Frente a la revisión del pasado, el compromiso presente con los indígenas, cuyos antepasados habitaron América cuando llegaron los españoles

En unas declaraciones recientes, el rey Felipe VI reconoció que durante la Conquista de América se produjeron hechos que, vistos con los criterios actuales, “no pueden hacernos sentir orgullosos” y que, pese a la existencia de las Leyes de Indias de carácter proteccionista, hubo “muchos abusos”. Sus palabras, orientadas a destensar las relaciones entre España y México, han vuelto a desatar la polémica.

Para algunos, incluido el Gobierno español, estas declaraciones parecen acertadas y razonables. Para otros, que recuerdan los grandes aportes civilizatorios de España a América, carecen de fundamento y son absolutamente desacertadas.

Pero también los hay que entienden que son insuficientes y que lo que debería hacer España es pedir perdón por el supuesto genocidio que se cometió. Como profesores e investigadores —uno español y otro mexicano— especializados en pueblos indígenas y comprometidos con la preservación de sus culturas, queremos reflejar nuestra posición sobre esta cuestión con un objetivo constructivo e intentando ofrecer una mirada equilibrada.

Es indudable que los pueblos indígenas han sido víctimas a lo largo de la historia. Lo fueron, desde luego, en la época de la conquista y la colonización española en América, especialmente en los primeros tiempos en los que sufrieron persecuciones, matanzas indiscriminadas, usurpación de sus territorios, semiesclavitud bajo el régimen de encomiendas, desconocimiento de sus autoridades, destrucción de sus instituciones políticas y jurídicas, desvalorización de sus culturas e imposición de creencias. Las crónicas de Indias y los estudios etnohistóricos así lo ponen de manifiesto; es absurdo pretender negarlo.

Que incas o aztecas no hubiesen mostrado misericordia alguna con los pueblos que dominaron, que Hernán Cortés o Pizarro contasen entre sus tropas con miles de guerreros indígenas de diferentes pueblos, que otros conquistadores europeos (ingleses, franceses u holandeses) fuesen muchos más crueles que los españoles y no promoviesen ningún tipo de mestizaje, que España construyese las primeras universidades en el continente o difundiese el castellano y sus escrituras, entre otros aportes importantes, no debe llevarnos a negar la realidad de los primeros tiempos.

Más allá de aquellos momentos iniciales, los pueblos indígenas también fueron víctimas posteriormente, cuando ya se habían creado las repúblicas independientes americanas. Las autoridades de aquellas repúblicas nacientes incumplieron los tratados y acuerdos concertados con ellos; desconocieron los fueros proteccionistas consolidados por el Derecho Indiano, desarrollaron campañas militares con intenciones genocidas (en el caso mexicano destaca la persecución y esclavitud del pueblo yaqui) y forzaron el reparto de sus tierras comunitarias en nombre del liberalismo y la propiedad privada.

Ya en el siglo XX, los pueblos indígenas sufrieron políticas etnocidas, asimilacionistas y paternalistas y, en nombre del progreso de los países en los que habitaban —cuando España hacía ya mucho tiempo que no dominaba la región—, fueron víctimas de la imposición de modelos de desarrollo que, en ocasiones, conllevaron desplazamientos forzosos de población, el internamiento forzado de sus niños y adolescentes, la destrucción de los ecosistemas en los que vivían y un ataque inducido contra sus formas de vida tradicionales.

Lamentablemente, los pueblos indígenas también han sido víctimas de crímenes de guerra, han sufrido el reclutamiento forzoso de muchos de sus jóvenes y han asistido a la militarización de sus territorios en el marco de las guerras civiles y los conflictos que han asolado gran parte de las naciones en las que habitan. Además, han sido víctimas de la apropiación indebida de sus conocimientos tradicionales y su patrimonio cultural material e inmaterial.

Los defensores de los derechos indígenas y líderes comunitarios se ven amenazados cotidianamente y muchos han sido asesinados en las últimas décadas

En nuestro tiempo los pueblos indígenas sufren especialmente la acción de las empresas extractivas que actúan en sus territorios originarios, muchos de ellos ricos en recursos naturales y biodiversidad. Los defensores de los derechos indígenas y líderes comunitarios se ven amenazados cotidianamente y muchos han sido asesinados en las últimas décadas.

Los indígenas son los que menos oportunidades tienen para alcanzar una vida digna en muchos de los territorios en los que habitan y lo cierto es que todavía muchos de ellos se encuentran en una situación de preocupante vulnerabilidad. Algunos pueblos incluso están al borde de la desaparición física o cultural. Sufren además discriminación racial y tienen especiales dificultades para acceder a la justicia. Son males de los que no se libra, lamentablemente, la nación mexicana. Conviene reiterar que muchos años después de que los españoles abandonasen aquellas tierras.

Por todo ello, quizás junto a las poblaciones africanas que fueron esclavizadas o los judíos que fueron discriminados y perseguidos históricamente, podemos identificar a los pueblos indígenas (de todo el mundo, no solo de América) como ese tercer colectivo sobre el que la comunidad internacional ha adquirido mayor responsabilidad global por el tratamiento concedido a lo largo de los tiempos.

Ante esta constatación, cabe, pues, preguntarnos seriamente y no de manera oportunista o demagógica: ¿Se deben pedir disculpas a los pueblos indígenas? Y en su caso, ¿quién debe hacerlo? A nuestro juicio, la disculpa nunca puede ser unilateral, sino global. Y es cierto que ese reconocimiento general ya se ha venido produciendo, al menos en lo que a los grandes foros internacionales se refiere. Podemos mencionar como reflejo positivo la adopción de la Declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas por la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre de 2007 (cuyo preámbulo viene a reconocer esa responsabilidad internacional global) o el Documento final de la Conferencia Mundial sobre Pueblos Indígenas, celebrada en Nueva York en septiembre de 2014.

Cabe, pues, preguntarnos seriamente y no de manera oportunista o demagógica: ¿Se deben pedir disculpas a los pueblos indígenas? Y en su caso, ¿quién debe hacerlo? A nuestro juicio, la disculpa nunca puede ser unilateral, sino global

En el caso concreto de nuestro país, la valoración por parte de España de los pueblos indígenas y el reconocimiento de su responsabilidad histórica pasa por la cooperación activa con estos pueblos, desde el reconocimiento de su identidad y su autonomía y por la defensa internacional de sus derechos diferenciados. España cuenta desde hace años con una Estrategia de Cooperación con Pueblos Indígenas que fue negociada con las organizaciones más representativas de América Latina y que, tras el tiempo transcurrido desde su aprobación, ha de ser actualizada. Por otro lado, apoya, con muchos más recursos que los países latinoamericanos, incluido México, a la organización internacional de referencia, el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe. Lo hace, entre otras acciones, a través de la financiación de un importante programa de becas para estudiantes y líderes indígenas.

Además, España es Estado Parte del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), que es el tratado internacional de referencia, y apoyó sin dudarlo en la ONU la Declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas antes aludida.

Ahora bien, la responsabilidad dentro de España con los pueblos indígenas es de todos y no solo del Gobierno central o, en su caso, del resto de las administraciones públicas. Los medios de comunicación, la sociedad civil, los movimientos sociales y las universidades deben jugar un papel de solidaridad con estos pueblos. Ese tiene que ser el camino que las instituciones y la sociedad española deben seguir manteniendo. Todo ello frente a las posiciones idealizadoras, las exigencias demagógicas o las narrativas demonizadoras sobre el pasado común.

Por lo tanto, la promoción de su autonomía, la defensa de su identidad diferenciada y la protección de sus derechos reconocidos internacionalmente es la mejor manera de honrar fraternalmente la memoria de sus antepasados que habitaban América cuando a aquellos territorios llegaron los españoles.