La Comunidad de Madrid obligará a las empresas gestoras de pisos turísticos y no a los propietarios a hacer la declaración responsable

La Comunidad de Madrid aprobará este miércoles nuevas exigencias para las viviendas de uso turístico (VUT): las empresas gestoras de los alquileres serán las encargadas de realizar la declaración responsable antes de inciar la actividad y se prohibirá desarrollarla en pisos de protección pública o en inmuebles donde los vecinos la veten. Estas son algunas de las modificaciones que introducirá este miércoles el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a la normativa regional ―que va aparte de las firmadas por los municipios, o de cualquier ley estatal que afecte a los alojamientos vacacionales―, con las que se pretenden “reforzar” los requisitos para poner en funcionamiento uno de estos alojamientos en una autonomía donde existen 9.749 registrados oficialmente y, al menos, 15.204 ilegales.

Con la aprobación de esta norma en el próximo Consejo de Gobierno, serán “los titulares de la prestación de servicios de alojamiento turístico, en lugar de los propietarios de la vivienda, los obligados a presentar la declaración responsable para el inicio de la actividad”, según informan fuentes de la Comunidad de Madrid. Este paso en la regulación de los pisos turísticos significa que ya que no serán los propietarios los que asuman las responsabilidades legales y penales por desarrollar esta actividad en sus viviendas, sino que las empresas que gestionan esos alojamientos serán las que responderán ante la Administración y, de ser necesario, ante la justicia, por cualquier situación.

Otra de las modificaciones va relacionada con el origen de las viviendas que se podrían convertir en turísticas. La Comunidad de Madrid indicará “expresamente” que esto no podrá ocurrir en pisos de protección pública, una medida que parece redundante. Por otro lado, la Administración se acerca a la postura de la normativa estatal de la conocida como ley de propiedad horizontal, y dará a las comunidades de vecinos la potestad para prohibir alojamientos turísticos. Según esa ley, que quedó reafirmada por una sentencia del Tribunal Supremo, este veto existe mientras los vecinos incluyan esa posibilidad en sus estatutos y logren un 60% de aprobación en una votación de los miembros de la junta de propietarios. A esa normativa, el Ayuntamiento de Madrid agrega que los pisos turísticos que tengan acceso a la calle y que no compartan zonas comunes con el resto del inmueble podrán saltarse ese veto.

“Estas modificaciones buscan actualizar los requisitos para garantizar la calidad del producto turístico y salvaguardar los derechos de los usuarios, aumentando así la confortabilidad del alojamiento, que ha de contar con certificado de idoneidad”, aseguran desde el Gobierno regional. Las nuevas exigencias también están relacionadas con los servicios básicos que deberá tener cada alojamiento, como el tamaño mínimo de cada una de las estancias y su ocupación máxima, y el contenido mínimo con el que tienen que contar, incluyendo “ropa de cama, para baño y mesa, además de vajilla, cubertería, cristalería y utensilios de cocina”.

El Gobierno de Ayuso establece con su ley regional ciertos aspectos que tienen que cumplir los pisos turísticos, pero la regulación depende también de las normativas municipales. Las nuevas modificaciones además reconocen la responsabilidad de las Administraciones locales, específicamente, en poner límites “en el número máximo de VUT por edificio, área o zona”.

Pero el gran problema de la región sigue siendo la gran cantidad de viviendas vacacionales que funcionan al margen de la ley y sobre las que no existe un estricto control. Si bien la Comunidad de Madrid logró dar de baja hasta 3.053 viviendas turísticas en 2025 tras 588 inspecciones, en la región existen más de 15.000 en esas condiciones según el Instituto Nacional de Estadística. En julio del año pasado, se calculaba que solo el 10% de todos los alojamientos estaban registrados oficialmente. La Comunidad de Madrid asegura que el número de viviendas ilegales que ofrece el INE ha bajado un 17,5% desde las mediciones que se realizaron entre mayo y noviembre.