Un testigo de las ejecuciones en Corea del Norte: “Tenía 22 años y fue fusilado por ver y distribuir 70 canciones y tres series de televisión surcoreanas”

El artículo 1 de la Ley de Rechazo de la Ideología y la Cultura Reaccionarias de Corea del Norte, aprobada en 2020, expone los motivos por los que Pyongyang considera la norma necesaria: “Contribuye al fortalecimiento de nuestro sentido de la ideología, la revolución y la clase social mediante el lanzamiento de una poderosa batalla para obstaculizar la entrada y la distribución de la ideología y la cultura reaccionarias y la ideología y la cultura antisocialistas”. El artículo 7 añade que se aplicarán sanciones estrictas, incluida la pena de muerte, contra cualquier ciudadano que “introduzca, vea o distribuya ideología y cultura reaccionarias”, en función de su gravedad.

La medida forma parte de una terna de normas que Kim Ilhyuk, un desertor norcoreano, denomina “las tres leyes diabólicas”. Fueron impulsadas durante el cerrojazo de la pandemia, con la intención a someter a un control aún más estricto a la población del país que Kim Jong-un, líder supremo de Corea del Norte, rige con puño de hierro. El foco, en gran medida, eran los jóvenes, y su interacción con culturas extranjeras.

Las ejecuciones, cuenta Kim, son públicas y se llevan a cabo mediante pelotón de fusilamiento. Presenció varias. Hay normalmente dos cada tres meses. Es obligatorio asistir. Y, entre los ajusticiados, recuerda ver en una ocasión a alguien que conocía bien. “Era como un hermano menor para mí. Solo tenía 22 años, pero fue ejecutado por un pelotón de fusilamiento acusado de ver y distribuir 70 canciones y tres series de televisión surcoreanas”.

Sucedió en torno a julio de 2022. Un año después, Kim logró fugarse junto a su mujer embarazada de seis meses y su madre. Culminaron un plan que su padre fallecido les había hecho prometer años antes. Escaparon en barco y llegaron a la isla surcoreana de Yeonpyeong. Llevaban con ellos las cenizas de su padre en una urna.

Hoy, la familia vive en Seúl. Kim atiende por videollamada mientras engulle una mazorca de maíz y sostiene en las rodillas a su hija, nacida poco después de llegar. Al cabo de un rato de conversación, Kim toma en brazos también a un bebé regordete que mira a cámara.

El desertor habla como una ametralladora y se disculpa por comer a la vez: apenas le queda tiempo para contar su historia entre el trabajo de día en un restaurante, que acaba de terminar, y el de la noche, conduciendo un toro mecánico en un centro logístico. Dice que trabaja duro para mantener a la familia. “Pero soy feliz”.

Decidió huir después de que él y su mujer fueran sentenciados a reeducación mediante trabajos forzados en virtud de otra de las “tres leyes diabólicas”, la de Garantía de Educación Juvenil. Fueron penados por convivir como pareja sin registrarse. Esquivaron la pena un tiempo con sobornos, pero se convencieron de que era mejor escapar.

Su relato coincide con las conclusiones de un informe del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACDH) publicado la semana pasada. El documento asegura que Corea del Norte ha “ampliado considerablemente” la aplicación de la pena de muerte en la última década, llevando a cabo ejecuciones incluso por consumir o difundir información extranjera (como publicaciones, películas o música) procedente de naciones que califica de “hostiles”.

Pyongyang, asevera el documento, ha continuado “ejerciendo un control total sobre la población y restringiendo gravemente el disfrute de los derechos y libertades fundamentales”; ha “institucionalizado” los trabajos forzados e intensificado su desconexión del resto del mundo. “En 2025, el país permanece más aislado que en casi cualquier otro momento de su historia”, argumenta.

“Ninguna otra población está sometida a tales restricciones en el mundo actual”, dice el informe, que refleja cómo, en virtud de leyes, políticas y prácticas introducidas desde 2015, los ciudadanos han sido sometidos a una mayor vigilancia y control “en todos los ámbitos de la vida”.

Las conclusiones se fundamentan, entre otras cosas, en entrevistas con 314 víctimas y testigos que han abandonado el país durante el periodo analizado (de 2014 a 2025), que coincide, en gran medida, con la era de Kim Jong-un al frente del país.

“El mensaje esencial es que las cosas no han mejorado, pero sí han empeorado en algunas áreas, como la libertad de expresión, las ejecuciones, la alimentación o la vigilancia tecnológica”, relata por videoconferencia James Heenan, representante de la Oficina del ACDH de la ONU en Seúl.

Para Heenan es relevante “cómo seguir adelante”, y lograr de Pyongyang gestos en determinados campos, como los centros de prisioneros políticos. Uno puede acabar en ellos por cuestiones tan arbitrarias como usar un periódico con el rostro de uno de los líderes para enyesar la pared (un caso real, según Heenan). Cree que podría haber una posibilidad de “mejorar poco a poco”, si se da un espacio político de algo de apertura. “El trasfondo de todo esto es el aislamiento actual. El país nunca ha estado tan aislado”.

Seongyun Ryu, que huyó de Corea del Norte en 2019, cuando cumplía el séptimo de sus diez años de servicio militar obligatorio, cuenta que cuando Kim llegó al poder en 2011 trató de introducir cambios, hasta que fue advertido por quienes ocupan el vértice de la “jerarquía” de que era peligroso variar el rumbo, y que convenía mantener el sistema. “Kim volvió a ser como su padre [Kim Jong-il]”.

Según la ONU, tras la“sensación de esperanza” de los primeros años de Kim, llegaron purgas y medidas represivas. “El control del Gobierno sobre todos los aspectos de la vida de los ciudadanos fue el más absoluto en décadas”, señala el documento. Este control se aceleró durante la pandemia, facilitado por la “tecnología de vigilancia”.

Seongyun, que tiene 30 años, atiende por videollamada desde Filipinas, donde estudia Filosofía occidental. Le gustaría ser profesor, e impartir clases sobre “la importancia de la libertad”. Se expresa en un inglés notable, que ha aprendido desde que llegó a Corea del Sur cruzando a pie la Zona Desmilitarizada (DMZ), la línea que divide la península coreana en norte y sur al paso del paralelo 38, y ejerce a modo de frontera entre dos países que técnicamente siguen en guerra ―nunca firmaron un tratado de paz tras la contienda de 1950 a 1953―.

Preparó su huida durante tres años. Jamás compartió sus planes con nadie. “No puedes fiarte ni de tu mejor amigo”. Cuando pisó territorio surcoreano, pensó que ni en 100 años, el Norte podría equipararse al Sur en términos de mentalidad, infraestructuras o condiciones de salud. Pesaba entonces 52 kilos (mide 1,68 metros), y su estado corrobora la desnutrición que afecta a más del 40% de los norcoreanos, según la ONU.

Seongyun cree que lo que más teme Pyonyang es la exposición de la población al resto del mundo. “Si la gente conociera otra información, no obedecería al Partido del Trabajo [el partido único que rige el país]”. Añade: “Kim Jong-un dice que somos fuertes gracias a las armas nucleares. Pero para Corea del Norte la información que llega de otros países es como un arma nuclear”.

El acceso a internet es casi inexistente; solo hay una intranet nacional estrictamente controlada, disponible principalmente para instituciones de investigación y funcionarios. Los medios están bajo férreo control del Gobierno. Y todos deben participar en sesiones semanales de autocrítica, cuyo objetivo principal es la vigilancia colectiva y el adoctrinamiento.

En palabras de Seongyun, hay un “lavado de cerebro” mediante la ideología Juche, el pensamiento oficial, desarrollado por el fundador de Corea del Norte, Kim Il-sung, abuelo del actual líder. “Es como una religión”, en la que los miembros de la dinastía Kim son como “dioses”, y una ofensa puede acarrear a la muerte.

Lina Yoon, investigadora sénior de Human Rights Watch centrada en Corea del Norte, cree que la creciente represión está relacionada con la imposibilidad de alcanzar la prosperidad prometida por Kim Jong-un. Al principio de su mandato hubo un momento de experimentación económica y leve apertura. Luego llegaron nuevas rondas de sanciones por el programa nuclear, el cortocircuito del comercio, el fiasco de las negociaciones internacionales de 2018 y 2019. A partir de entonces, empiezan a constatarse señales de represión. "Hay de repente muchas campañas ideológicas para demostrar la lealtad, especialmente de la gente joven”. Son una generación, dice Yoon, expuesta a información no oficial, sobre todo entre quienes viven cerca de la frontera. “Han visto muchas películas y series chinas o coreanas, y están más acostumbrados a expresar descontento con las políticas gubernamentales”.

Kim Ilhyuk, el otro desertor, explica que desde niño se habituó a ver la televisión y escuchar la radio surcoreanas. Su padre lo hacía cada día. Al estar cerca de la linde, eran capaces de sintonizar frecuencias del país vecino. Le llamó la atención el contenido “realista”, “sincero”, “veraz”, en comparación con el del Norte. Las noticias criticaban abiertamente al Gobierno, señalaban errores del presidente; informaban sobre accidentes. “En Corea del Norte nunca se informaba sobre los incidentes nacionales. No hay absolutamente ninguna crítica a las instituciones del partido. Lo único que recibimos son noticias falsas”.

Cree que el giro represivo tiene que ver con ese consumo extendido de cultura extranjera en los hogares con jóvenes. Se compartían series, música y películas en memorias USB, y se podían ver fácilmente en casa de los amigos. “Supongo que el Gobierno norcoreano sintió que algo iba muy mal”; que aquello era un signo de “corrupción”, una amenaza al “estilo de vida socialista”, concluye.