El Gobierno de Ayuso impone ‘multas’ a siete hospitales público-privados por incumplir los estándares de calidad

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso (PP), ha tenido que imponer hasta 2,2 millones de euros en ‘multas’ entre siete hospitales público-privados de la región por considerar que incumplían los estándares de calidad. Así lo refleja un informe de la Intervención general regional al que accedió EL PAÍS, y que se refiere al periodo comprendido entre enero de 2021 y agosto de 2024. Sin embargo, esos descuentos en el canon anual que le paga la Administración a los centros afectados (Majadahonda, Parla, Coslada, San Sebastián de los Reyes, Arganda del Rey, Aranjuez y Vallecas) apenas impactó en su balance: los 812.818,14 euros de castigo de 2023 solo supusieron el 0,45% de los 182 millones recibidos por los hospitales para ese año, según el informe interno de la administración madrileña.

Madrid cuenta con una decena de centros levantados en tiempos de Esperanza Aguirre (2003-2012) con la fórmula de la colaboración publico-privada. En unos, las empresas gestionan los servicios médicos (Valdemoro, Villalba y Móstoles, de Quirón, y Torrejón, de Ribera Salud). En otros, la empresa constructora gestiona únicamente los servicios no asistenciales (Majadahonda, Parla, Coslada, San Sebastián de los Reyes, Arganda del Rey, Aranjuez y Vallecas, este en Madrid capital). El informe de la Intervención se centra en estos últimos siete, que reciben un pago anual de la administración, y además pueden solicitar un reequilibrio financiero al gobierno si consideran que la mejora de los servicios o infraestructuras rompe el pacto original. Del lado contrario, si no prestan el servicio deseado, son penalizados: reciben un pago menor al previsto a través del canon anual. Algo así como una multa indirecta.

“Mensualmente, se mide nivel efectivo de disponibilidad y calidad de los servicios”, recuerda la Intervención en su informe. “La prestación de los servicios por debajo de los niveles definidos como óptimos, dará lugar a la aplicación automática de porcentajes de deducción”, añade en referencia a los pagos de canon.

Esos pescozones sirven para radiografiar dónde están los problemas del servicio sanitario en estos centros desde el punto de vista de los pacientes. La mayor parte de incidencias se concentran, según el balance de los expertos de la Administración regional, en el servicio de transporte interno y gestión auxiliar sanitaria (25% en relación a los datos de 2023); el mantenimiento (19%); el trabajo del personal administrativo (18%) y la lavandería (14%).

Según la oposición, ese sistema de pagos y penalizaciones en constante revisión que recoge el acuerdo de gestión mixta que une a las dos partes penaliza a la sanidad pública pura, que no tiene esa capacidad de decisión y financiación, e imposibilita saber cuánto dinero público costará cada concesión en realidad.

De hecho, los pulsos entre la Comunidad de Madrid y los concesionarios son constantes. Hay decenas de litigios pendientes entre las dos partes que afectan a cientos de millones de euros. Y esa litigiosidad es producto de un sistema que permite a los adjudicatarios facturar hasta las mejoras en el consumo energético de sus hospitales.

Cobrar por ahorrar energía

“(Hay) un mecanismo de pago de los suministros que incentiva el consumo eficiente, de modo que, si el nivel de consumo efectivo anual resulta inferior al nivel de referencia, la Administración liquidará a la sociedad concesionaria la cuantía resultante de la aplicación de las fórmulas determinadas, y si es superior, aplicará por cada uno de los suministros que excedan una penalidad”, recuerdan los Interventores en su informe.

Así analizaba esta cláusula Mónica García, hoy ministra de Sanidad del Gobierno de España formado por el PSOE y Sumar, cuando en 2018 se dedicó a analizar este modelo hospitalario como diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid: “Es abusiva”. Y añadía: “Ha permitido una interpretación perversa del concepto de ahorro energético“.

Su partido de entonces elucubró en aquella ocasión con un posible modus operandi para intentar, supuestamente, engordar esa factura que le giran las concesionarias a la administración: ¿No favorecía este sistema que hubiera unos primeros años de consumos forzadamente excesivos, que resultaran en un premio cuando en ejercicios posteriores se usara con normalidad el gas o la luz?

Nada de eso se dice en el informe de la Intervención, que sí llama la atención sobre un caso excepcional en el periodo analizado. Así, la justicia obligó en 2022 a una de las concesionarias a devolver 1.130.382,22 euros (IVA incluido) cobrados por este concepto y referidos a los ejercicios 2013, 2014 y 2015 “por no ser conformes a derecho”.

El sistema, en todo caso, sigue en funcionamiento. La Administración recuperará la propiedad de todos los edificios de estos hospitales cuando se cumplan 30 años del inicio de los respectivos acuerdos. Solo a partir de ese momento será posible saber con precisión cuánto ha costado una operación sometida a cambios permanentes en la facturación, los presupuestos y los pagos.