Un centenar de colectivos rechaza la reforma a la ley de personas desaparecidas en México

Ha llegado el momento de discutir la reforma a la Ley General en materia de Desaparición, que ha sido presentada por el Gobierno de Claudia Sheinbaum como la respuesta a una crisis que supera ya las 129.000 personas sin localizar. La propuesta, que ha entrado en el periodo extraordinario en el Senado, ha chocado con el rechazo de los familiares y de las organizaciones de derechos humanos. “No atiende la crisis en materia de desaparición de personas y tiene como objetivo imponer un sistema de vigilancia masiva”, han firmado 108 colectivos de búsqueda y más de 200 familiares en referencia a la polémica creación de la Plataforma Única de Identidad que contempla la ley.

En México hay 129.000 desaparecidos, más de 5.600 fosas clandestinas, una crisis forense que llega a 72.000 cuerpos sin identificar y una impunidad para el delito del 99%. El tamaño de la crisis y la ineficiencia del Estado para atajarla ha llevado incluso al Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU a activar por primera vez en su historia un mecanismo —recogido en el artículo 24— para poder llevar el tema con carácter urgente hasta la Asamblea General de Naciones Unidas. La decisión ha sido rechazada por el Gobierno de Claudia Sheinbaum, que hasta esta semana trata de reivindicar su reforma a la ley de desaparición como un instrumento clave para combatir esta crisis.

La reforma tiene un pilar central: la Plataforma Única de Identidad. En este sistema, presentado por el Gobierno como “la herramienta para la generación de alertas, búsquedas y localización”, estarán incluidos todos los mexicanos y los extranjeros domiciliados. Todos serán identificados por medio de un CURP (Clave Única de Registro de Población); este número de identificación, que se asigna al nacer, estará vinculado ahora a huellas dactilares y fotografía, gracias a la reforma a otra ley, la General de Población. Es decir, si estas reformas se aprueban, el Gobierno va a disponer de una base de datos masiva con datos biométricos de toda la población.

“El Gobierno ha buscado hacer obligatoria la asociación entre CURP y datos biométricos desde hace mucho tiempo. No se lo inventaron para resolver la crisis desaparecidos, que no está claro cómo puede ayudar”, apunta por teléfono el abogado especializado en Derechos Humanos y Tecnología Luis Fernando García. La correlación no puede entenderse sin otra de las modificaciones planteadas por el Gobierno, que dice: “Todo ente público o particular estará obligado a solicitar la CURP para la prestación de sus trámites y servicios”.

Es decir, explica García, “se te puede pedir la CURP para entrar a Internet, para comprar una Coca-Cola en un Oxxo, poner gasolina... la ley no hace ninguna distinción ni excepción. Esto es desproporcionado. Nosotros nos hemos sentado con el Gobierno y le hemos dicho que esto es demasiado amplio, porque aunque no siempre se haga, puede obligar a dar el CURP para absolutamente todo”.

Ahí entra su relación con la búsqueda de desaparecidos. El Gobierno espera que se pueda monitorear de forma continua la actividad de un CURP que corresponda a una persona desaparecida: “Con el fin de identificar cualquier movimiento, registro o actualización que pudiera aportar información”, dice la reforma. Esto tiene varios errores para los colectivos de búsqueda. Primero, parte de suponer que las personas desaparecidas van a estar por ahí utilizando su CURP y no que son víctimas de un delito (secuestro, trata, reclutamiento forzado...). Segundo, da información exacta de movimientos y ubicaciones a todas las autoridades que pueden acceder a esta plataforma, lo que no tiene en cuenta que, en muchos casos, son agentes del Estado los que intervienen u organizan la desaparición.

Luis Fernando García, que fue cofundador de la Red de Derechos Digitales, apunta ahí otra de las irregularidades de la reforma. “Yo estuve un par de las reuniones que el Gobierno tuvo con algunos colectivos de familiares y prometió que esa plataforma era únicamente para la búsqueda de personas desaparecidas. Sin embargo, en el último minuto se ha presentado ahora una modificación en la ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia que da al Centro Nacional de Inteligencia acceso irrestricto a esta plataforma, es decir, eso es contrario a los acuerdos que se había construido con los colectivos”. Así, García advierte que sería un error leer estas leyes —de Población, de Desaparición y del Sistema de Inteligencia— de manera aislada: “El Gobierno las ha segmentado por estrategia, pero son parte de la misma agenda de vigilancia masiva de la población”.

“Esta reforma no es para encontrar a las miles de personas desaparecidas que nos hacen falta, más bien parece sistema de vigilancia con puertas abiertas para obtener datos de la ciudadanía”, apunta por teléfono Angélica Orozco, del colectivo Fuerza Unida por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (FUNDNL): “Además, los datos no están resguardados con seguridad, ya ha habido hackeos en diversas instituciones”. En ese mismo sentido firman el centenar de colectivos: “No sirve para la búsqueda de nuestros familiares desaparecidos y puede ser peligroso para la seguridad de todas las personas en México”.

El Gobierno ha tratado de asegurar que el uso a esta plataforma va a estar muy regulado: “Se conservará registro de toda búsqueda o consulta y se establecerán mecanismos efectivos de notificación y consulta”. Sin embargo, el abogado Luis Fernando García apunta a los vacíos: “No se puede sancionar algo que no se detecta y no se puede detectar algo sobre lo que no hay control. No hay manera de saber cuando se abuse de este sistema”.

Además, la reforma contempla la creación de una Base Nacional de Carpetas de Investigación de personas desaparecidas y no localizadas, que pueda consultarse entre distintos territorios; incrementar incrementan las penas a quienes cometan el delito de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares.

¿Qué falta?

Las organizaciones han definido la reforma, además, como “incompleta”. “Una de las peticiones que impulsábamos es darle mayores facultades a las comisiones de búsqueda, para que cumplan con el objetivo para el que fueron, que es buscar a las personas desaparecidas y encontrarlas”, considera Angélica Orozco, que también añade la importancia de tener un registro de desaparecidos “confiable” sin los errores que tiene el actual de la Secretaría de Gobernación. “Por eso sería interesante un parlamento abierto, para saber qué necesitamos”, señala.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez ha publicado que las reformas a la Ley en Materia de Desapariciones son preocupantes porque “no parecen representar un avance sustantivo”. La iniciativa deja de lado cambios necesarios como un refuerzo al Centro Nacional de Identificación Humana para alivianar el rezago forense y genético de los restos hallados.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó el lunes de que se habían reunido con 450 colectivos y familias de personas desaparecidos para atender sus preocupaciones respecto a la reforma. “Se logró contar con 570 aportaciones. Lo cual ha tenido como consecuencia que hoy la iniciativa de reforma de ley esté fortalecida y, subrayo, con la perspectiva y postura de las víctimas”, ha asegurado.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha vuelto a destacar este martes la importancia de un cambio en el sistema de identificación de desaparecidos, así como la integración del trabajo de Fiscalías con la base de datos. Sheinbaum ha explicado que actualmente los registros de personas desaparecidas se alimentan de varias fuentes que aportan datos incompletos, denuncias duplicadas o reportes de personas fallecidas que no son actualizados en la base de datos. Lo está trabajando la Agencia de Transformación Digital. “Yo creo que en un mes más o menos tendremos todo trabajado y lo podremos presentar”, ha afirmado en su conferencia diaria.