La Iglesia mexicana rechaza diálogos con el narco para combatir la violencia

La Iglesia católica mexicana ha rechazado que esté formando a sacerdotes para dialogar con los líderes criminales en las zonas de mayor conflictividad del país, como ha trascendido tras conocerse un taller organizado por la Universidad Pontificia “para el fortalecimiento de capacidades de negociación en sacerdotes y agentes” en el que han participado unas decenas de religiosos. La polémica no parte solo de este seminario, sino de las insistentes declaraciones del arzobispo de Morelia, Carlos Garfias, sobre la necesidad de que la sociedad civil y los gobiernos entablen conversaciones con el narco para aplacar la violencia que se vive en Estados como el suyo, Michoacán. Garfias se ha mostrado dispuesto a hablar con la presidenta Claudia Sheinbaum con este objetivo, pero la jerarquía católica se ha desmarcado de estos esfuerzos que “competen al Estado”.

Ya hace tres años que distintos grupos religiosos iniciaron el Diálogo Nacional por la Paz, una plataforma para aunar y construir experiencias contra la violencia, de la que son víctimas recurrentes los propios miembros de la Iglesia. La iniciativa reúne a universidades, organizaciones sociales, autoridades de las comunidades, instituciones variadas y diversas confesiones que trata de compartir metodologías para “reparar daños y fortalecer la paz desde lo local” en diálogo con actores nacionales e internacionales, han comunicado. “Quizá [el arzobispo Garfias] tiene ese interés [de mediar con el narco] pero no es la propuesta oficial”, ha dicho el coordinador ejecutivo del Diálogo Nacional, el teólogo Jorge Atilano, aunque no descarta que en las comunidades en las que intervengan “haya agresores o gente que vivió situaciones difíciles, pero solo se trata de generar encuentros de seguridad y justicia en los que se avengan a participar”. Hasta ahí, según Atilano, llegarían los diálogos.

Garfias ha insistido en que convendría retomar experiencias colombianas, pero la Iglesia se ha aprestado a matizar que se refiere “a buscar elementos para la mediación de conflictos, no al diálogo con grupos delictivos”, en palabras de Atilano. El coordinador ejecutivo de la agenda por la paz prefiere circunscribir las iniciativas de la iglesia al sistematizado de experiencias de los concejos municipales, la policía, las escuelas, las universidades o las empresas entre las que ya han definido 300 prácticas que pretenden intercambiar entre todos ellos. En esos límites enmarcan la capacitación de actores y el polémico taller de la Universidad Pontifica celebrado el lunes y martes pasados.

Polémico fue también el documento que la Iglesia presentó en marzo de 2024 para que lo firmaran las dos candidatas que concurrían entonces a las elecciones presidenciales de México, una de ellas la actual presidenta. Sheinbaum lo firmó por la voluntad de paz que en él se manifestaba, pero se mostró en desacuerdo con los términos en que estaba redactado el texto, que se refería la “militarización” del país, una de las grandes críticas que recibió su antecesor en el cargo, el también morenista Andrés Manuel López Obrador, que tuvo más de un encontronazo con los religiosos por su pasiva política contra el crimen. Una vez llegada al poder, Sheinbaum recibió al episcopado y trató de restañar heridas y estrechar lazos que aún se mantienen. La presidenta se ha apoyado en la Iglesia para su campaña de desarme de la población, por ejemplo, y la basílica de Guadalupe es uno de los templos en los que se reciben las armas de las que las familias deciden deshacerse a cambio de alguna ayuda.

Atilano también reconoce un diálogo fluido con la actual Administración federal mexicana, en la que menciona encuentros con la Secretaría de Gobernación y la de Seguridad Pública, con las que “se colabora en la construcción de concejos de paz y justicia cívica”, asegura.

La Iglesia católica tiene una amplia tradición en la lucha contra la violencia que asola México, por lo que no es de extrañar que algunos de sus miembros muestren su intención de ser agentes mediadores en los conflictos armados. Su intervención en numerosas comunidades rurales, pero también en las conflictivas periferias de muchas capitales, en las que se ha posicionado siempre en la defensa de los más vulnerables, la ha convertido en diana de amenazas y asesinatos. En junio de 2022, la creciente crueldad del crimen organizado acabó a tiros con la vida de dos jesuitas y un guía turístico perseguido que se refugió en una iglesia de la sierra Tarahumara de Chihuahua. El asunto supuso un punto de inflexión en las relaciones entre los católicos y el gobierno de López Obrador, que fue objeto de amargas críticas. La iglesia alzaba la voz ante la inseguridad que ha sido la tónica del país en los últimos años. Las amenazas de muerte recibidas por un sacerdote rural en Chiapas acabaron cumpliéndose en octubre del año pasado, tras acribillar la furgoneta en la que se trasladaba. Fue otro de los casos que levantaron voces de alarma.

A pesar de la histórica aconfesionalidad de República mexicana, el país es profundamente religioso y algunas confesiones van ganando terreno paulatinamente, también en la vida política, como los evangelistas o cristianos. La fe católica ha impregnado el desempeño de algunos de los últimos gobiernos, en los que ya los presidentes asisten a rituales o muestran sus creencias públicamente, algo impensable décadas atrás. La presidenta Sheinbaum visitó cuando era candidata al papa Francisco en el Vaticano, a quien siempre mostró su admiración, y se ha fotografiado en la basílica de Guadalupe, lugar sagrado para los mexicanos, donde se celebra la romería más masiva del mundo después de la Meca.

Como en gran parte de América Latina, las autoridades mexicanas no acaban de deslindarse de la Iglesia, más bien al contrario, son los religiosos quienes de tarde en tarde alzan la voz para criticar las numerosas situaciones de violencia, pero también de pobreza y discriminación que sufren millones de habitantes y reclamar a los gobiernos que cumplan su cometido. En esa dirección se manifestaron los jesuitas y la Iglesia en general a mediados del mandato anterior tras los sonados asesinatos. Y por eso ahora se desmarcan de las iniciativas de los obispos que buscan ir más allá en busca de soluciones de paz.