España se posiciona como líder en cooperación hacia los pueblos indígenas de América Latina
De los países europeos que ratificaron el Convenio 169 para la protección de estas comunidades, solo el Estado español cuenta con una política exterior bien definida para aplicarlo

En medio de un contexto en que las crisis económicas, los conflictos locales y globales, así como la falta de certeza en cuanto al rumbo de la política internacional son moneda corriente, y del cual no escapa América Latina, España se ha venido posicionando como promotor en materia de cooperación al desarrollo hacia los pueblos indígenas en la región. Tomando como punto de referencia el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales adoptado por la Organización Internacional del Trabajo en 1991 y ratificado en Europa solo por Dinamarca, Noruega, Países Bajos, Luxemburgo, Alemania y España, es posible, al día de hoy, distinguir diferentes grados de actuación en cuanto a la cooperación con pueblos originarios de esta parte del mundo.
De este puñado de países, solo España cuenta con una política exterior bien definida hacia los pueblos indígenas de América Latina sustentada, en principio, en la Ley de Cooperación.
De los países que ratificaron el convenio, solo Noruega y Dinamarca tienen pueblos indígenas al interior de sus fronteras. El primero tiene a los samis o lapones, y el segundo, a los inuit o Kalaallit. En estos escenarios, las continuas tensiones y demandas a nivel interno por generar una coherencia de los gobiernos con el Convenio 169 no se han hecho esperar.
En materia de cooperación internacional, la colaboración con los pueblos indígenas es mínima y, especialmente en América Latina resulta escasa, pues se centra principalmente en otras áreas geográficas. Como excepción, podemos mencionar algunos acuerdos de cooperación entre Dinamarca y Bolivia que involucran esta temática.
España ha venido desarrollando a nivel normativo e institucional una serie de acciones que han favorecido el desarrollo de estos pueblos en la región latinoamericana, priorizando proyectos de cooperación internacional en la materia, aunque cabe señalar que también lo hace en otras regiones del mundo.
Ejemplo de ello, es la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Entre otras cosas, ha generado una estrategia específica de acción en la defensa de los derechos de pueblos indígenas, aplicándose a través del Programa Indígena, que se encarga de coordinar y guiar las intervenciones en este rubro. Además, en 1992 el país creó el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC) con sede en Bolivia, como organismo internacional de derecho público.
Una de las acciones de colaboración estratégica de la AECID y el FILAC que, sin duda, han repercutido más es el apoyo financiero y técnico para la realización del Título de Experto en Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Cooperación Internacional. Para el logro de este acuerdo de cooperación han sido piezas clave el Instituto de Estudios Internacionales y Europeos Francisco de Vitoria, de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) y de la Universidad Indígena Intercultural (UII), entre otros entes. Al finalizar el curso, es la UC3M como institución de primer nivel la que otorga el título apostillado.
Un número considerable de estudiantes se han graduado en este curso, el cual es único en la materia a nivel internacional por su temática, alcance y enfoque. La formación ha permitido que integrantes de pueblos indígenas implementen los conocimientos y destrezas adquiridas en derechos humanos y cooperación internacional. Más allá del aspecto formativo, este curso representa un espacio para el diálogo intercultural, pues entre sus egresados no solo están indígenas, sino estudiantes de otras regiones del mundo, lo que ha permitido crear lazos de entendimiento entre diversos saberes y cosmovisiones.
La responsabilidad de España con la protección de los derechos humanos, más allá de relaciones históricas y culturales con los pueblos indígenas de América Latina, se ha traducido en una creciente actuación en favor de sus derechos a través del desarrollo normativo e institucional, además de una presencia y preocupación cada vez mayor en las problemáticas de estos pueblos.
Sin embargo, y pese a los avances en defensa de los pueblos indígenas, aún falta mucho por hacer, pues en un escenario tan diverso y complejo como lo es América Latina el camino no es nada fácil. España tiene tareas pendientes para poder posicionarse como líder en la materia. Por un lado, hacia el exterior, una autocrítica y reconocimiento de las consecuencias del colonialismo en los pueblos indígenas no vendría nada mal.
Pese a los avances en defensa de los pueblos indígenas, aún falta mucho por hacer, pues en un escenario tan diverso y complejo como lo es América Latina, el camino no es nada fácil
La coherencia entre reconocimiento y acción pueden servir de ejemplo al resto de Estados miembros de la Unión Europea que se presentan como promotores de derechos humanos. Por ello, es fundamental que España tenga un papel protagónico y estratégico en foros multilaterales a modo de generar conciencia sobre la importancia de la cooperación internacional en momentos en que las necesidades son muchas y diversas y los recursos escasos.
Por otro lado, y en términos pragmáticos, es necesario destinar más presupuesto para cumplir con las metas que el propio Estado español se ha propuesto, como es llegar al 0,7% del PIB en la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD). Aun con los retos, problemáticas y obstáculos, tanto internos como externos, de seguir por esta vía, España se puede posicionar como líder respecto al resto de países europeos en materia de cooperación internacional hacia los pueblos indígenas.
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