El Hospital Gómez Ulla pierde los dos logopedas que tenía, a pesar de que hay pacientes en espera desde hace 16 meses

El Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, que atiende a unos 100.000 vecinos de los distritos de Carabanchel y Latina —a través de los centros de salud Los Yébenes, Puerta Bonita y Nuestra Señora de Fátima—, se encuentra desde el viernes sin ningún logopeda en activo. Así lo denuncia el sindicato CGT, que señala que la plantilla estaba integrada por dos profesionales hasta la semana pasada: una persona que está de permiso temporal y otra a media jornada, cuyo contrato ha cesado y no ha sido renovado. La gestión de los recursos humanos depende del Ministerio de Defensa. “Consideramos esta situación del todo inadmisible. Además, se produce en un servicio en el que nos consta que hay ciudadanos esperando a ser atendidos desde noviembre de 2024”, expresan desde la asociación de trabajadores. “Hay muchos pacientes que se han visto obligados a suspender sus tratamientos”, advierten.

Insisten en la importancia de la logopedia y en su papel esencial en la prevención del empeoramiento de patologías de la vía aérea y, sobre todo, en la mejora de la capacidad relacional de las personas, “siendo la voz una herramienta fundamental para la comunicación verbal humana”. A su juicio, es esencial que esta prestación sea asumida y garantizada por la sanidad pública, “ya que sus tratamientos suelen ser largos y costosos para las familias trabajadoras”. Recibir, o no, estas terapias puede marcar la diferencia entre que un niño con dislexia o trastorno del espectro autista desarrolle plenamente sus capacidades comunicativas y cognitivas en condiciones de igualdad, o que una persona laringectomizada pueda recuperar la voz mediante una traqueotomía, según defienden.

“Por todo ello, es urgente dotar el hospital de los logopedas necesarios para prestar los servicios y reducir una lista de espera absolutamente intolerable”, defienden desde CGT. Consideran que debe valorarse la contratación de la persona que el viernes dejó de ejercer en el centro sanitario porque ya conoce la dinámica laboral. “Queremos reivindicar el valor del trabajo fundamental que realizan estos compañeros y nuestro absoluto compromiso en la defensa de una sanidad pública, universal, gratuita y de calidad”, expresan.

El Gómez-Ulla, anteriormente de uso exclusivo militar, se incorporó plenamente al Servicio Madrileño de Salud en 2011. Según una estadística pública del Ministerio de Defensa recogida en el portal de datos de la Comunidad de Madrid, su servicio del área de rehabilitación de logopedia llegó a atender cerca de 500 pacientes anuales entre 2019 y 2022. Pero desde entonces se produjo una caída. En 2023, 99 ciudadanos fueron asistidos por este departamento y en 2024, 143.

“En 2018 se incorporó un nuevo profesional al equipo, que llegó a contar con tres especialistas a jornada completa. Sin embargo, pocos meses después, en 2019, la plantilla se redujo de nuevo a dos trabajadores. A finales de 2023 se jubiló una de las logopedas, lo que dejó al departamento con un único profesional a jornada completa y otra trabajadora a media jornada, cuyo contrato ha finalizado. En la actualidad, solo queda una persona al frente y está de permiso temporal”, explican desde CGT en base a información que han podido conocer.

En diciembre se convocaron tres plazas de logopeda para el Gómez Ulla, dos de cupo general y una de reserva militar. Sin embargo, el proceso, que se encuentra actualmente en fase de listados provisionales según la resolución, todavía carece de fecha de examen, por lo que la incorporación de nuevos especialistas tardará meses. “La situación actual engorda la lista de espera. Si continúa así, cada vez menos personas accederán a este recurso”, denuncia el celador y delegado de CGT en este hospital, Álex de Marcos.

Desconoce si los ciudadanos afectados serán trasladados a otro centro sanitario o si tendrán que esperar a que regrese el logopeda que se encuentra de permiso temporal. Su entidad ha enviado un escrito al departamento de recursos humanos del hospital para denunciar la situación actual, pero no ha obtenido respuesta. La gerencia del Gómez Ulla y el Ministerio de Defensa tampoco han contestado a las preguntas formuladas por este diario.

De Marcos exige más profesionales al frente del servicio de logopedia. “Los vecinos de Latina y Carabanchel se merecen un trato mejor, las personas que necesitan esta asistencia son muy variadas, algunas han sufrido un ictus”, expresa. Recuerda que hace tres años el departamento de Trabajo Social también se quedó descubierto: “Todos los profesionales son esenciales y merecen el mismo reconocimiento. Hay que ponerlos en valor”.

La secretaria técnica del Colegio de Logopedas de la Comunidad de Madrid, María José Arellanos, aporta cifras para visibilizar un largo camino por recorrer. “En esta autonomía hay 58 logopedas trabajando en 18 hospitales, de los 30 públicos existentes”, señala. El número de plazas es muy dispar entre unos centros y otros. Por ejemplo, en el Niño Jesús hay 10 profesionales, pero en el Clínico San Carlos, solo uno. La distribución territorial tampoco es equitativa y la cartera de servicios no está unificada. “No todos los hospitales abordan todos los trastornos que trabajamos en esta profesión sanitaria”, señala.

Arellanos defiende que estos trabajadores no pueden ser sustituidos por otros especialistas. “Abordamos aspectos muy concretos, por ejemplo, la intervención en disfagia”, señala. Solo hay tres logopedas en las unidades de Neonatología de la comunidad. Se encuentran en La Paz, en el Gregorio Marañón y en el 12 de Octubre. “Para la población de 0 a 6 años se han realizado unos acuerdos a nivel autonómico con la intención de que en centros privados se ofrezcan plazas concertadas de tratamientos de logopedia. Es algo que debería ser público”, explica.

La secretaria técnica insiste en que sí hay graduados en esta especialidad, pero faltan plazas. “En 2024, nuestra entidad registró un logopeda por cada 122.800 personas residentes en la Comunidad de Madrid”, señala. Jesús López, delegado de Comisiones Obreras en el Gómez Ulla, advierte que el déficit de personal se extiende a otras categorías profesionales. “Muchos contratos vencen en mayo y desde administración nos dicen que ahora mismo tienen el presupuesto bloqueado. En el caso de logopedia ha faltado previsión y planificación”, indica.

David Campo, portavoz de la Asociación Vecinal Pradera-Tercio Terol, cuyos residentes están afectados por la situación, lamenta “la precarización de un servicio público tan importante”, pero reconoce estar acostumbrado. “Ya hemos padecido durante meses la falta de pediatras en los centros de salud”, comenta. “La sensación general es que hay que buscar un logopeda privado para tener una atención continuada y frecuente”, concluye.

Comparte esta impresión Emiliano López, secretario de la Asociación de Vecinos Casco Antiguo de Carabanchel. “Es frustrante”, protesta a las puertas del Hospital Universitario Fundación Alcorcón, que pertenece a un modelo público-privado de gestión. Asegura que a este centro sanitario han derivado a un familiar suyo ante el déficit de dermatólogos en el Gómez Ulla: “Allí la lista de espera era de un año, aquí de un mes”.