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Almeida, sobre la tasa de basuras: “¿No les gusta? Vamos juntos al Ministerio de Hacienda y pidamos la derogación de la ley”

La plataforma No Al Cantón y los ciudadanos cuyos pisos vendieron Gallardón y Botella a fondos buitres se concentran frente a Cibeles durante un Pleno donde se ha aprobado definitivamente la nueva Ordenanza de Movilidad Sostenible

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, interviene en el pleno Ordinario del Ayuntamiento de Madrid celebrado este martes. Rodrigo Jiménez (EFE)

Unos 20 minutos después de empezar el Pleno, decenas de folios naranjas han volado por el salón y sobre los concejales. Los han tirado miembros del Sindicato de Inquilinas y vecinos de Carabanchel, Villaverde y Vallecas, cuyos pisos de titularidad pública vendieron en su día Alberto Ruiz Gallardón y Ana Botella, ambos alcaldes del PP en la capital, a dos fondos de inversión, que ahora los revenden mucho más caros a otras entidades privadas extranjeras. Ha sido el momento más tenso de una sesión por lo demás tranquila. “Las personas en la tribuna de invitados tienen que guardar silencio o tendré que expulsarlas. Siéntense”, ha espetado el presidente de la mesa, Borja Fanjul. Los vecinos, en la tercera planta, han gritado: “Almeida actúa, recupera las viviendas”. Es entonces cuando han lanzado las hojas y se ha ordenado su desalojo. Fanjul ha zanjado el revuelo:

―Les he llamado al orden en demasiadas ocasiones. Lo mismo para el resto de concejales. El primero que vuelva a abrir la boca antes de que hable el secretario, le llamo al orden y se acabó.

Las protestas se han avivado después de la segunda intervención del alcalde, José Luis Martínez Almeida, a quien la oposición le ha exigido este martes que pida perdón. Por todo y a todos los madrileños. Que se lo pidan a los ciudadanos cuyas viviendas venden los fondos, que se han concetrado fuera del edificio, a quienes han abonado la tasa de basuras ―que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anuló ayer por un fallo en la tramitación―, y a los vecinos de la plataforma No Al Cantón de Montecarmelo, que también han asistido a la sesión y se han concentrado frente a Cibeles durante un Pleno marcado en el que se ha aprobado definitivamente la Ordenanza de Movilidad Sostenible y se ha hablado de vivienda, de proyectos en el sur de la capital, de Pedro Sánchez, de okupación, de Irán y del “borrado de las mujeres”.

Almeida respondía a la líder de Más Madrid, Rita Maestre, después de que esta mostrara uno de los burofax del fondo que ha recibido Juan, vecino de Carabanchel afectado por la reventa de su piso a entidades privadas extranjeras. “Esto es una estafa, la suya, la del PP. Vendieron estas viviendas a un amigo, Blackstone. Las casas pasan de fondo a fondo como si fueran cromos, como si no fueran hogares”, le ha dicho Maestre. A lo que el alcalde ha contestado que por qué no las compró cuando ella formaba parte del gobierno o por qué no las adquiere casa 47: “Dígale a Juan que en su querida Barcelona, el parque público de vivienda ha descendido y en Madrid ha crecido un 40% en los últimos años. Pídale perdón a Juan por engañarle miserablemente”. Aplausos y vítores en la bancada popular.

La oposición en bloque ―PSOE, Más Madrid y Vox― ha utilizado sus intervenciones para criticar la tasa de basuras, aludir al fallo del TSJM y pedir a Almeida que reembolse todo el dinero a quienes han pagado ya. La portavoz socialista, Reyes Maroto, la ha calificado de “nueva chapuza” y “desastre de gestión”. Maestre pide que se devuelva “hasta el último euro” y afea que en el Ayuntamiento “no han sido capaces de adjuntar los papeles mínimos”. La edil de ultraderecha Arantxa Cabello, una de las concejalas fiel a Vox y no al todavía portavoz, Javier Ortega-Smith, hablaba de “tasazo” y exige el reintegro total de los casi 300 millones recaudados.

Almeida ha repetido lo que lleva contestando desde que se aprobó la tasa y comenzaron las quejas: “¿No les gusta la tasa de residuos? Vamos al Ministerio de Hacienda juntos para pedir su derogación". El alcalde se refiere a que la puesta en marcha del impuesto es un mandato estatal. No ha avanzado qué prevé hacer el Ayuntamiento respecto a los pagos ya abonados, ni si recurrirán la sentencia, que ha anulado por completo la tasa contra la que enviaron quejas más de 130.000 personas. La delegada del área de Hacienda, Engracia Hidalgo, encargada del diseño del tributo, ha remarcado este martes que aún no han tomado una decisión sobre cómo proceder y que ya sabía que la tasa sería “un calvario”. “La tasa la hemos tenido que poner porque el señor Sánchez la ha exigido y no me canso de decir que la regulación que se había hecho de la tasa de basuras otorgaba una inseguridad juríca a todos los Ayuntamientos”. También ha asegurado que en la de 2026 han incluido toda la información y está en regla.

Entre críticas y quejas, este martes se ha aprobado definitivamente, a pesar de las polémicas pasadas y gracias a la mayoría absoluta del PP, la nueva Ordenanza de Movilidad Sostenible, impulsada por el delegado del área, Borja Carabante. La aprobación llega año y medio después de que el TSJM también tumbara varios preceptos de las tres Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) tras un recurso presentado por Vox. El Consistorio recurrió y el fallo, aun así, no suspende ninguna ZBE ni tiene carácter ejecutivo, por lo que las sanciones siguen en vigor desde entonces.

Las novedades de la ordenanza, recogidas en dos enmiendas introducidas en las últimas semanas por el propio PP, incluyen que los coches de empadronados sin etiqueta podrán circular por Madrid siempre que se cumplan los límites europeos de contaminación y que se pueden ampliar los días y el horario del Servicio de Estacionamiento Regulado en zonas con gran demanda de aparcamiento. Ignacio Ansaldo, uno de los concejales que sí apoya a Ortega Smith ―como ya ocurrió en el Pleno anterior, la formación ha votado a las proposiciones por separado―, ha sido muy crítico con la ordenanza: “El proyecto de la ordenanza nace viciado, es un fraude de ley y reproduce una norma anulada sin corregir los vicios detectados. Es un proyecto redactado bajo una premisa de urgencia falsa”. Tanto Vox como Más Madrid presentaron enmiendas a la totalidad, mientras que el PSOE presentó seis concretas. Carabante, seguro de que la normativa sale adelante, se ha enorgullecido de lo que considera “un éxito”.

Mientras en el Pleno se debatía una propuesta para defender la paz en Irán, una treintena de vecinos de la plataforma No Al Cantón de Montecarmelo gritaban “Carabante, mentiroso” frente a Cibeles. El jueves pasado, Almeida pasó al ataque con los miembros de la plataforma, a quienes diferencia de los ciudadanos del distrito de Fuencarral-El Pardo, porque, dijo, “no representan a todos”. El alcalde se refirió a sus reivindicaciones y denuncias como “leyendas y mentiras”, y les espetó a “pedir disculpas” por “asustar” y “engañar al resto de ciudadanos”. “Prácticamente, dijeron que aquello iba a ser Chernóbil”, saltó, preguntado por la lucha vecinal.

Todo son mentiras. Es en lo que coincide el conjunto de los grupos políticos. Para el PP, mienten la plataforma y los partidos que la apoyan. Para la oposición mienten Almeida y Carabante. En concreto, para José Antonio Martínez Páramo, concejal popular y quien anunció a bombo y platillo que el Ayuntamiento “renunciaba” a la instalación del Selur, mienten todos, sin excepción: “Miente la señora Maroto. Mienten diciendo que se paralicen las obras del Selur. ¿Qué obras del Selur? Mienten cuando dicen que los cantones son vertederos". Páramo ha adelantado, además, que el Ayuntamiento va a invertir 3,9 millones de euros en un parque 6,3 hectáreas en el que plantarán 1.652 árboles.

Contra el “borrado de las mujeres”

La mayoría de propuestas presentadas por el resto de grupos, como derribar el scalextric de Puente de Vallecas, parar las obras de Montecarmelo o apoyar la desescalada en Irán, han sido rechazadas por el rodillo del PP. Sí ha salido adelante una presentada casi al final del Pleno por el equipo de gobierno: que se promueva, de urgencia, una ley “contra el borrado de las mujeres”. El Partido Popular ya registró hace dos semanas en el Congreso de los Diputados una Proposición no de ley (PNL) en la que pedía al Gobierno reformar la ley Trans para limitar el cambio de sexo registral basado en la autodeterminación de género. Petición en la que mezclaron, como ha ocurrido también en Cibeles, la ley trans con el burka y el niqab.

La propuesta, ha afeado el concejal Eduardo Rubiño, llega tres días después de que una mujer trans recibiera una paliza por parte de una decena de personas en un pueblo de León el pasado sábado. “Quiero dedicar esta intervención a Blanca Lisbez Fernández. Se le debería caer la cara de vergüenza de traer esta proposición. Ella sí acabó con la cara borrada [ha enseñado la foto de la mujer agredida]. Les pregunto: ¿a qué baño debería haber ido para que no le dieran la paliza?”, ha criticado Rubiño tras las palabras de la edil del PP Paula Gómez-Angulo, que ha defendido que “las mujeres no son una categoría retórica ni una ficción al ritmo de una moda ideológica”, para inmediatamente después añadir que condena la agresión y asegurar que su propuesta “no va en contra de nadie”.

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