La exconsejera de Mazón investigada en la dana se muestra “convencida” de que no irá a prisión

La exconsejera de Justicia e Interior de la Generalitat valenciana Salomé Pradas, principal imputada en la causa de la dana, asegura estar “convencida”, tras más de 15 meses de investigación judicial, de que no acabará en prisión por sus responsabilidades en la riada que dejó 230 muertos el 29 de octubre de 2024. Así lo señala a EL PAÍS esta exdirigente del Partido Popular, que actuó como mando único autonómico durante el temporal. “No sabemos qué órgano judicial será [el encargado de dirimirlo] , pero estamos convencidos de que no habrá responsabilidades penales”, afirma Pradas. “Sólo puede haber una conclusión: el archivo de la causa”, añade.

Junto a quien fuera su número dos en el departamento autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, Pradas figura como investigada desde hace un año por los presuntos delitos de homicidios y lesiones imprudentes, que están castigados con hasta cuatro y tres años de prisión, respectivamente. La jueza instructora de Catarroja (Valencia), Nuria Ruiz Tobarra, apunta que existen “indicios abrumadores” contra la exconsejera por su presunta conducta “negligente”. La magistrada se negó a archivar el pasado octubre su imputación. Alegaba distintos argumentos. Entre ellos, que la denominada teoría del apagón informativo no existió. A esa tesis recurrieron la Generalitat, el PP y los dos investigados y sostenía que si el Gobierno valenciano del expresidente Carlos Mazón reaccionó tarde y mal a la tragedia fue porque organismos dependientes del Ejecutivo de Pedro Sánchez, como la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) o la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), no reportaron con antelación la magnitud de la dana. La magistrada ha desmontado en decenas de autos este argumento. Y la Audiencia Provincial de Valencia ha avalado sus resoluciones.

Durante su año de imputación, Pradas ha presentado dos escritos en los que pedía a la jueza de Catarroja el sobreseimiento de la causa. Ruiz Tobarra ha respondido a estas solicitudes con autos de negativa. Sus resoluciones aludían a la “ilusoria incapacidad de decisión” de la exconsejera o a una conducta “negligente” por haber participado en el “envío tardío” del Es Alert, la alerta masiva a móviles que -según la jueza- si se hubiera remitido antes, se habrían salvado vidas. La instructora, que ha tomado declaración a más de 500 testigos, ha escuchado el relato de decenas de altos cargos de la Generalitat que reconocían vacilaciones en el envío de la alerta a los teléfonos o decisiones erráticas, como la retirada de los bomberos forestales del barranco del Poyo una hora y media antes del desbordamiento de esta rambla que desató la desgracia al sepultar municipios como Paiporta (25.309 habitantes) o Catarroja (30.000), donde la riada dejó 55 y 25 fallecidos, respectivamente.

Pradas esgrimió su última petición de salir de la investigación esta semana. En un escrito remitido al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), solicitaba el archivo de la causa y reclamaba que, si se mantenía la instrucción, fuera asumida por el alto tribunal. El movimiento llegaba después de que la jueza Ruiz Tobarra pidiera hace dos semanas al TSJCV que se hiciera cargo de las pesquisas al existir indicios delictivos contra Mazón, que sólo puedo ser investigado por este tribunal porque al ser diputado autonómico está aforado.

Pese a la investigación, que acumula decenas de evidencias de que la Generalitat conoció el riesgo de la dana días antes, Pradas defendía en su escrito que la catástrofe fue un “desastre imprevisible” y lo comparaba con el desbordamiento del río Guadalupe de Texas (EE UU), que dejó el pasado año 80 muertos.

El otro ex alto cargo de Mazón investigado, Emilio Argüeso, ha recibido como un balón de oxígeno los argumentos de la Fiscalía para justificar que no existían indicios delictivos para que el TSJCV investigue por el momento a Mazón, según fuentes próximas a este exdirigente. Argüeso, no obstante, defiende que, si las pesquisas avanzan, el TSJCV asuma la causa de “todos los investigados”.