El Supremo rechaza el recurso del Ayuntamiento de Madrid contra la sentencia que anuló la zona de bajas emisiones

El Tribunal Supremo (TS) ha inadmitido el recurso presentado por el Ayuntamiento de la capital contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que anuló hace dos años varios artículos de la Ordenanza de Movilidad Sostenible de Madrid tras un recurso presentado por Vox. En concreto, lo referido a la delimitación y funcionamiento de la zona de bajas emisiones. El motivo era la falta de un informe de impacto económico, considerado esencial, por lo que se había elaborado ordenanza sin tener en cuenta las consecuencias económicas de la restricción de circulación. Desde entonces, como la sentencia no tenía carácter ejecutivo, las sanciones seguían en vigor. El auto, al que ha tenido acceso este periódico, es firme y contra él no cabe recurso. Se imponen costas de 2.000 al Consistorio madrileño. El pasado 24 de marzo, el Ejecutivo local aprobó una nueva ordenanza de movilidad para la que se hizo un nuevo análisis económico. Por ello, indica un portavoz, “queda sin efecto la sentencia del Supremo”.

En septiembre de 2024, el TSJM estimó el recurso contencioso-administrativo que presentó el grupo municipal de Vox contra un acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 2021 que modificaba la ordenanza de movilidad de 2018. La resolución no discutía la necesidad u obligatoriedad de delimitar este tipo de áreas —estipuladas en la Ley de Cambio Climático española—, tampoco la potestad del Consistorio para hacerlo.

El tribunal anuló las tres zonas de bajas emisiones porque consideró “insuficientes” los informes económicos que justificaban el establecimiento de estas áreas. Estimó entonces que debería haberse realizado una ponderación adecuada del balance de beneficios y costes de la medida, y haber valorado opciones menos restrictivas pero de similar efecto. También constataron deficiencias en el informe de impacto medioambiental, uno de los motivos por los que la justicia ha tumbado varios proyectos del Ayuntamiento en los últimos años. Ahora, el Supremo no entra a resolver el fondo de la cuestión, sino que rechaza el recurso del Consistorio por falta de interés casacional objetivo.

En el Pleno de marzo, el Ayuntamiento aprobó, entre críticas y quejas y gracias a su mayoría absoluta, la nueva Ordenanza de Movilidad Sostenible, impulsada por el delegado del área, Borja Carabante. La aprobación llegó año y medio después de la sentencia del TSJM.

Las novedades de la ordenanza, recogidas en dos enmiendas introducidas en las últimas semanas por el propio PP, incluyen que los coches de empadronados sin etiqueta podrán circular por Madrid siempre que se cumplan los límites europeos de contaminación y que se pueden ampliar los días y el horario del Servicio de Estacionamiento Regulado en zonas con gran demanda de aparcamiento. Vox y Más Madrid presentaron enmiendas a la totalidad, y el PSOE presentó seis concretas. Carabante se enorgulleció por la aprobación, que consideró “un éxito”.

Por su parte, el concejal del Grupo Municipal Socialista Ignacio Benito ha criticado la actuación del Ayuntamiento tras conocerse la decisión del Tribunal Supremo y ha acusado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, de ser un ejemplo de “todo lo que no hay que hacer en procedimientos administrativos”.

A su juicio, el Gobierno municipal está “acostumbrado a gobernar con mayoría absoluta”, lo que, según afirma, le ha llevado a olvidar el cumplimiento de los criterios técnicos exigidos por cada norma. Ha recordado que, en unas ocasiones, se prescindía del informe de impacto ambiental y, en otras, como en este caso, del análisis económico.

Además, Benito ha denunciado que esta forma de actuar genera “inseguridad jurídica” entre la ciudadanía y ha cuestionado cómo puede exigirse el cumplimiento de la ley cuando “el primero que se la saltaba reiteradamente era el alcalde”, en un asunto especialmente sensible como las zonas de bajas emisiones, que —subrayó— salvan vidas en una ciudad con alrededor de 2.000 muertes al año por la contaminación.

A estas críticas se ha sumado Más Madrid. La concejala Esther Gómez ha asegurado que “es otro ejemplo más de lo chapucero que es este Gobierno municipal”. A su juicio, Almeida “lo hizo mal desde el principio: no cumplió con todos los requisitos exigidos, por ejemplo, con un informe económico financiero insuficiente, y aprobó una ordenanza deficiente”. Además, ha señalado que “sus tejemanejes de entonces, forzando pactos, han desembocado en este auto judicial”.

Gómez ha insistido en que “siempre lo hemos dicho: Almeida tiene cero ambición en la protección de la salud de los madrileños” y ha criticado que “se dedica a abrazar el negacionismo de la extrema derecha y, hace un mes, aprobó una nueva Ordenanza de Movilidad que no solo supone un estancamiento, sino también un retroceso”.

En este sentido, ha advertido de que “se trata de un paso atrás que implicará que, en 2030, se incumplan los niveles de contaminación establecidos por la directiva europea de calidad del aire aprobada en 2024”. Según ha explicado, “con datos de 2025, 17 de las 24 estaciones incumplirían los nuevos valores límite de NO₂” y, a solo cuatro años del plazo para cumplir estos objetivos, “resulta irresponsable tomar esta decisión”.

Por último, ha lamentado que “en lugar de aprender de sus errores, Almeida perdió la oportunidad de impulsar un cambio sustancial en aspectos relevantes como la protección de los entornos escolares y otros espacios con población vulnerable; la mejora de la distribución urbana de mercancías; la priorización de un transporte público que funciona cada vez peor; o el fomento de la movilidad activa y compartida, con el objetivo de lograr un uso más racional de los vehículos, especialmente de los más contaminantes”.