Meloni hace un cuarto intento de trasladar migrantes a Albania tras otro retoque legal a la norma
El Gobierno italiano deporta por primera vez a extranjeros que ya estaban en suelo nacional en centros de repatriación, una medida pensada para dar uso al centro vacío en la localidad albanesa de Gjadër y que puede abrir otro choque judicial


La primera ministra italiana, la ultraderechista Giorgia Meloni, vuelve a forzar las costuras legales e intenta por cuarta vez deportar migrantes al centro de internamiento en Albania que su Gobierno puso en marcha en octubre pasado. Tras el fracaso de los tres traslados anteriores, anulados por los jueces y que obligaron a llevar a los extranjeros a Italia, la nave militar Libra ha zarpado en la mañana de este viernes de Brindisi y ha llegado a las cuatro de la tarde al puerto de Shëngjin, con 40 personas a bordo. La novedad, que puede acabar también en los tribunales, es que por primera vez estos migrantes no han sido rescatados en el mar, como los anteriores, sino que se trasladan desde centros en Italia tras un cambio legal aprobado hace dos semanas por el Ejecutivo. Y está por ver si esta medida pasa el filtro de la justicia italiana, en caso de que haya algún recurso. De momento, la oposición ya ha denunciado que los migrantes han bajado de la nave esposados, algo que según algunas ONG es “ilegítimo”.
Ante el muro judicial, la necesidad de dar uso a unas instalaciones vacías en Albania cuyo coste ronda los 1.000 millones de euros y a la espera de que el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) se pronuncie sobre el conflicto legal en mayo o junio, Meloni ha improvisado un apaño. El pasado 28 de marzo hizo por decreto un cambio legal en el protocolo con Albania para poder enviar allí también a personas que ya estaban recluidas en Italia en los llamados Centros de Permanencia para la Repatriación (CPR). Es decir, migrantes a quienes ya se ha entregado una orden de expulsión y se hallan a la espera de que se les devuelva a su país, un trámite que en realidad solo se consigue en parte. Este viernes ha dado datos sobre ello en el Parlamento el director central de Inmigración, Claudio Galzerano, que ha admitido que solo son repatriados la mitad de los que pasan por un CPR. No obstante, el último informe de la ONG Action Aid rebaja al 10% el porcentaje de repatriaciones realmente efectuadas. Cuando no se logra, al resto simplemente se les pone en libertad con la orden de dejar el país.
Las 40 personas enviadas este viernes estaban en el CPR de Brindisi. Según la prensa italiana, son de nacionalidad argelina, tunecina y bangladesí. Las instalaciones dedicadas al CPR en Albania son solo una pequeña parte del complejo, y podrán acoger como máximo a 144 personas. El resto, 880 plazas para los rescatados en el mar, sigue vacío.
A partir de ahora Italia puede mandar a los internados en los 10 CPR diseminados por el país a esperar a los barracones del centro de internamiento construido en Gjadër, Albania, donde podrán pasar hasta 18 meses, aunque Galzerano ha asegurado hoy que “poquísimos se quedan 18 meses, el tiempo medio de permanencia son 35 días”. Esto explica aún menos la necesidad de trasladar internos de centros italianos a Albania, pero en todo caso este detalle constituye un cambio importante, porque hasta ahora, según lo firmado con el país balcánico y el protocolo rápido de resolución de peticiones de asilo que se quería aplicar a los náufragos enviados allí, el tiempo máximo de permanencia era de 28 días. Luego, según lo previsto, se les devolvería a Italia o a su país (en todo caso pasando por territorio italiano). Esta praxis se seguirá manteniendo con los migrantes rescatados en el mar, si es que vuelven a enviarse a Albania.
Una de las críticas de expertos y juristas al nuevo decreto es que Meloni ha modificado unilateralmente un acuerdo con otro país, algo insólito en derecho internacional, sin que Albania haya dicho nada al respecto. También han señalado otros puntos polémicos en esta nueva modalidad de deportación al país balcánico, que es probable que sea de nuevo fuente de recursos legales que deberán resolver los tribunales. Por ejemplo, apuntan que el decreto no está justificado en ninguna razón de “extraordinaria necesidad y urgencia”, como prevé la Constitución italiana. Las personas que estaban en un CPR y ahora han sido enviadas de pronto a Albania ya no podrán recibir visitas de familiares, de su abogado o de asistencia diplomática de su país, como ocurría en Italia. Además de ver dificultado su derecho a la defensa, tampoco tienen las mismas garantías de tutela de la salud, porque ya no tienen acceso al sistema sanitario italiano.
Por otro lado, si finalmente se les repatria, tienen que volver de todos modos a Italia, porque no puede hacerse desde Albania. En resumen, para la oposición el campo de internamiento balcánico no solo pone en riesgo derechos básicos, sino que supone un gasto absurdo de dinero público. En los próximos días se verá si los tribunales tienen algo que decir y en qué queda el nuevo intento de deportación de Meloni, que ha hecho del centro de Albania una auténtica obsesión y bandera electoral.
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