El tribunal de la UE deja tocado el ‘modelo Albania’ de Meloni: legitima a los jueces italianos para que supervisen las deportaciones

La justicia europea se interpone en el plan de deportaciones de migrantes a Albania del Gobierno italiano de la líder de la ultraderecha Giorgia Meloni, cuya viabilidad vuelve a quedar en entredicho. El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) considera en una sentencia conocida este viernes que, si bien el Ejecutivo italiano tiene derecho a considerar que el país del que viene un migrante es seguro y a aplicarle, por tanto, un protocolo rápido de rechazo en frontera, en este caso en Albania, también los jueces italianos pueden valorar caso por caso. Y sobre todo, decidir según sus propias informaciones si realmente ese país es seguro o no. En resumen, la situación quedaría como hasta ahora. Y lo cierto es que los jueces han bloqueado todos los traslados realizados entre octubre y enero por el Ejecutivo de Roma, un total de tres con 73 personas, que acabaron siendo enviadas a Italia. La mayoría eran de Egipto y Bangladés.

Además, el TJUE afirma que un Estado miembro de la UE no puede designar seguro un país “que no satisfaga para algunas categorías de persona las condiciones sustanciales” de respeto de derechos humanos. Es decir, que basta que haya un colectivo o una minoría perseguidos para que todo el país sea calificado de inseguro, algo que Meloni rechazaba. En su lista de países seguros, cuyos ciudadanos se podían deportar a Albania tras ser rescatados en el mar, hay ahora 19 estados. Pero a la espera de una nueva puesta a prueba del sistema y con los criterios que ahora confirma la justicia europea, quedaría reducida a siete: Cabo Verde y seis países balcánicos. Es decir, ninguno de los que proviene el grueso de la inmigración irregular en Italia, por lo que el centro de internamiento de Gjadër se quedaría vacío, abocado al cierre. Al menos un año más, hasta junio de 2026, cuando entra en vigor el nuevo y controvertido pacto europeo de asilo, que cambia la legislación en el sentido de la posición italiana.

Esto es lo que se deduce de la breve lectura de la sentencia que ha realizado a las diez de la mañana de este viernes el presidente del tribunal de la UE, Koen Lenaerts. Los magistrados italianos, en pleno choque con el Ejecutivo, habían elevado el conflicto a esta instancia para que aclarara quién tiene razón y había gran expectación por su decisión, porque puede dar al traste con una de las medidas estrella de Meloni contra la inmigración, tachada de derroche y propaganda por la oposición. La inversión en el centro de Gjadër y las instalaciones construidas en el puerto de Shëngjin se estima hasta ahora en 800 millones de euros, pero en tres meses apenas han funcionado una semana para acoger migrantes rescatados en alta mar. El coste ha sido de 114.000 euros por persona, según un estudio de la ONG Action Aid y la universidad de Bari presentado en julio. La oposición italiana ha definido la sentencia europea un “mazazo” al plan de Albania y asegura que en la práctica significa su liquidación.

Ataque del Gobierno italiano a los jueces europeos

El Gobierno italiano ha reaccionado con dureza, atacando a los magistrados europeos al igual que ha hecho hasta ahora con los italianos. En un comunicado, ha dicho que le “sorprende la decisión” y que se trata de un episodio “que debería preocupar a todos” porque “debilita las políticas de lucha a la inmigración ilegal masiva y de defensa de las fronteras nacionales”. “De nuevo la jurisdicción, esta vez europea, reivindica espacios que no le competen, ante responsabilidades que son políticas”, ha criticado. Asegura que la sentencia “hace prevalecer la decisión del juez nacional, fundada incluso en fuentes privadas, respecto a los resultados de complejos procedimientos conducidos por los ministerios interesados y valorados por el Parlamento soberano”.

En todo caso, debe recordarse que cuando Meloni puso en marcha las deportaciones, el pasado mes de octubre, una sentencia de la UE sobre un caso concreto acababa de plantear los mismos argumentos que se corroboran ahora. Era evidente que el plan podía chocar con la ley europea, pero aun así decidió seguir adelante. Esto le ha permitido, por otro lado, echar la culpa a los jueces del fracaso del modelo Albania, y acusarles de suplantar la voluntad popular. La magistratura italiana, por su parte, ha recibido con alivio y satisfacción la sentencia, porque es la prueba de que “nadie actuaba contra el Gobierno” y que la interpretación de los jueces era “correcta”, ha declarado la Asociación Nacional de Magistrados.

El tribunal de Luxemburgo ha dicho ahora, en esencia, tres cosas. Una, los gobiernos de la UE tienen derecho a “la designación de países terceros como países de origen seguros mediante un acto legislativo”. Es lo que hizo Meloni al establecer una lista de 22 países, luego reducida a 19, considerados seguros y a cuyos ciudadanos se podía deportar a Albania para ser repatriados con un protocolo rápido de rechazo en frontera, pues se presumía que sus peticiones de asilo se iban a desestimar. Pero a continuación el tribunal precisa que el Gobierno puede hacer esa lista, “a condición de que tal designación pueda ser objeto de control jurisdiccional (…) por cualquier juez nacional” ante un recurso de un solicitante de asilo.

La segunda consideración de la sentencia ahonda aún más en la potestad del juez que analice cada caso. Por un lado, cada gobierno de la UE “debe garantizar un acceso suficiente y adecuado a las fuentes de información (…) en las que se funda tal designación” de país seguro. Es decir, debe estar debidamente fundamentado, con el objetivo de que tanto el recurrente como el juez puedan valorar el caso. Y es aquí donde el tribunal europeo advierte que el magistrado puede “tener en cuenta las informaciones recogidas por él mismo a condición, por un lado, de asegurarse de la fiabilidad de las informaciones y, del otro, de garantizar a las partes en causa el principio contradictorio”. Es resumen, el Gobierno italiano puede considerar que en un país se respetan los derechos humanos y por tanto no hay razón a priori para conceder asilo a sus ciudadanos, pero además de que debe aclarar en qué datos se basa, el juez puede esgrimir informaciones contrarias que recabe por su cuenta. Y respecto a algunos de los países que Italia ha considerado seguros hay informes contrarios de organismos internacionales y de defensa de los derechos humanos, como en Túnez, Argelia y Egipto.

Es más, y esta es la tercera decisión del TJUE, un estado miembro no puede designar como seguro “un tercer país que no satisfaga para algunas categorías de persona las condiciones sustanciales” de respeto de derechos humanos. Este era uno de los caballos de batalla, pues el Gobierno italiano ha incluido en su lista países donde hay colectivos perseguidos o de riesgo, por motivos étnicos, religiosos, políticos o sexuales.

El modelo Albania es un protocolo que hace delicados equilibrios con la legalidad internacional para poder deportar migrantes al país balcánico, que no es miembro de la UE. Debe hacer tantas salvedades que las personas seleccionadas tienen que cumplir numerosos requisitos: solo hombres adultos, ni mujeres ni niños, en buen estado de salud, rescatados en el mar por naves italianas ―quedan al margen ONG extranjeras― en aguas internacionales y, sobre todo, que provengan de países que Italia considera seguros, pues eso garantiza que se les puede aplicar un protocolo rápido de rechazo en frontera. Pero este ha sido al final el punto débil: los jueces italianos, que debían convalidar la retención de cada migrante, han considerado siempre que los países de origen de los deportados, Egipto y Bangladés en casi todos los casos, no podían considerarse seguros. Por tanto debían ser enviados a Italia para seguir el procedimiento normal de solicitud de asilo, que prevé analizar su petición detenidamente y les permite residir mientras tanto en Italia.

Ante cada revés de los tribunales italianos, Giorgia Meloni ha ido haciendo apaños legales, en un intento de que el sistema funcionara. Al final se rindió, tras el rechazo judicial de la tercera deportación, a la espera de la sentencia del TJUE. Como último parche, aprobó un cuarto traslado en abril, pero esta vez con migrantes que ya estaban recluidos en Italia en los llamados Centros de Permanencia para la Repatriación (CPR). Es decir, personas a quienes ya se ha entregado una orden de expulsión y se hallan a la espera de que se les devuelva a su país, un trámite que en realidad solo se ha conseguido en 2024 en un 10% de los casos. El Gobierno fue acusado de nuevo de hacer propaganda inútil y costosa, pues según la ONG Action Aid a finales de 2024 había 263 plazas libres, de un total de 1.164, en los 11 centros de retención de Italia. Es decir, no había necesidad de enviarlos a Albania. Simplemente fue para dar uso a unas instalaciones vacías.

Por otro lado, el campo de internamiento de Albania no ha tenido ningún efecto disuasorio: la inmigración que llega por el Mediterráneo a Italia ha aumentado un 9% este año. Lo que le ha funcionado a Meloni, que redujo un 60% las llegadas en 2024, es cortar las salidas en la costa africana con polémicos acuerdos con Túnez y Libia. En Túnez es claro: llegaron 60.000 personas en 2023 y este año, 2.393, a fecha del 31 de julio. Pero es en Libia donde se ha roto el esquema, porque la situación política es muy inestable, y las salidas se han disparado: 32.690 personas hasta este jueves, un 67% más que el año pasado.