El alto cargo de Ayuso que firmó los protocolos de residencias será investigado también por prevaricación

Carlos Mur de Víu, el firmante de las directrices madrileñas para limitar los traslados desde residencias a hospitales durante la pandemia, también será investigado por prevaricación. Un juez de Getafe ha aceptado ampliar las pesquisas contra este ex alto cargo del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, quien desde el año pasado estaba imputado por discriminación en el acceso a un servicio público. Su auto, al que ha accedido EL PAÍS, también afecta a otro investigado, el médico Francisco Javier Martínez Peromingo, como presunto partícipe.

El juez de la Sección de Instrucción Plaza 3 de Getafe, Luis Carlos de Isidro y de Pablo, adoptó el 19 de marzo esta medida que se conoce ahora. Su auto respondía a una solicitud del PSOE, personado como acusación popular. La medida no es extensible al resto de juzgados de la región que investigan lo sucedido porque el caso está atomizado en múltiples instancias en función del lugar de los fallecimientos. Sin embargo, la noticia se conoce a la espera de que la Audiencia Provincial decida el 16 de abril si unifica la causa en un solo juzgado, como han solicitado la Fiscalía o las familias, que entienden que los hechos son los mismos y derivan de las mismas decisiones políticas. La resolución llega en el sexto aniversario de los sucesos, marcado por varios homenajes a los fallecidos, pero con menor ruido político que años anteriores.

La prevaricación administrativa castiga a los funcionarios o autoridades que dicten una resolución arbitraria con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años. El otro delito, la discriminación en el acceso a un servicio público, conlleva penas de cárcel de seis meses a dos años.

La resolución es recurrible ante el propio juez o ante la Audiencia. Mur ha respondido a este diario que aún no ha recibido el escrito. “Analizaremos el auto cuando lo tengamos y estudiaremos posibilidades”, ha dicho. El abogado de Peromingo, Borja Fiestas, no ha contestado a una solicitud para incluir su versión en este artículo.

Mur ha estado en el centro de la polémica desde que salieron a la luz los protocolos de triaje que él firmó como director general de coordinación sociosanitaria, el responsable de la Consejería de Sanidad que velaba por la atención sanitaria a las residencias de mayores. Envió a los hospitales cuatro versiones (el 18, 20, 24 y 25 de marzo de 2020) que pedían a los geriatras responsables de los ingresos que descartaran a las personas con dependencias mentales o físicas con el objetivo expreso de impedir un colapso hospitalario. Se suponía que a cambio iba a producirse un refuerzo médico en las residencias, pero Mur protestó internamente porque no era realidad, como reveló EL PAÍS. “No deseo que ninguna autoridad tenga en su conciencia un número importante de fallecimientos evitables”, escribió en un correo recibido por sus superiores y los de la consejería de Políticas Sociales.

Peromingo es otro de los protagonistas del caso. Lideró al grupo de geriatras de hospital que asistieron a Mur en el diseño del triaje. Era el jefe de geriatría del Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles y como tal actuó de filtro para las peticiones de ingreso provenientes de las decenas de residencias de su zona. Estos médicos promovieron un escrito destapado por este periódico quejándose de la falta de medicalización. Uno de ellos le dijo a este diario: “Estamos hartos de toda esta mierda”. Peromingo relevó a Mur en el cargo de director general en mayo de 2020 y ocupó el puesto hasta julio de 2023.

Los apuros judiciales de ambos comenzaron recientemente, cuando las familias adoptaron un cambio de estrategia. Las dos asociaciones que los representan, Marea de Residencias y Verdad y Justicia, presentaron en octubre de 2024 una denuncia colectiva por el delito de discriminación en el acceso a un servicio público y pusieron el foco en ellos dos y otros dos ex responsables, el exgerente de las ambulancias, Pablo Busca, y un exasesor de la presidenta, Antonio Burgueño. Hasta entonces las familias habían perseguido sin éxito a Ayuso y dos exconsejeros por homicidio imprudente, trato vejatorio, prevaricación y denegación de auxilio.

La apuesta de las familias por cambiar de delito y de presuntos autores dio un impulso a la causa y en la primavera del año pasado los jueces comenzaron a imputar a los ex responsables. Meses después, el PSOE anunció que se personaba en una serie de juzgados que investigan los hechos.

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