El Supremo obliga al Estado a indemnizar al fiscal Stampa por el daño de la investigación contra él

Punto y final en la lucha del que fuera fiscal Anticorrupción Ignacio Stampa contra el Estado. El Tribunal Supremo obliga a la Administración a indemnizarlo con 4.000 euros tras avalar este miércoles la sentencia que ya había dictado la Audiencia Nacional el pasado mes de febrero. Los magistrados habían considerado que la investigación interna que la Fiscalía abrió contra él para dirimir si había filtrado información del caso Villarejo se extendió de manera “innecesaria”.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional estimó parte del recurso de Stampa que señalaba irregularidades en la investigación contra él “por inspiración de la Fiscalía General del Estado”, es decir, por interés de la entonces jefa del Ministerio Público Dolores Delgado en apartarle de Anticorrupción.

El fallo recogía que la investigación, que buscaba saber si Stampa había facilitado datos del caso Dina (dentro del caso Villarejo) a una abogada de Podemos, se prolongó y no se archivó “de forma más temprana, como había solicitado el instructor” por sugerencias de la Secretaría Técnica de la Fiscalía cuya jefatura ocupaba entonces Álvaro García Ortiz, actual fiscal general. Stampa perdió en ese momento el concurso a las ocho plazas que se iban a renovar en Anticorrupción. Delgado renovó a todos los candidatos excepto a Stampa que fue el único que terminó saliendo de la Fiscalía Especial.

Según su recurso, el “mantenimiento” de estas diligencias contra él “impidió” que su expediente personal “apareciera sin tacha” a la hora de concursar y por ello acusaba a la otrora jefa del Ministerio Público de “desviación de poder” al maniobrar para extender la investigación hasta días después de asignar las plazas.

Stampa pedía una indemnización de 40.000 euros, pero finalmente fueron 4.000, puesto que la Sala no apreció “otro daño” más allá de la “demora de las diligencias”. Los magistrados expusieron que los fiscales están sujetos a responsabilidad en el ejercicio de sus funciones y que “les corresponde un deber de sigilo”, pero que, sin embargo, “esas diligencias deben tener una duración razonable”.

Ahora, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal --conformada por Pablo Lucas, Diego Córdoba, José Luis Requero, Rafael Toledano y Ángeles Huet-- se limita a inadmitir el recurso que había presentado la Abogacía del Estado contra la decisión de indemnizar al fiscal. La sentencia, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, carece de fundamentación suficiente y de interés casacional, y le impone, además, el pago de las costas hasta un máximo de 2.000 euros.

Stampa ha vuelto al foco en las últimas semanas por haberse reunido con la exmilitante del PSOE Leire Díez que está siendo investigada por cohecho y tráfico de influencias, acusada de intentar desacreditar a las cúpulas de la Fiscalía Anticorrupción y de la Guardia Civil. El fiscal grabó esta reunión en la que, según su relato, Díez explicó que venía enviada por el partido socialista y denunció el comportamiento de la exsocialista en la Fiscalía de Madrid. El próximo día 5 de noviembre tendrá que acudir a declarar ante el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid por estos hechos.