Quirón quiere que la empresa saliente de su nuevo laboratorio madrileño despida a la plantilla para recontratarlos sin antigüedad

Faltan solo siete días para que el gigante hospitalario Quirónsalud tome el control de un importante laboratorio público en la Comunidad de Madrid y todo apunta a un choque con la empresa saliente, Ribera Salud. Quirón pretende que Ribera despida a los 249 empleados de ese centro ubicado en San Sebastián de los Reyes que ha gestionado desde 2008 para luego recontratar a una parte, quienes perderían así sus derechos de antigüedad y por tanto serían menos onerosos. Ribera se opone a pagar una enorme factura en finiquitos y cree que Quirón debe heredar a sus trabajadores. El tiempo corre y las dos empresas rivales, las dos grandes protagonistas de la colaboración público-privada en la sanidad madrileña, están condenadas a colaborar. Según los pliegos el primer día, el viernes 1 de mayo, debería comenzar un período de convivencia en el laboratorio para garantizar una transición ordenada, pero el traspaso en estas circunstancias corre peligro.

Las dos compañías guardan discreción sobre este conflicto, mientras la plantilla siente que su futuro está en el limbo. Han convocado una concentración a las puertas de sus instalaciones para el martes que viene, tres días antes del Día D. “Nos echan a la calle”, dice el cartel. “El grupo Quirón NO VA A SUBROGAR al personal actual. Un nuevo regalo de Ayuso a su empresa amiga”.

El interés de Quirón en poner el contador a cero se debe a que los trabajadores perderían derechos adquiridos por antigüedad, como salarios más altos o una indemnización mayor en caso de despidos. Fuentes de la empresa informan de que quieren repescar a los trabajadores existentes, pero aparentemente solo quieren a una parte de los empleados porque la compañía publicó en febrero anuncios de empleo y hace unos días la directora del laboratorio del Hospital Ruber, de Quirón, escribió un correo a sus técnicos ofreciéndoles desplazarse al nuevo centro de trabajo.

El laboratorio en cuestión nació en la era de Esperanza Aguirre como un centro público privatizado y se encuentra en el Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes, al noreste de la capital. Procesa las pruebas médicas de 1,4 millones de madrileños (analiza las muestras del área de ese hospital y de otros cinco en distintas partes de la región, que recibe por mensajería de laboratorios satélite: Vallecas, Coslada, Parla, Aranjuez y Arganda del Rey). Por ese motivo se lo conoce como el Laboratorio Clínico Central.

Ribera, cuya imagen resultó dañada el año pasado por su voluntad de anteponer el negocio a la salud en el hospital público de Torrejón, ha gestionado el laboratorio bajo el formato de unión temporal de empresas (UTE) con distintos aliados desde el origen en 2008. A finales del año pasado salió una nueva licitación que ha ganado Quirón, la empresa a la que la oposición de izquierdas acusa de trato de favor por parte del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Quirón ya tiene acuerdos de cientos de millones por la atención en cuatro hospitales de la red pública madrileña. Ahora suma este nuevo contrato. Desde el 1 de mayo se encargará del laboratorio durante cinco años, a cambio de 120 millones de euros públicos.

Las dos empresas no se han reunido aún. Fuentes de Ribera indican que siguen a la espera de noticias. La Consejería de Sanidad no les ha notificado todavía la adjudicación, aunque la conocen desde que el resultado fue publicado el 10 de abril en el portal online de la Comunidad. Los responsables de Quirón han visitado recientemente las distintas sedes de trabajo acompañados de personal de la Consejería, según fuentes de la plantilla. El director de comunicación de Quirón, Julio Llamazares, se ha limitado a enviar este mensaje a este diario: “El proceso de integración se hace en estricto cumplimiento de la norma y la legislación laboral”.

Las sucesiones de empresas acaban a menudo en los tribunales. La ley española y una directiva europea contemplan que los contratos de trabajo no se extinguen, pero la letra de esas normas es tan interpretable que la jurisprudencia ha permitido excepciones, dice Ana Gómez, presidenta de la Asociación Nacional de Abogados Laboralistas, Asnala. “La ley no es tan clara y hay mucha casuística que ha favorecido a las empresas, que se juegan mucho dinero”, dice Gómez.

La continuidad del personal está asegurada cuando lo dice expresamente el convenio colectivo sectorial o los pliegos del concurso público, pero ese no es el caso. El Tribunal Supremo ha concluido que en situaciones como esta si la empresa entrante tiene medios propios suficientes puede prescindir de la plantilla ajena. No obstante, la abogada de Asnala considera que Quirón incurriría en un fraude de ley si recontrata a los despedidos.

El caso podría acabar en una batalla judicial y el relevo en un peligroso caos. Ni siquiera se sabe cuánto tiempo durará el período de convivencia de las dos empresas porque deben sentarse a la mesa para redactar un plan de transición. El comité de empresa, controlado por UGT, ha advertido de los riesgos: “Las personas trabajadoras creen que un cambio de la totalidad de la plantilla en los seis laboratorios puede producir importantes retrasos y fallos por la complejidad organizativa del laboratorio, lo que sería nefasto para la población adscrita a estos centros hospitalarios”.

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