Anticorrupción inhabilita a Ansof por falsificar documentación en una licitación de uniformes

Las irregularidades detectadas por Anticorrupción en las licitaciones públicas se han cobrado este martes la segunda inhabilitación en un mes a una empresa. Ansof Comercializadores, a quien se había asignado la adquisición de vestuario, uniformes, calzado y equipo de protección en una compra correspondiente a 2024, ha sido sancionada con una multa de algo menos de 850.000 pesos y un periodo de inhabilitación para contratos públicos de un año y tres meses por presentar documentación falsa. La compañía presentó informes de resultados “presuntamente emitidos por dos laboratorios acreditados por la Entidad Mexicana de Acreditación” que fueron desconocidos por los organismos que debían haberlos emitido, según recoge Anticorrupción en la ficha técnica de la infracción. Aunque la sanción corresponde a un ejercicio anterior, la Secretaría liderada por Raquel Buenrostro ha especificado que también había participado en la megacompra de medicamentos realizada por Birmex, los laboratorios estatales encargados de la licitación, declarada nula a comienzos de abril tras detectar sobrecostes de unos 13.000 millones de pesos. Este proceso se ha saldado de momento con la inhabilitación de Biomedics, y hay otras 16 empresas siendo investigadas. Anticorrupción no ha aclarado si Ansof había ganado algún contrato en esta licitación.

De acuerdo con la información recogida en Compras Mx, la plataforma digital de contrataciones públicas de la Administración federal, la compañía cuenta con 133 contratos públicos, a fecha de corte del 11 de abril de 2025. En la propia página de la compañía, especializada en la venta de calzado, aparecen también como clientes diversas delegaciones de la Ciudad de México, como la Cuauhtémoc o la Miguel Hidalgo.

Anticorrupción anunció hace aproximadamente un mes que investigaba a 16 empresas sospechosas de irregularidades en el proceso de compra de medicamentos. Tras la inhabilitación de Biomedics, todavía no se han notificado avances o resultados sobre las demás.

Mientras tanto, la licitación con la que se buscaba sustituir el proceso anulado en abril avanza a trompicones y con numerosos problemas por el camino. El martes de la semana pasada, la Subsecretaría de Salud anunció que iniciaba la subasta inversa para volver a licitar los contratos en los que se habían detectado los sobrecostes o cuyas empresas no habían cumplido con las entregas. Con este método, que consiste en poner a competir por precios cada vez más bajos a los proveedores invitados por el Gobierno a participar (a diferencia de una licitación pública normal, que está abierta a cualquier proveedor), se deben volver a adjudicar contratos para 837 tipos de medicamentos. Este nuevo proceso debía terminar el 26 de mayo, pero la “complejidad” del proceso ha llevado a Birmex a volver a posponerlo hasta el día 30.

El método de la subasta inversa fue elegido por el Gobierno para acelerar los plazos de licitación habituales y salvar así el escollo del desabasto, pero no parece que finalmente vaya a resultar más rápido. “Ya habrían acabado con una licitación normal sin ningún problema”, incide Rafael Gual, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, que apunta diversas inconformidades con el proceso actual, como rezagos en la firma de los contratos y en los pagos. El Estado ya acumulaba adeudos de licitaciones anteriores, algunas con el extinto INSABI, a las que ahora se añaden otras nuevas.

Tampoco se ha salvado el problema del desabasto. La Asociación Mexicana de Infectología y Microbiología Clínica (AMIMC) denunciaba hace unos días que muchos hospitales están padeciendo un “desabasto continuo de fármacos y dispositivos indispensables para la atención de los pacientes”. Eso estaba forzando el uso de medicamentos “de segunda o tercera línea”, en lugar de los ideales, para el tratamiento de diversas enfermedades infecciosas. “La falta de opciones terapéuticas ponen en riesgo la vida de los pacientes”, declaraban también en su comunicado. La megacompra con la que el Gobierno pensaba remontar el desabasto del sexenio anterior, que alcanzó el 30%, según los cálculos del sector, no ha conseguido todavía salvar este problema. Tampoco el de la corrupción.