La Comunidad de Madrid ha concedido este curso un 40% menos de becas de comedor a los estudiantes más necesitados
El laberinto burocrático al que se enfrentan las familias que perciben el Ingreso Mínimo Vital para solicitar esta ayuda provoca que haya menos solicitantes y más denegaciones


Raquel A. suspiró tranquila cuando hace unos días le llamaron para decirle que le habían concedido la beca de comedor a su hija de nueve años. Llevaba casi siete meses pagando de su bolsillo los 5,50 euros diarios que cuesta el comedor de la niña, que representan más de la tercera parte de los 300 euros que cobra al mes en su trabajo a tiempo parcial. Aunque la financiación que ha recibido por parte de la Comunidad de Madrid solo será parcial se siente afortunada porque el curso pasado ni siquiera eso obtuvo. Como la de ella, miles de familias vulnerables se quedan fuera a pesar de necesitarlo. Son cada vez menos las que teniendo rentas muy bajas la reciben: las concesiones en la primera convocatoria de las becas de este curso son un 40% más bajas que el curso pasado, de 4.305 en el 2024-2025 a 2.561 en el 2025-2026. La buena noticia es que la cantidad de hogares receptores en general ha aumentado hasta cifras récord, sobre todo porque este año se le han dado la posibilidad de obtenerla a los miembros de las Fuerzas Armadas y a las familias numerosas con una renta per cápita máxima de 10.000 euros a que también las soliciten.
De 105.038 becas de comedor que se dieron el curso 2024-2025 en la convocatoria ordinaria ―que es la primera que se hace y la que concentra el grueso de concesiones― se ha pasado a 119.400, en el 2025-2026. La cifra de beneficiarios sigue creciendo este año escolar: según anunció la Comunidad de Madrid a principios de marzo, tras la resolución de la segunda convocatoria para la becas de comedor de este curso, se han sumado 26.700 nuevas familias a las que la recibieron en la primera ronda de septiembre. Se han aclanzado así los 146.100 receptores en solo dos convocatorias y todavía queda una por resolver, pero la cifra ya está muy por encima de los 127.000 alumnos que obtuvieron la subvención a lo largo del curso 2024-2025.

Entre todos estos datos positivos, una realidad es que las familias más necesitadas han recibido menos becas. El Gobierno regional no ha hecho público el desglose de las concesiones por modalidad y tampoco ha facilitado los datos a este diario, pero una solicitud al portal de Transparencia por parte de la plataforma Comedor Universal por Derecho arrojó que en el curso pasado las que obtuvieron la beca por “IMV por tramo de renta” ―cuando además del IMV se tienen otros ingresos― o solo por “IMV” ―que son directamente las familias más vulnerables porque solo perciben esa ayuda― fueron 2.561 más que en el actual.
El número de familias que han recibido la beca de comedor por pertencer a las fuerzas y cuerpos de la seguridad del Estado, que incluye a las de las Fuerzas Armadas, sin embargo, va creciendo cada año. Este tipo de solicitantes no tiene un límite estricto de renta que cumplir, sino que reciben la prestación solo por el hecho de pertenecer a esos cuerpos y solicitarla en tiempo y forma. Pasaron de 10.747 en la primera convocatoria del pasado curso a 14.587 en la del presente. Casi un 36% más. A todo ello hay que sumarle que la Comunidad de Madrid, a pesar de que aumentó este curso el número de posibles solicitantes, mantuvo el mismo presupuesto que en el anterior, 68 millones de euros.
Un portavoz de la Consejería de Educación responde a través de correo electrónico a las preguntas de EL PAÍS asegurando que “las becas de comedor de la Comunidad de Madrid se conceden a todas las solicitudes que cumplen los requisitos establecidos en las respectivas convocatorias”. Para más detalles, se remite a la nota de prensa publicada por la consejería después de anunciar los beneficiarios de la segunda convocatoria.
“El problema no son estas familias, ―dice María Pastor, diputada de Más Madrid en la Asamblea― sino las que tienen que demostrar que son pobres y que tienen el nivel más alto de vulnerabilidad para que te den 3,5 euros”. No hay un documento específico que certifique que se es beneficiario del IMV, explica, sino que cada persona en esa situación tiene que buscar cómo justificar su necesidad por diversas vías. “Es una traba burocrática que afecta sobre todo a los más vulnerables”, asegura Pastor.
Las familias que piden una beca de comedor en la Comunidad de Madrid saben que entrar a este proceso se traduce en recorrer un camino muy largo y plagado de obstáculos. Se suelen lanzar hasta tres convocatorias para solicitarlas durante un mismo curso y se van resolviendo con varios meses de diferencia entre sí. El sistema que recoge las solicitudes se automatizó desde el curso 2023-2024, pero las familias ven más problemas que mejorías con el nuevo método. “Antes entregabas los papeles a la escuela y si faltaba algo te lo decían, pero desde que se está encargando una empresa externa, la verdad es que todo son dificultades”, asegura Laura C., una madre de dos hijos, uno en edad escolar, al que le negaron este curso la beca comedor que solicita por tener bajos ingresos. Laura interpuso un recurso por la denegación, pero viendo que no avanzaba la volvió a solicitar en la segunda convocatoria y “menos mal”, dice, porque se la han dado tras siete de meses de espera, pero aún no le responden la primera queja.

Saber que existe ese laberinto ya supone una valla para miles que deciden ni siquiera presentarse, que quedan por fuera de las estadísticas. También a los que les deniegan la beca desde la primera convocatoria porque no saben completar el expediente con todos los documentos necesarios o que deciden darse por vencidos por cansancio.
Aunque progresivamente se ha incrementado el límite máximo de renta de los solicitantes para incluir a más familias, esto sigue siendo insuficiente porque, recuerda María Carmen Morillas, presidenta de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado Francisco Giner de los Ríos (FAPA), “históricamente se ha situado por debajo del umbral de pobreza, dejando fuera a numerosas familias en situación de vulnerabilidad”. O sea, estudiantes que quedan fuera porque sus hogares superan el límite establecido, pero que siguen necesitando una ayuda para darles de comer. Para la FAPA, el sistema actual de comedores escolares resulta “claramente insuficiente”. “Persisten importantes carencias y dificultades de acceso”, añade Morillas, que considera que es “imprescindible reabrir el debate sobre la universalidad del comedor escolar: un servicio gratuito, de gestión pública y con cocina in situ”.
Esta es una reclamación que ya ha hecho Más Madrid, que ha presentado una Propuesta No de Ley (PNL) a la Asamblea de Madrid por un comedor universal y que fue denegada. Es una idea que también impulsa el grupo de familias de la plataforma Comedor Universal por Derecho, que están elaborando una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) con el mismo objetivo. La organización comenzaron a partir del sábado 21 de marzo a reunirse para colegiar cómo llevarán a la Asamblea esta nueva propuesta que pretende garantizar el comedor como un derecho de todos los estudiantes. “Los Estados tienen la obligación de garantizar el acceso a alimentos a todas las infancias, especialmente a aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad”, explican desde la plataforma. “Es señal inequívoca que es más que necesario abandonar el sistema de becas y optar, como ya hacen muchos países europeos, por un comedor escolar universal y gratuito”.
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