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ENSAYOS DE PERSUASIÓN
Columna

Los niños y adolescentes son los perdedores en la economía española

Uno de cada tres menores vive por debajo del umbral de la pobreza en nuestro país, una situación que se está cronificando

Inicio del curso escolar en una escuela de Getxo, en septiembre de 2025

Para qué le sirve a Trump el petróleo, todo el petróleo, de Venezuela? Es una pregunta retórica ya que la respuesta la ha dado él mismo con sus declaraciones y sus intenciones: para enriquecerse junto a los plutócratas que le acompañan. Nada que ver con la democracia de América Latina, y nada que ver con la pobreza y la corrección de las gigantescas desigualdades internas de EE UU. Por ejemplo, el hecho de que más de 12 millones de niños norteamericanos estén en riesgo de exclusión y pobreza extrema.

Esta última situación, de la que tan poco se habla, es una especie de mecanismo de inferiorización, una suerte de determinismo social del que cada vez es más difícil escapar. Los sociólogos abundan en la tesis de que cuando los destinos sociales están trazados desde antemano, las cartas están echadas antes de que nos demos cuenta. El francés Didier Eribon es más concluyente incluso: las sentencias se graban a fuego en nuestros hombros en el momento de nacer, y los lugares que vamos a ocupar están definidos y delimitados por lo que nos precede. Es el fracaso del ascensor social y de la igualdad de oportunidades.

En España la economía va prudentemente bien. Se crece por encima de los países de nuestro entorno, el paro se ha situado por debajo del 10% y hay zonas y sectores rozando el pleno empleo, y aspectos hasta ahora poco reconocidos en el cuadro macroeconómico como el abandono escolar o la formación profesional mejoran sustantivamente. Sin embargo, lo relacionado con la pobreza, exclusión y las desigualdades económicas avanza mucho más lentamente. La Encuesta de Condiciones de Vida indica que el porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social apenas se mueve: un 25,7% en 2025 frente al 25,8% de un año antes; el porcentaje de población que se encontraba en situación de carencia material y social severa se redujo hasta el 8,1% frente a un 8,3%; el 8,5% de la población llegó a fin de mes con “mucha dificultad”, el 36,4% no tuvo capacidad para afrontar gastos imprevistos, y nada menos que el 32,2% no se pudo ir de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año. Estos datos son una suerte de modelo social negativo.

Los datos referentes a la pobreza infantil en España son coincidentes, se utilice la fuente que se utilice: cerca del 29,2% de los niños y adolescentes vive por debajo del umbral de pobreza (ingresos menores al 60% de la mediana nacional), lo que equivale a un total de 2,7 millones de menores afectados. Si se incluye el riesgo de pobreza o exclusión (que suma carencias materiales o empleos débiles), el porcentaje asciende al 34,6%: más de uno de cada tres niños. Cuando el informe Foessa aborda esta realidad indica que desde que comenzó la Gran Recesión la exclusión social entre la población infantil y juvenil no ha dejado de aumentar, y ambos grupos se han convertido en los “grandes perdedores del modelo socioeconómico actual”. Al dar el salto de los niños a los jóvenes, el informe describe lo siguiente: “La juventud española vive con profundo pesimismo su futuro, marcado por la precariedad laboral, las dificultades de acceso a la vivienda, la dependencia familiar y la imposibilidad de construir un proyecto vital autónomo”.

Nada que no sepamos, pero es subrayable la cronificación de la pobreza infantil como factor definitorio de la sociedad española, en tasas más altas que las de la mayoría de los países europeos (la UE está en alrededor del 24% de pobreza infantil). Ahora que se está estudiando en algunos lugares la trazabilidad de un Estado de bienestar moderno adecuado a la situación demográfica, se describe la necesidad de un nuevo derecho de ciudadanía: una prestación universal porj crianza, que ya albergan muchos vecinos europeos. Se trataría de una cantidad dotada universalmente —es decir, un derecho— para paliar la pobreza infantil, que sería distinta dependiendo de la capacidad fiscal y de la riqueza de cada país.

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