La jueza Bénédicte de Perthuis, autora de la sentencia a Marine Le Pen, en la diana de la ultraderecha francesa

Francia, da la impresión a veces, vive un lento proceso de italianización. Sucede, eso sí, sin la sofisticada capacidad de relativizar los asuntos más graves del país transalpino y con 30 años de retraso. A la crisis institucional, la inestabilidad y la reciente volatilidad de su Parlamento, se añade ahora la legendaria cruzada de la derecha contra el sistema judicial, página memorable de la biografía autorizada de Silvio Berlusconi y el populismo avant la lettre que contribuyó a fundar. Marine Le Pen, líder del partido más votado en las últimas elecciones, coge ahora ese testigo en una semana de vértigo que comenzó con el desaire a la jueza que leía su sentencia el pasado lunes. Antes de escuchar la condena ―cuatro años de cárcel y cinco de inhabilitación para presentarse a elecciones―, la patrona del Reagrupamiento Nacional (RN) se levantó de su asiento y se marchó dando un portazo. Fue la antesala de una campaña de acoso y amenazas a la magistratura y a la presidenta del tribunal, Bénédicte de Perthuis (63 años), que en las redes ya se había puesto en marcha meses atrás.

El pasado noviembre, los dos fiscales del juicio ya fueron objeto de amenazas de muerte después de presentar sus conclusiones, lo que llevó a que se les asignara protección, mientras la Fiscalía de París abría una investigación. Ahora, los objetivos son los tres jueces del tribunal donde durante nueve semanas fue juzgada Le Pen, acusada de malversación de fondos públicos. Desde el lunes, los ataques en redes sociales se han multiplicado contra De Perthuis, presidenta de la 11ª Sala Correccional, quien firmó la sentencia que ha sacudido el mundo político francés. Su rostro, su dirección, la información biográfica básica, se encuentra ya colgada en las redes sociales junto a comentarios agresivos y degradantes. En el universo ultra, es la encarnación del complot contra el RN.

El partido de Le Pen, que lleva dos años intentando presentarse como una formación institucional y fiable para el establishment económico francés, se desmarca de dicha violencia. Lo hicieron en público todos sus líderes, incluso pidiendo que no se produzcan altercados en la calle durante las manifestaciones que han convocado para el domingo en defensa de Le Pen. Pero, paralelamente, el RN azuza la teoría del complot y de un sistema judicial politizado que quiere impedir a su líder y a sus votantes alcanzar la presidencia de la República. La preocupación ha llegado hasta el palacio del Elíseo. El jefe del Estado, Emmanuel Macron, se pronunció por primera vez en el Consejo de Ministros este miércoles, donde recordó que la justicia es “independiente” y que “los magistrados deben ser protegidos”, según señalaron algunos participantes a la Agencia France-Presse.

A Bénédicte de Perthuis, calificada por la derecha como una jueza “roja”, no se le conoce adscripción ni simpatía política. De formación económica (trabajó en la consultora Ernst & Young), ingresó en la carrera judicial cuando tenía 37 años. De Perthius asumió los casos del célebre juez anticorrupción Renaud Van Ruymbeke, especializado en asuntos fiscales, cuando este se jubiló. Se ocupó, entre otros, del procedimiento por sospechas de corrupción en torno al Mundial de Atletismo en Qatar. Además, trabajó en asuntos como el de EADS (vieja Airbus) y el escándalo Wendel.

Le Figaro señalaba este miércoles que se le atribuye una gran admiración por Eva Joly, la primera jueza especializada en casos económico-financieros en los años noventa, vinculada luego al partido Ecologista. También que se la considera cercana al centro del espectro político, al igual que la mayoría de los magistrados. “Esto no le impidió procesar sin dudar al [partido] MoDem y a François Bayrou. Para ella, el caso de los asistentes parlamentarios europeos del partido centrista era incuestionable. Al igual que con el Reagrupamiento Nacional, siempre ha sostenido que este partido implementó un sistema de malversación de fondos a gran escala dirigido por su presidente”, señalaba el rotativo conservador. Del mismo modo, los dos jueces adjuntos que acompañan a De Perthuis no son conocidos por ninguna inclinación política de izquierda; de hecho, algunas fuentes afirman lo contrario.

La campaña contra ella comenzó nada más conocerse la sentencia. De hecho, el mismo lunes, la Dirección de Servicios Judiciales (DSJ) se apresuró a “identificar los riesgos y solicitar una evaluación de la amenaza”, contactando al Ministerio del Interior para que se reforzara la seguridad alrededor de su domicilio. La DSJ también estaba lista para activar su “protección funcional”. El martes, tras estas amenazas, se asignó la investigación a la Brigada de Represión de la Delincuencia contra las Personas (BRDP).

La situación llegó al martes al Parlamento y el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, calificó las amenazas como “inaceptables en una democracia”. Tanto el fiscal general como el presidente del Tribunal de Casación utilizaron los medios de comunicación para “defender el Estado de derecho”, mientras que la presidenta del Tribunal de Apelación de París también expresó su preocupación. Por su parte, el Sindicato de Magistrados (USM) ha establecido un sistema de vigilancia en redes sociales.

Le Pen acusó el martes a la judicatura, como si fuera un ente unitario y que responde a consignas, de haber pulsado el botón de la bomba nuclear para impedir que se presente a las elecciones de 2027. Y De Perthuis se convirtió en el rostro de la nueva deriva antisistema del RN. El resultado a medio plazo es un proceso de deslegitimación de las instituciones francesas por parte de quien aspira a ser presidenta de la República en solo dos años. A corto, es una diana en quienes la han juzgado y un aviso a quienes deberán hacerlo el próximo año.