La justicia ordena a RTVE emitir una rectificación solicitada en los tribunales por el Gobierno de Ayuso

La justicia ha ordenado a RTVE y su presidente, José Pablo López, emitir la rectificación solicitada por el Gobierno de la Comunidad de Madrid por emitir en diciembre un rótulo en el programa Mañaneros que vinculaba una subvención al Colegio de Abogados de Madrid con su papel como acusación en el juicio contra el fiscal general del Estado. Sin entrar a valorar la veracidad de esa afirmación, la sentencia, leída por este diario, ampara el derecho del Ejecutivo autonómico a “ofrecer hechos, datos o información que puntualice o complemente la información emitida, de modo que el titular del derecho pueda dar su propia versión”. En consecuencia, la rectificación deberá leerse “en el mismo espacio televisivo Mañaneros y en el mismo horario de difusión, por condena judicial -así indicándolo expresamente- y mediante su lectura íntegra”. RTVE tiene la posibilidad de apelar la sentencia.

Esto se leía en el rótulo de la polémica: “Ayuso premia a la acusación contra el fiscal. Subvención de 43 millones para el ICAM a una semana de la denuncia al fiscal, y después, licencia para convertirse en universidad“, se añadía como ilustración a una entrevista al exjuez Baltasar Garzón.

Vista la emisión, el consejero de Presidencia de Madrid, Miguel Ángel García Martín, dirigió una carta solicitando una rectificación. En ella reprochó la vinculación de la subvención mencionada (destinada al pago del turno de oficio y de la asistencia jurídica gratuita), y la autorización para impartir un grado y tres másteres como centro adscrito a la Universidad Complutense (UCM), con el papel ejercido por esta institución como acusación en el juicio al entonces Fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Ese proceso se abrió tras una querella por la filtración de un email correspondiente al caso de presunto fraude fiscal supuestamente cometido por la pareja de la presidenta autonómica, Alberto González Amador. García Ortiz fue condenado en el Supremo, por lo que ha acudido ahora al Constitucional.

“Cualquier intento de vincular el abono de los servicios de asistencia jurídica gratuita a los profesionales de la abogacía y la procura con otro tipo de circunstancia responde sólo, a nuestro juicio, a un deseo de desinformar y confundir a los ciudadanos, intentar desprestigiar a la Comunidad de Madrid y al Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid y tratar de justificar la actuación del fiscal general del Estado, condenado por saltarse la ley”, exponía en esa carta García Martín. “En relación con el centro universitario del ICAM adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, su tramitación se inició en el año 2023 y ha cumplido escrupulosamente la normativa vigente“, continuó. Y remató: ”Por todo lo anterior, exigimos la inmediata rectificación de la información publicada por su medio de comunicación por tendenciosa y por no ajustarse a la verdad, reservándonos el derecho a emprender las acciones que pudieran correspondernos en defensa de la institución de la Comunidad de Madrid”.

Esta misiva será ahora el núcleo de la rectificación, aunque la sentencia especifica que debe retirarse la expresión “condenado por saltarse la ley” en referencia a García Ortiz. Por lo tanto, RTVE no ha visto aceptado el argumento de que su emisión recogió opiniones no susceptibles de rectificación y hechos contrastables.

Además, la Comunidad de Madrid deberá pagar los abogados de una persona a la que codemandó al identificarla como directora del programa que emite RTVE, sin que ocupara ese cargo, por lo que debió desistir de su presencia en el proceso.