El Departamento de Estado dudó si incluir al triple asesino de Madrid en la lista pública de sus ciudadanos liberados por Venezuela

El 18 de julio, el día que Estados Unidos iba a anunciar en público la liberación en un canje de diez de sus ciudadanos detenidos en Venezuela, el Departamento de Estado mantuvo un incómodo debate, según ha revelado este viernes el periódico The New York Times. En la lista de lo que Washington presentaba como personas encarceladas injustamente figuraba un nombre que contradecía, y mucho, esa descripción. El ex soldado Dahud Hanid Ortiz era un asesino condenado, que había matado con grave violencia a tres personas en un bufete de Madrid en 2016 y apenas había cumplido la quinta parte de una condena de treinta años de cárcel. ¿Debían incluirle en el elenco público? ¿Entregarlo a España? ¿O retirar discretamente su nombre del listado?

El debate, mantenido a golpe de correo electrónico, implicó al responsable de la Mesa para el Hemisferio Occidental —encargado de la política hacia América Latina y el Caribe— en el Departamento de Estado, Michael Kozak, pero no llegó a incluir al jefe del departamento, el secretario Marco Rubio, según cuenta el diario. En el intercambio de mensajes, obtenido por el Times, los funcionarios del Departamento de Estado trataban de decidir si finalmente el nombre del militar condenado se incluiría en el comunicado público sobre la liberación de diez ciudadanos.

En sus argumentos para defender su política de extrema mano dura contra la inmigración irregular y la deportación de extranjeros sin los papeles en regla, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremete una y otra vez contra unos residentes a los que acusa de ser lo peor de lo peor, y sostiene que su objetivo es mantener lejos del país a criminales de la peor calaña. Un argumento que el retorno de Ortiz, ciudadano de 54 años de doble nacionalidad estadounidense y venezolana, parecía negar.

El exmarine, veterano de Irak y con 19 años de experiencia militar a sus espaldas, cumplía una condena de treinta años en una cárcel de Caracas por haber matado a dos secretarias y a un cliente del bufete del abogado Víctor Salas en la capital española. Solo había llegado a cumplir seis años, nueve meses y diez días de esa sentencia cuando quedó incluido en el canje acordado entre Estados Unidos y Venezuela y puesto, junto a otros nueve estadounidenses, en un avión rumbo a San Antonio (Texas).

“Entendemos que no queremos referirnos a él como un rehén o detenido injustamente, que es por lo que hemos dicho nueve”, explicaba un funcionario responsable de prensa en los mensajes citados por el Times. Kozak respondía: “Bien, entonces probablemente no hubiéramos debido pedirlo a él (como parte del canje). ¿Podemos extraditarle a España ahora? Hemos puesto en libertad al HDP”.

Finalmente, el responsable para América Latina decidió incluirle en el comunicado. “Mantendría la cifra de diez, ya que pedimos y recibimos diez” presos estadounidenses, argumentaba. Y matizaba que el hecho de que al menos uno de la decena “sea un impresentable no cambia ese hecho”.

El comunicado que acabó publicando el Departamento de Estado y firmaba Rubio ese día 18 anunciaba que el liderazgo de Trump había hecho posible la liberación de “diez estadounidenses”. “Todos los estadounidenses detenidos sin causa en Venezuela están ahora libres y de regreso en nuestra patria”, declaraba el jefe de la diplomacia estadounidense.

El 22 de julio, tras la llegada del avión con los estadounidenses a Texas, Departamento de Estado se limitó a decir durante la rueda de prensa de la portavoz de Rubio, Tammy Bruce, que “ya no quedan estadounidenses injustamente detenidos en Venezuela”. Bruce no especificó si aludía a toda la decena o excluía a Hanid Ortiz del recuento.

Desde su aterrizaje en Estados Unidos el paradero de Ortiz se desconoce, aunque el Times cita a dos personas con conocimiento del caso para afirmar que se encuentra en libertad.

El antiguo marine, que sufrió daños físicos y mentales a su paso por Irak -donde fue condecorado con un Corazón Púrpura- , había sido expulsado del Ejército estadounidense tras declararse culpable de robo y fraude; había falsificado documentos para conseguir unas ayudas mayores a lo que le correspondían. Tras su salida por la puerta de atrás del ejército se había quedado en Alemania, su último destino castrense y donde residía su pareja, Irina Treppel. Pero la relación se rompió. Ella había comenzado una relación con Salas en abril de 2016 y Ortiz lo descubrió un mes más tarde.

El exmilitar condujo el 20 de junio de aquel año en un baqueteado Volkswagen Golf color plata desde su localidad de residencia en Alemania, Würzburg, hasta Madrid. A su llegada al bufete atacó a las dos empleadas, Elisa Consuegra y Maritza Osorio, que le habían informado de que el hombre al que buscaba no estaba allí. Tras ellas, le tocó el turno al taxista Pepe Castillo, que había ido a las oficinas a llevar unos papeles y a quien Ortiz aparentemente confundió con el abogado.

El asesino huyó primero de regreso a Alemania. Y de allí, a Colombia y después a Venezuela, donde fue detenido en 2018 como sospechoso de colaborar con un gobierno extranjero. En Caracas fue juzgado por los delitos de Madrid, aunque el Gobierno de Nicolás Maduro denegó la solicitud de extradición procedente de España.