblaciones indígenas resguardan con celo los que aún tienen, porque son la llave que abre las puertas de la justicia. Eso ocurrió en Santa Cruz Atizapán, en el Estado de México, cuando a mediados de los pasados años noventa sus habitantes ganaron a un tribunal agrario un litigio con un documento del siglo XVII o los pobladores de Capulálpam, en Oaxaca, que triunfaron frente a la voracidad minera. “Eso es lo que se remarca en los títulos primordiales: este es nuestro pueblo, porque estamos aquí desde la Conquista y desde que los franciscanos trajeron la fe católica. Son documentos perfectamente legales”, asegura la antropóloga Bueno.