Las siete debilidades de la ley de desperdicio alimentario: muchas excepciones y poca claridad

Seis millones de personas sufren pobreza alimentaria en España, según el último informe de la Universidad de Barcelona publicado en 2022, mientras que se tiran más de 1.125 millones de kilos de comida al año. Esta contradicción es uno de los motivos que llevó al Gobierno a elaborar la ley de desperdicio alimentario, que se publicó en abril. La norma recoge las medidas para evitar que los alimentos aptos para el consumo terminen en la basura, que van desde su aprovechamiento para elaborar otros productos hasta el reciclaje para compostaje. Además, algunas empresas estarán obligadas a diseñar planes de prevención y promover la donación de la comida que se vaya a tirar y quienes no cumplan serán sancionadas con hasta 500.000 euros. Estas iniciativas, tal y como recoge la ley, tienen como objetivo reducir a la mitad el despilfarro de comida en 2030, que actualmente es de 23,59 kilos al año por persona. El foco está puesto en las familias, responsables del 33,7% de los desechos en España.

La norma alberga buenos propósitos pero también tiene lagunas, según señalan algunos expertos consultados en derecho y alimentación. Aseguran que muchas empresas no tienen obligación de asumir los compromisos que detalla la norma, lo que desvirtúa su gran objetivo, y adolece de falta concreción para desarrollar los planes de prevención.

Obligaciones a los supermercados

La argumentación que emplea el Ejecutivo para elaborar esta ley recoge que la distribución tira el 5% de alimentos en Europa. La activista Cristina Romero, de la iniciativa No al Despilfarro de Alimentos en Comedores Escolares, Hay Que Ponerse, critica que la norma no obligue a todas las empresas a firmar convenios de donación de alimentos con entidades sociales y que no se tiren a la basura, algo que sí obliga la ley catalana del año 2020.

Manuel Gómez Pallarés, catedrático del área de tecnología de alimentos de la Universidad de Valladolid, afirma que la ley estatal no es “demasiado exigente” con estas empresas porque ya tienen mecanismos para abordar esta situación. Señala que “el gran problema de la distribución” es más bien que, ante la gran cantidad de alimentos que se desperdician, muy pocos vuelven a la cadena de alimentación. Destaca que mejorar esta situación ha quedado reflejada en la ley solo como una “intención”.

Más medidas para las familias

La doctora de Derecho Administrativo de la Universidad de La Laguna Susana Eva Franco considera que la falta de medidas para reducir el desperdicio en los hogares es una de “las grandes deudas de la ley”. Pide que el Gobierno dicte normas adicionales o que los legisladores autonómicos “puedan regular sobre esta materia”.

Además, José María Santos, ingeniero agrónomo y promotor de la iniciativa despilfarroalimentario.org, que lucha contra este fenómeno, asegura que en la ley no aparecen “recomendaciones u obligaciones para el consumidor final”, pero confía en que sean desarrolladas más adelante.

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Muchas excepciones

El 77,3% de las empresas de la industria alimentaria cuenta con menos de 10 trabajadores, según los datos del Informe anual de la industria alimentaria española 2024-2025 del Ministerio de Agricultura.

Estas compañías están exentas de cumplir las obligaciones generales de la ley, así como las pequeñas explotaciones agrarias, lo que, según José Esquinas, que trabajó 30 años en la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), “desarma gran parte del contenido” de la norma, ya que pocos actores privados deberán desarrollar los planes de prevención.

Santos añade que en el sector de la distribución solo los grandes hipermercados con una superficie de más de 1.300 metros cuadrados deberán elaborar planes de prevención.

Dotación presupuestaria

La inversión pública propició que tres jóvenes científicos desarrollaran un biosensor, a modo de etiqueta, que mide la frescura de los alimentos en tiempo real y reduce el desperdicio alimentario, lo que les llevó a ganar el Premio Jóvenes Inventores 2025 en junio. El Gobierno apuesta por fomentar este tipo de investigaciones para frenar el despilfarro de comida, pero no especifica de dónde saldrá el dinero. El catedrático Gómez observa que “está muy bien que la ley diga que se potenciarán los estudios, pero eso es como decir nada”.

La ley tampoco recoge ninguna forma de financiación de sus propuestas, factor que choca con el cálculo de la ONU, que considera necesarios entre 48.000 y 50.000 millones de euros de inversión en el mundo para reducir a la mitad el desperdicio alimentario per cápita, sin desglosar por Estado. Por ello, Santos reclama datos más concretos para que las empresas con menos recursos puedan desarrollar sus planes de prevención.

Escasa claridad de los planes

Los expertos consultados se quejan de la falta de información fiable para entender bien el problema del desperdicio y poder tomar decisiones efectivas. Por ejemplo, no hay estadísticas oficiales y actualizadas sobre las causas que llevan a los agentes de la cadena alimentaria a tirar la comida. Para afrontar este déficit, la ley obliga al Gobierno a diseñar dos planes estatales que marquen el rumbo. Pero no todos están conformes con el ritmo. La activista Romero cree que el Plan Nacional de Control de Pérdidas y Desperdicio Alimentario debería revisarse cada dos años, en lugar de cada cuatro como establece la norma. El experto de la FAO también señala que en la ley falta “algo esencial: los plazos para su desarrollo”.

José María Ferrer, abogado especialista en derecho alimentario con más de 20 años de experiencia en el sector cuestiona que tampoco explica qué criterios se deben seguir para elaborar estos planes y confía en que el Ministerio de Agricultura lo aclare pronto.

Sanciones y sellos de calidad

La ley recoge multas que pueden llegar a los 500.000 euros si, por ejemplo, las empresas destruyen intencionadamente alimentos aptos para su consumo. Sin embargo, los expertos coinciden en que el principal objetivo de la norma es concienciar y que este enfoque es más efectivo que uno muy punitivo. El abogado Ferrer afirma que sancionar más no es sinónimo de reducir más rápido las cifras de la comida que va a la basura.

Crear bonificaciones fiscales o sellos para empresas que luchen contra el desperdicio alimentario es la apuesta del ingeniero agrónomo Santos, que considera que es “mejor premiar al que lo hace bien que castigar al que lo hace mal”.

Más apoyo al campo

En ocasiones, los agricultores que se dedican a la cosecha de cítricos no se molestan en recoger la producción porque no es rentable debido a la competencia de otros países. Esta es la crítica que realiza Andoni García, responsable de cadena alimentaria del sindicato agrícola COAG. Reclama que la ley debería “garantizar que lo producido no quede sin venta” para que el campo no desperdicie alimento apto para el consumo.

Además, Gómez afirma que los 23 artículos de la norma “no son suficientes” para luchar contra el despilfarro de comida en el campo ya que “solo aborda el desperdicio desde la primera transformación hasta el consumidor”.