La odisea de homologar un título universitario extranjero

Todo se inicia recopilando papeles: el título a homologar, identificación (pasaporte, NIE o DNI), prácticas, acreditación lingüística (si aplica) y pagar una tasa. Luego hay que crear una cuenta en la web del Ministerio de Universidades. Desde 2022, el proceso es digital: hay que subir los documentos, apostillados y convertidos al sistema europeo de créditos. Si no están en español, hay que traducirlos. Y a partir de ahí comienza una verdadera odisea. “El expediente atraviesa diversas fases. Algunas veces, te piden un documento que ya entregaste. No hay notificación sobre cuál es el estatus del trámite ni cuándo hay un cambio”, dice Cynthia Vargas-Téllez, portavoz de la asociación Homologación Justa Ya!

De acuerdo con un informe de la asociación, realizado entre solicitantes en abril de 2024, al 43,2% de ellos se les ha pedido un documento que ya habían enviado y a un 24,4% se les solicitó un documento que no estaba en el listado. El proceso para validar un título extranjero en España continúa siendo una carrera de obstáculos. Aunque las cifras de resoluciones han mejorado —pasando de 10.100 expedientes en 2020 a 27.200 en 2023 —, el sistema sigue sin absorber el volumen de solicitudes: cada mes llegan unas 5.000 peticiones, en su mayoría (un 84%) procedentes de América Latina, pero también hay casos de europeos con estudios en Asia, el Reino Unido y otras partes del globo.

El año pasado se alcanzó un récord con 40.200 trámites concluidos. En enero de 2025, el Ministerio de Universidades resolvió 7.932 expedientes, un salto notable frente a las apenas 400 homologaciones mensuales que se gestionaban en 2017. El incremento multiplica por 18 la capacidad de resolución, según datos oficiales.

El acelerón responde, sobre todo, a una transformación profunda del sistema, la cual incluye una digitalización real y el uso efectivo de herramientas tecnológicas. Los reales decretos de 2014 y 2022 ya contemplaban la posibilidad de aplicar procesos automatizados y sistemas de validación electrónica para facilitar las homologaciones, pero su implementación había sido mínima. Recién, la Administración ha puesto en marcha estas herramientas con mayor rapidez, reducir la intervención manual y evitar errores o duplicidades que alargaban innecesariamente los tiempos. Esta modernización está tomando forma y desde el lado de los principales involucrados, los solicitantes, no se está notando. “Hay muchísimos expedientes paralizados y personas que llevan años esperando. En nuestra cuenta de Instagram, que es nuestra red más fuerte, puedes ver testimonios de personas que dicen: ‘Espero que esta vez el ministerio nos escuche, llevo tres años’; ‘llevo cinco años esperando...”, comenta Vargas-Téllez.

Nuevos criterios

Desde octubre de 2024, además, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha puesto en marcha diversas acciones para agilizar el reconocimiento de títulos. Entre las más relevantes está la incorporación del criterio de “medidas generales”, una fórmula que permite resolver de forma conjunta expedientes similares (por país, universidad o profesión) sin necesidad de evaluarlos uno a uno. Esta iniciativa — impulsada por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) y aprobada por la Comisión de Análisis Técnico de Homologaciones y Declaraciones de Equivalencia (CATHDE)— busca aliviar una carga burocrática que ha lastrado durante años a la Administración.

Porque después de que el solicitante presenta la documentación en la plataforma electrónica, se presentan diversas posibilidades en el trámite. Una vez recibida la solicitud, la unidad de tramitación del ministerio revisa que todos los documentos sean válidos y estén completos. De ser así, el expediente pasa al análisis técnico, donde se evalúa si la formación es equivalente a la que se imparte en una Universidad española. Aquí es donde entran en juego las “medidas generales”: si el título ya ha sido evaluado favorablemente en expedientes anteriores, se puede aplicar una resolución automatizada, evitando duplicar esfuerzos. En el caso de que no exista un precedente, el expediente se deriva a ANECA, que lo examina en profundidad.

La agencia compara la duración de los estudios, el contenido de las asignaturas, la carga lectiva y las competencias adquiridas. Esta evaluación técnica puede demorarse si la documentación no es clara o si se requiere la intervención de expertos externos. Finalmente, una vez emitido el informe, el ministerio dicta una resolución favorable; favorable condicionada (en la que se pide más horas de prácticas profesionales o revalidación de asignaturas) o denegatoria (o desfavorable). La persona solicitante es notificada por vía electrónica o por correo postal.

A pesar de las mejores introducidas, el sistema hace frente a diferentes desafíos. La digitalización ha permitido acelerar parte del proceso. Pero los tiempos de espera siguen siendo largos, reclaman desde la organización Homologación Justa Ya! Para saltar ese obstáculo, el Ministerio de Universidades ha firmado recientemente una encomienda de gestión con INECO, una empresa pública española de ingeniería y consultoría del Ministerio de Transporte.

Asimismo, se ha rediseñado la aplicación informática, se ha incrementado la plantilla en estas tareas y se ha dictado una nueva versión de orden ministerial para facilitar la tramitación dentro del marco legal vigente. Actualmente, según Homologación Justa Ya! —que ha presentado una petición al Parlamento Europeo y ha estado trabajando con varios partidos para impulsar una proposición no de ley para agilizar el proceso—, en el país existen unas 100.00 personas que están a la espera de la resolución de sus expedientes. El 90% de los títulos profesionales en trámite son de personal sanitario, uno de los sectores donde más se requiere personal en España. La asociación estima que, al ritmo de nuevas solicitudes y procesamiento actuales, para el próximo año la cifra de expedientes acumulados llegará hasta los 140.000 y para 2029 saltará a los 200.000.