Un juez desestima el caso de corrupción contra el alcalde de Nueva York, Eric Adams, a petición del Gobierno de Trump

Un juez federal ha desestimado formalmente este miércoles el caso de corrupción contra el alcalde de Nueva York, Eric Adams, plegándose a una controvertida petición del Departamento de Justicia que generó numerosas críticas y provocó la mayor dimisión de fiscales federales de alto rango en décadas. El acercamiento progresivo de Adams, un demócrata, al presidente Donald Trump y su promesa de colaborar con la Administración republicana en la ofensiva contra la inmigración irregular en la ciudad podrían estar tras decisión, que demuestra la instrumentalización de la justicia por parte de la nueva Administración.

La orden del juez federal Dale Ho da carpetazo a la causa contra Adams, que en septiembre pasado fue acusado formalmente de cinco cargos de conspiración, soborno y fraude electrónico por supuestamente recibir dinero para su campaña y lujosos regalos de Turquía, a cambio de favorecer la edificación del nuevo consulado turco en la ciudad pese a serias dudas sobre su seguridad. Estaba previsto que Adams se sentara en el banquillo a finales de abril, pero la victoria electoral de Trump —a cuya toma de posesión, el 20 de enero, asistió— inclinó la balanza del lado de sus intereses. En febrero, el Departamento de Justicia ordenó a los fiscales en Nueva York que abandonaran el caso contra Adams, lo que dio lugar a un considerable escándalo.

Pese a la imputación, Adams, que se declaró inocente de todos los cargos, ha insistido en que se presentará a la reelección en las elecciones municipales que se celebran este año, aunque su nivel de aceptación está bajo cero. La coincidencia del juicio con el arranque de las primarias —especialmente concurridas en el caso demócrata— convenció también al Departamento de Justicia de la conveniencia de desestimar la causa, o al menos fue una de las dos razones esgrimidas para pedir a los jueces su abandono, junto con la necesaria colaboración del alcalde en la ofensiva contra la inmigración, a la que Adams prometió toda la ayuda y la plena disponibilidad de las fuerzas de seguridad locales para ayudar a la policía migratoria del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, en sus siglas inglesas).

La directiva de Emil Bove, entonces fiscal general adjunto de EE UU en funciones, a los jueces federales provocó un revuelo público e intensas reacciones internas, incluidas las de muchos demócratas, cada vez más críticos con los guiños de Adams a los republicanos. También una crisis dentro del Departamento de Justicia, con la dimisión de la fiscal federal en funciones del Distrito Sur de Nueva York, Danielle Sassoon, que se negó a seguir las directrices de Bove, alegando que no veía “motivos de buena fe” para desestimar el caso. Sassoon prefirió dimitir antes que ceder a la petición de Bove, que en su día fue el principal abogado defensor de Trump en el caso Stormy Daniels, por el que el actual presidente fue condenado en enero de este año, apenas diez días antes de su regreso a la Casa Blanca.

Además de Sassoon, republicana con un prometedor futuro en la justicia, dimitieron también otro fiscal de Nueva York y cinco abogados vinculados a la llamada unidad de integridad pública (lucha contra la corrupción) del Departamento de Justicia en Washington.

El caso contra Adams ha hecho mucho ruido, tanto durante la instrucción, en la que salieron a la luz sus tratos con entidades turcas, como a la hora de ser desestimado. Su abogado rechazó las acusaciones de que el alcalde había llegado a un acuerdo con el Departamento de Justicia para colaborar con la agenda migratoria de la Administración de Trump, cuando en la práctica los guiños y los gestos favorables a Trump del regidor no habían hecho más que crecer en los últimos meses, incluso antes de las elecciones de noviembre. El juez Ho se negó a desestimar inmediatamente el caso y, en su lugar, nombró a un abogado externo, Paul Clement, para examinar los argumentos legales y ayudar al tribunal en su toma de decisiones. Clement, que fue fiscal general durante el mandato de George W. Bush, aconsejó al tribunal que desestimara el caso con perjuicio, lo que significa que se abandona definitivamente y no puede volver a presentarse ante el tribunal. El Gobierno había propuesto desestimar el caso sin perjuicio, lo que permitiría a los fiscales reabrir el caso en el futuro.