Madrid ‘cierra’ 3.053 viviendas turísticas en 2025, pero mantiene activas miles ilegales

En el Madrid de la crisis de la vivienda y la turistificación, un cambio: hasta 3.053 viviendas turísticas fueron dadas de baja del correspondiente registro en 2025, según información enviada por el gobierno a la Asamblea. No es un dato cualquiera. Está en el corazón de otra estadística: Madrid lideró el descenso de este tipo de usos en toda España entre noviembre de 2024 y mayo de 2025, según los últimos datos publicados por el INE, basados en los de las principales plataformas de alquiler, y que todavía no permiten comparar periodos asimilables y homogéneos en esta actividad estacional (de mayo a mayo, por ejemplo). Consecuencia: Madrid presume de que el número de viviendas de uso turístico registradas es ya equiparable al de 2018, con 9.749. Como si hubiera reventado una burbuja. Pero claro, el problema real es otro: las viviendas turísticas no registradas. Las ilegales. Las que con su actividad restan opciones en el mercado del alquiler, y lo encarecen. En julio, apenas un 10% de pisos turísticos estaban inscritos en el censo obligatorio. Y este enero, Exceltur, que une a 29 grandes compañías del sector turístico, calculaba que “solo en Madrid hay más de 16.000″ pisos turísticos que no tienen licencia.

“El PP de Ayuso ha estado permitiendo durante años que estuvieran operando miles de pisos turísticos ilegales con la crisis habitacional que existe”, opina Javier Guardiola, diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid, que es quien preguntó al gobierno por estos datos. “La señora Ayuso ha fomentado la expulsión de los vecinos de sus casas, la destrucción de los barrios más céntricos para beneficiar unos pisos turísticos que no deberían haber estado operando desde un inicio”, sigue. “Gracias al Gobierno de España la prioridad es el uso residencial de las viviendas, es solucionar la crisis habitacional que sufrimos mientras la señora Ayuso trabaja para que haya unos cuantos con un negocio rentable”, argumenta. “Ahora vemos que esos negocios han dejado de engañar a la gente y se han podido poder en el mercado residencial”.

Guardiola se refiere al nuevo registro estatal de alquileres de corta estancia auspiciado por Europa, en el que la inscripción es imperativa, y que ha rechazado a decenas de miles de viviendas a partir de su implantación efectiva, a mediados de 2025, según datos del ministerio de Vivienda. En teoría, y si los portales digitales cumplen con su parte del trabajo, eso habría impedido arrendar esos inmuebles por días o semanas.

“Todo el mundo intuye que el cierre de esas viviendas está más relacionado con la actuación del Ministerio de Pablo Bustinduy y su presión a las plataformas que con cualquier actuación del gobierno de la Comunidad de Madrid”, amplía Pablo Padilla, diputado de Más Madrid, en referencia al titular de Derechos Sociales y Consumo, cuyo departamento detectó en marzo del año pasado que apenas un 6,9% de los anuncios ofertados sobre viviendas turísticas en plataformas digitales para Madrid se correspondía con alojamientos con licencia.

Ante ese panorama, lo que hizo el ministerio fue cruzar esa información con los 1.131 permisos de funcionamiento para esta actividad concedidos por el Ayuntamiento de Madrid —en el marco del Plan Reside, presentado en noviembre de 2024—. La conclusión fue que existían, al menos, 15.204 pisos vacacionales que operaban al margen de la ley, por carecer de licencias. Consumo, en consecuencia, solicitó al Ayuntamiento que eliminara los anuncios que infringen la normativa de grandes plataformas como Airbnb o Booking, para poner coto a esta actividad irregular de viviendas sin licencia pública.

“Suena a chiste”, lamenta Padilla sobre que la Comunidad celebre el descenso de viviendas turísticas registradas. “En una región con más de 15.000 pisos turísticos ilegales conocidos, la Comunidad de Madrid no llega al millar de inspecciones”, sigue sobre las 993 inspecciones realizadas por la Comunidad entre el 1 de enero y el 23 de diciembre de 2025. “Podría decirse que prácticamente fomentan la ilegalidad. La dejadez de funciones y el abandono a los vecinos son marca de la casa del gobierno regional”, opina. “Resulta sonrojante que el Gobierno de Ayuso se arrogue el cierre de 3.000 viviendas, pero, al mismo tiempo, reconozca que ha sido incapaz de cerrar ninguna directamente y que lo han fiado todo a la autorregulación”, remata, en referencia a una respuesta parlamentaria en la que la Administración admite que la mayoría de viviendas de uso turístico se da de baja del registro cuando se inicia un procedimiento sancionador, y sin que este culmine en sanción.

Multas

Por ejemplo, entre enero de 2024 y mediados de 2025, no hubo ninguna sanción por reincidencia, según datos enviados por la Administración regional al Parlamento autonómico. Y en los diez años precedentes a febrero de 2024, apenas hubo 690.118 euros en sanciones autonómicas. Otra cosa es lo que hace el Ayuntamiento de la capital, donde se concentran la mayoría de viviendas de uso turístico de la región. Durante 2024, la Agencia de Actividades impuso 92 sanciones a pisos turísticos sin la preceptiva licencia. De esas sanciones, 89 fueron por valor de 30.001 euros cada una y las tres restantes por valor de 60.001 euros, por reincidencia. En total, 2.850.092 solo ese año, en el que se cambió la normativa para aumentar de 1.000 a 30.000 euros la multa mínima. Una dinámica que se ha mantenido en 2025, según el gobierno municipal, con cientos de multas que pueden alcanzar, sobre el papel, y por reincidencia, hasta los 100.000 euros.

Lo cierto es que el recorte de viviendas para alquiler turístico tiene muchos padres. Porque también la Comunidad de Madrid se considera artífice del descenso, y lo vincula a su actividad inspectora.

“El Plan de refuerzo del control de la actividad de las viviendas de uso turístico que fue puesto en marcha en junio de 2024 por la Comunidad de Madrid ha dado resultados satisfactorios”, asegura un portavoz gubernamental, pese a que el récord de número de viviendas de uso turístico se alcanzó, precisamente, después de esa fecha (22.435 en agosto de 2024, según la serie del INE, que arranca en 2020). “Esto ha llevado a que el número de viviendas de uso turístico registradas en la Comunidad de Madrid se sitúe en volúmenes de 2018, cuando empezó a expandirse el fenómeno”, sigue sobre las 9.749 que tiene ahora registradas la región, un 58% menos que en el pico de 2022, según este portavoz. “También cabe señalar que el INE estima que en la Comunidad de Madrid existen 18.555 viviendas de uso turístico que supondrían 71.295 plazas de alojamiento. Este número se ha visto reducido desde las últimas mediciones (noviembre 2024 y mayo de 2025) en un 10,6%, liderando la caída entre todas las comunidades autónomas turísticas”.

La estadística del INE calculaba 18.555 viviendas de uso turístico en la Comunidad para mayo de 2025. Próximamente, se conocerá la segunda oleada de ese estudio para el año pasado, con corte en noviembre. Una oportunidad para conocer cuál fue el efecto total de que se dieran de baja 3.053 viviendas de este tipo de uso en 2025, y más de 4.200 desde 2024.