Construir carreteras y cárceles, ¿rol del gobierno o del sector privado?

En el primer semestre de 2015, de los cinco primeros países con mayor inversión privada en grandes proyectos de infraestructura de energía, transporte y agua, cuatro fueron de Latinoamérica: Colombia, Chile, México y Brasil. La región encabezó la lista como mayor destino de inversiones privadas en estos sectores con un 41% del total global, según el Banco Mundial.

La mayoría de las grandes obras de infraestructura, desde carreteras hasta puertos, aeropuertos y hospitales, escuelas y cárceles, se realizan bajo la modalidad de asociaciones público privadas, una fórmula que está resultando cada vez más más atractiva para los gobiernos de la región, en momentos en que las economías de sus países afrontan su cuarto año consecutivo de desaceleración.

La razón de ser de las asociaciones público-privadas (APPs) se pueden resumir en tres: atraer empresas e inversionistas del sector privado a proyectos que de otra forma no se llevarían a cabo; transferir a estos una parte significativa de los riesgos y costos que de lo contrario deberían ser asumidos por el gobierno; y asegurar que la eficiencia y calidad del proyecto sea al menos igual a la que se obtendría si el gobierno asumiese todos los costos y riesgos.

Pero en el proceso de asociación –ya sea por las prisas o por falta de control- se pueden cometer errores. Un análisis del Banco Mundial llamando “Los siete pecados de las alianzas público-privadas deficientes” evalúa cuáles son estas fallas y da recomendaciones para aprovechar esta fórmula que bien desarrollada, puede beneficiar a miles de latinoamericanos.

1) Riesgos compartidos: Según el documento, los gobiernos que cubren el 100% de los riesgos de construcción o demanda crean incentivos para que las empresas concesionarias reduzcan su esfuerzo o tomen riesgos excesivos. “Si una garantía del gobierno a un acreedor privado cubre el 100% de, por decir, el riesgo de no pago, el acreedor privado no tendría ningún incentivo para vigilar y controlar el proyecto adecuadamente”. Es por ello que recomiendan el otorgamiento de garantías parciales y bien valoradas, que obligue a los privados involucrados en la APP a que tengan recursos propios en riesgo.

2) Inversionistas de primera: Aprovechar las ventajas comparativas del mercado, a través de inversionistas privados sofisticados bien informados, que puedan garantizar que el riesgo puede diversificarse y así dar un mejor seguimiento y control al proyecto.

3) Reducir la burocracia: Si bien hasta ahora depende de los ministerios respectivos crear y asignar APPs, el informe recomienda que lo mejor es centralizar la actividad en una sola agencia que asesore a estos despachos sobre el tipo de proyectos que mejor le convienen lo que reduciría significativamente el flujo y contraflujo de información entre las compañías concesionarias y los diversos actores del gobierno.

4) Huir de los conflictos: Por otra parte, para evitar conflictos de intereses, es importante que la agencia que concede las concesiones no sea la misma que supervisa la ejecución de los contratos. ¿Por qué? “Las renegociaciones de contrato son, en algunos casos, una consecuencia de omisiones o errores cometidos por la agencia que adjudicó las concesiones. Cuando esa entidad también está a cargo de la supervisión, tiende a evitar la escalada del conflicto con la empresa concesionaria y está más inclinada a ceder a las presiones que a una renegociación”.

5) Inversionistas de largo aliento: Un error que identifica el informe es creer que los fondos de pensiones son uno de los inversionistas más importantes para financiar a las APPs en América Latina. El problema radica en que estas instituciones actúan mas bien como fondos mutuos con horizontes de inversión a corto plazo, por lo que todos los riesgos son asumidos por los trabajadores que aportan a estos fondos y no los propios administradores. La solución para el financiamiento de grandes proyectos de infraestructura es buscar inversionistas institucionales sólidos, que tienen pasivos a largo plazo, como por ejemplo, las compañías de seguro de vida que venden rentas vitalicias a los jubilados.

6) Capital sólido: Vinculado a lo anterior, los expertos recomiendan que en el contexto de las APPs las compañías concesionarias tengan estructuras de capital más fuerte que el de una empresa constructora, “ya que estas tratan de extraer el máximo beneficio durante la etapa de la construcción y no les importa lo que suceda después que se ha completado la construcción y han recibido el pago”, señala el informe.

7) Ofertas realistas: En relación con el proceso de la subasta, es importante que la agencia gubernamental establecida para la adjudicación de la APP tenga toda la información disponible acerca de la viabilidad del proyecto y así poder discernir a la hora de realizar la licitación, cuáles son las ofertas más realistas de las que no lo son.

Si quiere saber más sobre Asociaciones Público-Privadas exitosas, consulte el informe completo.