El PP cambia el reglamento del Senado: incluye un límite de tiempo para los ministros y una nueva vía para acudir al Constitucional

El Partido Popular ha aprovechado su mayoría absoluta en el Senado para aprobar la cuarta reforma del reglamento de la Cámara en dos años. No han contado con el consenso del resto de grupos parlamentarios, que les han reprochado esa falta de acuerdo. Todos, salvo Vox, han criticado la ausencia de un apartado que amplíe el uso las lenguas cooficiales. El nuevo reglamento, aprobado en el pleno de este miércoles, incluye un límite de tiempo para los ministros en las sesiones de control, que actualmente no está tasado, y abre la vía para acudir al Tribunal Constitucional para reclamar el bloqueo del Congreso a las proposiciones de ley que salen del Senado. Además, a partir de ahora los jueces y magistrados no tendrán que acudir a las comisiones de investigación que tengan lugar en la Cámara Alta.

Solo falta la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para que el nuevo código, presentado el pasado marzo, entre en vigor. Durante el pleno de este miércoles, en el que se ha debatido la reforma, ningún senador ha mencionado el nuevo límite de tiempo para los ministros en sus intervenciones, pero desde la aplicación de la reforma dispondrán de un tiempo máximo de 40 minutos para sus exposiciones iniciales y de 15 y 10 minutos para las réplicas. Tampoco se ha hecho referencia en la Cámara al apartado de la reforma que establece que los jueces y magistrados no tengan la obligación de acudir a las comisiones de investigación.

En cambio, sí que han debatido sobre el apartado del nuevo Reglamento que busca poner fin al bloqueo desde el Congreso a las proposiciones de ley que se aprueban en el Senado. La novedad consiste en que cuando la tramitación se demore “de forma injustificada”, se podrá proponer un conflicto de atribuciones al Pleno de la Cámara alta, que podría acabar en el Constitucional. En su turno de palabra, el portavoz popular en la comisión de Reglamento, Antonio Silván, ha justificado en que “el Senado debe modernizarse y recuperar el peso institucional”.

Silván ha insistido en que la reforma es necesaria por que lo que hace el Gobierno es “legislar por decreto” y “despreciar al Senado”. “Esta reforma dice basta”, ha argumentado, “basta de decretos exprés, basta de convertir el parlamentarismo en un mero trámite y basta de Gobiernos que rehuyen el control”. El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, anunció hace unas semanas su intención de desbloquear la tramitación de las leyes del Senado que paraba el Congreso, y para esto tenía que modificar el Reglamento. Ahora ya le será posible.

Tanto el PSOE como el resto de grupos que han participado en el debate han mostrado su disconformidad con la forma en la que se ha aprobado el nuevo reglamento, es decir, sin acuerdos y utilizando la mayoría absoluta. El senador socialista Manuel Fajardo ha recordado al PP que la tramitación debe ser “una cuestión de diálogo y consenso”, a pesar de que no presentaron ninguna enmienda. El senador del PP le ha recriminado que no presentasen ninguna enmienda: “Enmendar no implica aceptar la reforma sino mejorarla”, ha subrayado.

La mayoría de grupos sí que presentaron enmiendas a la nueva normativa, en especial los grupos que representan a territorios con lenguas cooficiales, porque no veían una mayor representación de las mismas en el nuevo reglamento. Durante el debate ha quedado en evidencia que había un claro desacuerdo en cuanto al uso de estas lenguas en la Cámara alta, con dos posiciones claras.

Los senadores de Compromís, Esquerra Republicana, PNV, BNG, Junts, EH Bildu y del grupo de Izquierda Confederal han alegado que debería ampliarse el uso de las lenguas cooficiales. Ahora su uso está limitado a la presentación de escritos, los debates de mociones y la Comisión General de las Comunidades Autónomas, pero piden que se extienda a toda la actividad parlamentaria, como sí ocurre en el Congreso. La senadora del PNV Estefanía Beltrán, ha sostenido que “la mayoría absoluta del PP” está dando “un portazo al euskera, al catalán y al gallego”, con este nuevo reglamento. Carmen da Silva, del BNG, ha ido más allá: “Practican una política lengüicida”, ha lanzado.

Por otro lado, el senador de Vox Angel Gordillo ha acusado que “desde hace décadas se ha podido asistir a una creciente persecución del español” en las instituciones. Ha argumentado que “el empleo de lenguas regionales supone privar a la mayoría de los españoles de entender al momento todas las actuaciones, medidas e intervenciones que se reproducen en el Senado”. Y que el uso de lenguas cooficiales supone “ingentes gastos en recursos materiales” como pinganillos y traductores.

El portavoz del PP ha respondido a ambas posiciones. Ha criticado que algunos grupos presentasen enmiendas para, según argumenta, “imponer el uso de todas las lenguas oficiales en cada trámite, en cada comisión, en cada documento”. “Quieren transformar la cámara alta en una torre de Babel al servicio exclusivamente de su relato”, ha argumentado. Esto ha encendido al senador de Junts Juan Bagué, que no ha entendido que esto se plantee “como un problema” y no como una “riqueza”.

En su respuesta a Vox, el senador popular ha reprobado que pretendan “borrar de un plumazo cualquier uso de las lenguas cooficiales en España”. Además, ha puntualizado que “el Senado aprobó hace tres décadas” el uso de estas lenguas “con el voto a favor del PP”. “Una vez más, los extremos coinciden, unos quieren imponer y los otros prohibir”, ha zanjado.

La reforma recién aprobada contempla el voto telemático para los senadores “por razones de conciliación y salud” y para situaciones en las que las votaciones coincidan con un pleno de su parlamento autonómico, como había reclamado el PSOE. Pero esto no contenta a los socialistas. Su portavoz en el Senado, Juan Espadas ha denunciado que el PP no haya contado “con ningún otro grupo” para llevar a cabo esta modificación normativa y argumenta que por ese motivo será “cuestionada” por el Constitucional.