Más Madrid y PSOE recurren el archivo de la causa contra la número tres de Ayuso: “Despachaba a gusto los expedientes de contratación a puerta cerrada”

Las acusaciones de Más Madrid y el PSOE han recurrido el archivo de la causa por prevaricación contra Ana Millán, exalcaldesa de Arroyomolinos y número 3 del PP de Madrid en una información adelantada por ElDiario.es y confirmada por EL PAÍS. La jueza instructora dio carpetazo al caso en el que se investigaba por prevaricación por parte de la número tres de la presidenta Isabel Díaz Ayuso hace dos semanas, tras un cambio de criterio de la Fiscalía. La justicia indagaba en la relación entre la exalcaldesa y una empresa que recibió 11 contratos públicos mientras pagaba el alquiler de un ático de Millán por el doble del precio de mercado y también ingresó un sueldo a dos de sus familiares.

Lo que está en el punto de mira son adjudicaciones que recibió Grupo Educativo, el conglomerado empresarial de Francisco Roselló en el periodo comprendido entre 2006 y 2011, cuando Millán era concejal y teniente de alcalde en el Ayuntamiento. Durante esos años, Roselló pagó un alquiler y los gastos de comunidad de un ático de Millán. Además, el marido y la hermana de la número 3 de Ayuso tuvieron un contrato en la empresa de Roselló. La defensa de la exalcaldesa siempre ha argumentado que el empresario le pagaba por el ático porque vivía alquilado en él un trabajador suyo y asegura que su marido y su hermana desempeñaban realmente un trabajo en la compañía de eventos y actividades de ocio.

La investigación apunta que Millán recibió casi 52.000 euros del empresario, ademas de varios pagos de origen desconocido que coinciden con el mismo periodo. El pasado 3 de marzo, la Fiscalía solicitó el archivo de la causa porque, según argumentaba, la investigada había conseguido justificar la mayoría de estos ingresos dudosos y creía la versión de que los familiares de Millán efectivamente habían trabajado en la compañía de Roselló.

Este escrito supuso un cambio de criterio del Ministerio Público, que durante todos los años que dura la instrucción había apoyado que se siguiera indagando al considerar que había indicios razonables de delito. Para la Fiscalía, también quedaba justificado el abultado precio que pagaba el empresario por el ático de la exalcaldesa, muy por encima de mercado, porque se trataba de un “alquiler con opción a compra”. “No es creíble la explicación que ofrece la señora Millán, pues además de ser mucha casualidad que alquile su vivienda a la empresa vinculada del señor Roselló, con el que despachaba a gusto los expedientes de contratación a puerta cerrada en el preciso momento en que empezaron los contratos, resulta que una vez terminados los mismos, la opción a compra no se materializó”, resalta la acusación de Más Madrid.

Una jueza apoyó este cambio de criterio del Ministerio Público el 17 de marzo y archivó la causa al concluir que el análisis realizado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de los contratos bajo sospecha “no se constatan irregularidades ni arbitrariedades atribuibles” a Millán.

El recurso de Más Madrid se señala que “no deja de sorprender que no se considere como indicio delictivo que el pago de las indicadas contraprestaciones por empresas vinculadas al señor Roselló misteriosamente se iniciaran en el año 2008 y desaparecieran en el año 2012, justamente cuando se acabaron los contratos públicos, es decir, cuando la señora Millán ya no promovía groseramente contratos en favor de aquel”.

Más Madrid indica en su escrito que este archivo fue precipitado porque todavía quedaban pendientes varias diligencias ya acordadas, como la toma de declaración del marido de la investigada y el de una técnica del Ayuntamiento. Según la resolución de la instructora, estas declaraciones no iban a cambiar significativamente la decisión de archivar o seguir investigando. Más Madrid argumenta que “no cabe anticipar el resultado de una diligencia de instrucción en esos términos sin haberse practicado antes” y que no tiene sentido desestimar estas tomas de declaración que en un principio sí se habían considerado relevantes.

Roselló obtuvo contratos por valor de casi 650.000 euros mientras Millán fue concejal de Cultura y Juventud y Teniente de Alcalde. En el recurso de Más Madrid se señala que las reuniones a puerta cerrada el empresario y Millán respondían a que ella quería tener un “control férreo sobre esos expedientes de contratación y conseguir la adjudicación en favor de las empresas del señor Roselló”.

En la instrucción se destacó, por ejemplo, que Millán convocó la organización de unos campamentos de verano por el trámite de urgencia, cuando es algo fácil de prever. La urgencia en el trámite provocó que solo la empresa de Roselló fuera capaz de presentar a tiempo la documentación requerida. “No solo no son descartables los indicios en la comisión de los hechos delictivos, sino que constan poderosos indicios de que la investigada se concertó con el señor Roselló para que sus empresas resultaran adjudicatarias de determinados contratos”, concluye esta acusación.