Los controles internos del Ejecutivo de Ayuso ven “incumplimientos” y “errores” en la gestión económica de siete hospitales público-privados

La gestión económica y presupuestaria del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en siete hospitales públicos de naturaleza público-privada que facturaron 563.894.273,65 euros a la Administración entre 2021 y 2023 tiene “deficiencias” y “errores”, según valora la Cámara de Cuentas a raíz de un informe de la Intervención general. Ese balance interno, al que accedió EL PAÍS, y que se refiere al periodo comprendido entre enero de 2021 y agosto de 2024, pone bajo la lupa a los centros de Majadahonda, Parla, Coslada, San Sebastián de los Reyes, Arganda del Rey, Aranjuez y Vallecas (Madrid). Todos fueron construidos por empresas y son usados por la sanidad pública a cambio de que la Administración haga un pago anual al adjudicatario y le permita explotar las zonas comerciales. ¿El resultado? La Intervención concluye que “no se cumplieron trámites esenciales” a la hora de atender favorablemente las peticiones de los concesionarios de reequilibrio financiero (más dinero); que se gastaron millones en obras tramitadas “en contra de las previsiones legales”; y que varias de esas facturas nunca las debería haber pagado la administración.

Madrid cuenta con una decena de centros levantados en tiempos de Esperanza Aguirre (2003-2012) con la fórmula de la colaboración publico-privada. En unos, las empresas gestionan los servicios médicos (Valdemoro, Villalba y Móstoles, de Quirón, y Torrejón, de Ribera Salud). En otros, la empresa constructora gestiona únicamente los servicios no asistenciales (Majadahonda, Parla, Coslada, San Sebastián de los Reyes, Arganda del Rey, Aranjuez y Vallecas, este en Madrid capital). El informe de la Intervención se centra en estos últimos siete, que reciben un pago anual de la administración, y además pueden solicitar un reequilibrio financiero al gobierno si consideran que la mejora de los servicios o infraestructuras rompe el pacto original.

Esa fórmula no está funcionando adecuadamente, según se deduce del resumen que hace la Cámara de Cuentas del informe de la Intervención, contra el que no alegó la Administración de Díaz Ayuso. Una decisión inquietante para los tres interventores que firman el balance, que se lamentan desapasionadamente: “No se ha recibido este escrito de alegaciones, ni en consecuencia consta que se vayan a adoptar medidas para subsanar debilidades e incumplimientos”.

Para la Cámara de Cuentas “el informe (de la Intervención) expone diferentes deficiencias en la gestión económica y presupuestaria”. Y añade: “Entre las que destacan: errores de imputación presupuestaria del canon y de gastos ajenos al contrato (servicios extraordinarios, COVID-19, etc.); falta de tramitación previa de modificaciones contractuales y reequilibrios económicos; actuaciones sin expediente previo y sometidas posteriormente a convalidación; deficiencias en el seguimiento contable de los activos de concesión y en la gestión de inventarios; insuficiente control de las garantías, pólizas y seguros exigidos a las concesionarias y carencia de control suficiente de las explotaciones comerciales en las zonas de gestión privada de los hospitales, entre otras”.

A Esperanza Aguirre, la impulsora de este modelo, no le gustaban los arquitectos. “Habría que matarlos (...) sus crímenes perduran más allá de su propia vida”, dijo cuando era presidenta regional. “¿Pero cómo puedes autorizar esta puta mierda?”, criticó en otra ocasión un monolito. “Todo se puede delegar, menos la supervisión”, era una de sus frases favoritas para justificar el intenso marcaje al que sometía a los técnicos de las obras y proyectos autonómicos. Cuando la entonces presidenta descubrió que en el hospital de Puerta de Hierro, en Majadahonda (Madrid), estaba contemplado que las habitaciones fueran dobles, no le gustó: las estancias debían ser individuales. Y así se hizo: se retiraron 135 camas. Diez años después, el gobierno de Ayuso tuvo que indemnizar a la adjudicataria.

Según la oposición, ese sistema de pagos en constante revisión que recoge el acuerdo de gestión mixta que une a las dos partes penaliza a la sanidad pública pura, que no tiene esa capacidad de decisión y financiación, e imposibilita saber cuánto dinero público costará cada concesión en realidad.

Lo que es seguro es que el de Majadahonda no es el único gasto afrontado por el actual gobierno con los hospitales diseñados por Aguirre. También, que la Intervención pone múltiples peros a los ejecutados entre 2021 y 2024, especialmente cuando los concesionarios piden ser indemnizados (reequilibrio económico) porque consideran que están teniendo que afrontar gastos y mejoras que no estaban previstos en su acuerdo original con la administración, que no se corresponden con el espíritu de riesgo y ventura propio de una iniciativa empresarial, y que por eso perjudican a su balance.

Tras analizar los reequilibrios decididos en 2023 y 2024 en cinco de los siete hospitales, y solicitados por ajustes de los servicios no asistenciales e inversiones de reposición, la Intervención concluye que “en ningún caso se instruyó, con carácter previo a la ejecución material de las actuaciones, el preceptivo expediente de modificación contractual” y que “por ello no se cumplieron tramites esenciales como audiencia al concesionario o informe del Servicio Jurídico y Consejo Consultivo”.

Al tiempo, los especialistas de la administración encuentran ejemplos de lo contrario: sobrecostes por culpa de la Comunidad que alteran el equilibrio del contrato pero se pagan periódicamente sin modificar el acuerdo. Una forma de actuar que “desvirtúa la información económico-financiera y la transparencia del contrato”.

El ente fiscalizador también detecta que los concesionarios han facturado importes correspondientes a gastos de obras no incluidos en expediente de reequilibrio por importe de al menos 10,9 millones. Y lamenta: “Al menos una parte de las obras abonadas, hubieran debido ejecutarse desde un punto de vista legal y contractual, como obligación derivada del contrato o riesgo y ventura de las sociedades concesionarias, y por tanto, retribuidas a través del canon concesional sin derecho a compensación adicional”. Es decir, Madrid no debió pagar ninguna cantidad extra. Peor. Algunas de esas obras se hicieron “omitiéndose la preceptiva fiscalización previa y otros trámites esenciales (...) lo que puede implicar una merma de las garantías jurídicas que deben presidir la actuación administrativa en materia de contratación pública”.

Este diario ha pedido aclaraciones a la Comunidad de Madrid, sin haber recibido respuesta en el momento de publicación de este artículo.