Nueva Caledonia firma un acuerdo para convertirse en un Estado dentro del Estado francés

Un año después de los violentos disturbios que abrieron una enorme grieta entre los habitantes de Nueva Caledonia, independentistas y no independentistas, y en su relación con Francia, sus protagonistas han firmado un acuerdo sobre el futuro institucional de la isla. El texto consagra, entre otras cosas, un “Estado de Nueva Caledonia” inscrito en la Constitución de la República Francesa. Es decir, el territorio de ultramar seguirá siendo francés, pero sus habitantes podrán disfrutar de una doble nacionalidad regida por un estatuto especial. Un Estado dentro de otro Estado, los últimos estertores del pasado colonial francés en el Pacífico y sus ambiciones de poder global.

El acuerdo, calificado de “histórico” por las partes, fue firmado en Bougival, a 20 kilómetros de París y a más de 16.700 kilómetros de Nuemea, capital de Nueva Caldedonia. “Cada bando, tanto independentista como no independentista, tuvo que hacer concesiones mutuas para alcanzar este acuerdo”, celebró en Facebook Georges Naturel, senador del partido conservador Los Republicanos de la isla. El acuerdo, titulado La apuesta de la confianza, implica una reforma constitucional que la Asamblea Nacional deberá validar.

El acuerdo será sometido a votación de los caledonios en marzo o abril de 2026. Trabajado durante nueve días y firmado in extremis, el acuerdo plantea una “apuesta por la confianza”. Marca el compromiso del Estado francés —profundamente centralista—, de los independentistas y de los no independentistas, hacia un nuevo estatuto para el territorio, una “solución duradera”. Se adjunta, además, un pacto de reformas económicas, que incluye el sector del níquel.

Nueva Caledonia, situada a dos horas de vuelo de Australia, tiene una superficie de 18.500 kilómetros cuadrados y unos 270.000 habitantes. Lo más importante para Francia del acuerdo es que no perderá el control de un territorio en el Pacífico, donde el país quiere estar muy presente en vista de los movimientos geopolíticos que se librarán ahí. Esta es una región en la que se multiplican los conflictos y las tensiones y que se halla en el corazón de las luchas de influencia entre Estados Unidos y China.

El ministro de Ultramar, Manuel Valls, celebró “un acuerdo esencial para garantizar las posibilidades de estabilidad política, y para reconstruir económica y socialmente Nueva Caledonia”. Es “un verdadero compromiso que debemos a las delegaciones, que han demostrado valentía”, declaró al diario Le Monde. Valls condujo las negociaciones desde febrero, antes de que se interrumpieran en mayo, en la finca de Deva, en el municipio de Bourail, en Nueva Caledonia, y se reanudaran el 2 de julio por iniciativa del presidente Emmanuel Macron. “Lo más difícil comienza ahora, ya que las formaciones lealistas e independentistas están asumiendo riesgos, y aún queda por convencer sobre el terreno”, añadió Valls.

El acuerdo apacigua los temores de guerra civil agitados hace un año. La distancia entre la comunidad de origen autóctono e independentista (los kanakos) y la de origen europeo, partidaria de seguir siendo parte de la República francesa (los caldoches), se acentuó en un territorio con abundantes armas en circulación y resentimientos acumulados.

El acuerdo todavía no ha sido detallado, solo sus principales puntos. Nueva Caledonia obtendrá un nuevo estatuto, pero el territorio seguirá siendo francés. El texto establece un “Estado de Nueva Caledonia” inscrito en la Constitución de la República Francesa, con una organización institucional inédita y específica. El texto va más allá de lo que hubieran deseado los no independentistas, pero al mismo tiempo liquida un horizonte con más referendos y exigencias de autodeterminación. “Está firmado. Un estatuto dentro de Francia. Con caledonios que siguen siendo franceses. No habrá más referendos, salvo el que se celebrará para validar este acuerdo”, señaló el diputado no independentista Nicolas Metzdorf a la agencia AFP.

Nueva Caledonia ha celebrado tres referéndums por la independencia. El primero, en 2018, lo ganó el no con un 56,7% de votos. En el segundo, en 2020, la distancia se redujo: 53,3% para el no. Entretanto llegó la pandemia. Los independentistas pidieron a París aplazar la tercera consulta, sin éxito, y después llamaron a boicotearla. El no se impuso, debido a la abstención masiva de los kanakos, con un 96% de votos.

El Congreso de Nueva Caledonia, que ahora estará compuesto por 56 miembros (frente a los 54 actuales), podrá, cuando lo desee, adoptar una resolución por mayoría de tres quintos solicitando la transferencia de competencias de carácter soberano a Nueva Caledonia en defensa, moneda, seguridad y orden público, justicia y control de legalidad.

Estas competencias siguen, por el momento, siendo responsabilidad del Estado francés, pero podrán ser transferidas en el marco de un “proyecto conjunto del Estado y de Nueva Caledonia”, que será “sometido a la aprobación de los caledonios mediante consulta” tan pronto como lo decida el Congreso local. En ese momento, Nueva Caledonia podría adquirir un estatuto de Estado miembro en la Organización de las Naciones Unidas. Por otro lado, la competencia en materia de relaciones internacionales será transferida de forma inmediata.

Los no independentistas han evitado así la opción de un “Estado asociado”, propuesta por Macron a principios de julio. “Hemos hecho grandes concesiones para evitarlo y para proyectar definitivamente a Nueva Caledonia hacia el futuro, sin fecha límite”, añadió el diputado Metzdorf. Esta permanencia dentro de la República irá acompañada de la creación de una doble nacionalidad caledonia y francesa.

Una de las medidas más destacadas del acuerdo es la apertura del cuerpo electoral para las elecciones provinciales. Concretamente, una vez que el texto sea aprobado, todas las personas nacidas en Nueva Caledonia, así como aquellas que residan allí desde hace al menos 15 años de forma continua, podrán votar.

Hasta ahora, los residentes llegados después de 1998 estaban excluidos del voto. Esta reforma del censo electoral, incluida en el proyecto de reforma constitucional de 2024, provocó graves disturbios y encendió el archipiélago. Los independentistas acusaban al Estado de querer “minimizar aún más al pueblo indígena kanako”.

El acuerdo también aborda el ámbito económico, con un “pacto de refundación económica y financiera” que incluye un “plan estratégico” para el níquel, recurso clave del territorio. El pacto prevé relanzar la actividad de transformación del níquel en la provincia norte, habitada mayoritariamente por kanakos, donde la planta de procesamiento cerró el año pasado, dejando 1.300 trabajadores en el paro.