Reforma judicial: ¿Qué sigue tras las elecciones de jueces, magistrados y ministros del 1 de junio?

México acudirá a las urnas este domingo para elegir por primera vez a jueces, magistrados y ministros en unos comicios inéditos. La elección judicial, el punto medular de la polémica reforma al Poder Judicial propuesta por el presidente López Obrador y aprobada en septiembre de 2024, apenas tres semanas antes del final de su mandato, entra en su fase más álgida. Además de los 881 cargos federales y los 1.800 magistrados y jueces estatales que se decidirán a través del voto popular, el oficialismo se juega su principal carta para transformar al Poder Judicial en un clima de desconocimiento ciudadano sobre qué se elige y quiénes son los candidatos a ostentar los cargos. La oposición, sin embargo, ha llamado al abstencionismo en vías de conseguir una baja participación que ponga en tela de juicio la legitimidad del proceso impulsado por Morena.

Las fechas clave después de la elección judicial

Las elecciones judiciales se llevarán a cabo de forma escalonada en dos fases: este 1 de junio de 2025 se elegirán 881 cargos judiciales, que incluyen tanto a los ministros de la Suprema Corte, como los magistrados del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, del nuevo Órgano de Administración y a la mitad de los jueces de distrito y magistrados de circuito. Dos años después, en un proceso electoral complementario que tendrá lugar en 2027, se decidirá por voto popular la mitad restante.

Cómputos distritales: del 1 al 10 de junio

El proceso de escrutinio y conteo de votos arrancará a las 18.00 horas del domingo 1 de junio, con el cierre de casillas. Desde entonces y durante diez días, el INE se encargará de poner el marcha el conteo definitivo a través de los cómputos distritales. La sumatoria total, explica el INE en su sitio oficial, se dará a conocer en el Consejo General del Instituto el 15 de junio de 2025, dos semanas después de la jornada electoral.

Resolución de controversias: 28 de agosto

Casi tres meses después de la jornada electoral, el pleno de la Suprema Corte y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) deberán haber resuelto las impugnaciones derivadas del proceso electoral, con fecha límite al 28 de agosto de 2025.

Toma de protesta: 1 de septiembre

Cuatro días después de la resolución de impugnaciones, el 1 de septiembre de 2025, las personas que resulten electas deberán tomar protesta de su cargo ante el Senado de la República. Entonces entrarán en vigor las nuevas disposiciones formuladas para la Suprema Corte: tras la elección judicial, los ministros que integran la Suprema Corte, hoy compuesta por 11 integrantes, se reducirán a nueve. La presidencia de la Corte será renovada cada dos años de forma rotatoria, en función del número de votos obtenidos por cada candidatura, “correspondiendo la presidencia a quienes alcancen mayor votación”, explica la ley al respecto.

Los ministros electos en la elección extraordinaria de 2025 permanecerán en su cargo ocho y 11 años, en función del número de votos obtenidos por cada uno: los más votados se mantendrán en el cargo durante un periodo mayor, de modo que cuatro ministros se mantendrán en funciones hasta 2033 y cinco hasta 2036, respectivamente. Además, los ministros en funciones que no resulten electos este 1 de junio de 2025 no serán beneficiarios del haber por retiro, una pensión vitalicia que incluye aguinaldo, seguro de vida, prima vacacional y bono por riesgo.

En lo que respecta a los jueces y magistrados, la reforma judicial planteó un periodo de nueve años en el cargo, con la opción de presentarse a una reelección consecutiva.

¿Cuándo se aprobó la reforma judicial?

La reforma al Poder Judicial propuesta por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fue aprobada por el Senado a inicios de septiembre de 2024, tres semanas antes del final de su mandato. Después de avanzar en la Cámara de Diputados —en donde la mayoría calificada de Morena y sus aliados ratificaron la enmienda sin mayores contratiempos— el proyecto de ley enfrentó las mayores resistencias en la Cámara alta, donde el oficialismo requería de un solo voto para alcanzar mayoría. Las tensiones para aprobar la reforma escalaron durante la sesión en el Senado entre las voces opositoras que aseguraban que sus compañeros han sido objeto de amenazas, chantajes y hasta detenciones desde el oficialismo, parte de una campaña de presión para conseguir el voto decisivo para aprobar la propuesta.

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