La Comunidad de Madrid no pregunta a los miembros del comité sobre abortos si son objetores, como obliga la ley

La Comunidad de Madrid no pregunta a los miembros del comité clínico encargado de decidir sobre abortos más allá de la semana 22 si son objetores de conciencia o no, según aseguran a EL PAÍS fuentes de la Consejería de Sanidad. También inciden en que dichos miembros son profesionales de reconocido prestigio y que están preparados “de sobra” para tomar decisiones sobre la interrupción del embarazo. La ley, en cambio, establece que no pueden formar parte de este comité profesionales que sean objetores de conciencia o que lo hayan sido en los tres años anteriores al nombramiento. No preguntar por el cumplimiento de este requisito supone, a ojos de los expertos consultados, una dejación de funciones por parte de la Comunidad de Madrid, que debe velar por que las normas se cumplan, y un incumplimiento de la legislación vigente.

“Nosotros no preguntamos a estos profesionales absolutamente nada. Solo tienen que tener acreditada experiencia sanitaria, que la tienen, y conocimientos jurídicos, que son voluntarios”, indica un portavoz de la Consejería de Sanidad. “Son voluntarios que han demostrado con la práctica clínica que están capacitados para tomar estas decisiones”, añade. En la Puerta del Sol, además, lo tienen claro: no van a hacer ningún registro de objetores por considerarlo una “lista negra”, como ha repetido en más de una ocasión la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso.

Este martes, la consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha subrayado que en la Comunidad de Madrid no se le deniega a nadie el aborto. “Además se trabaja para también que exista esa libertad de objeción de conciencia, por lo cual creo que es un debate estéril”.

Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad, ha recordado este martes que la ley es muy clara a este respecto y que ahora, gracias a una denuncia del Gobierno de España, la Comunidad de Madrid va a tener que crear el registro de objetores, que tendrá carácter privado. “Estaremos vigilantes para garantizar que las personas que forman parte del Comité Clínico no están a su vez registradas como objetoras de conciencia. Esto es fundamental para poder garantizar que las decisiones de las mujeres embarazadas se van a ver respetadas en base a lo que dice la legislación vigente”, asegura Padilla por teléfono.

La reforma legal de 2023 reforzó expresamente la cuestión. José Antonio Bosch, abogado de la Asociación de Clínicas Autorizadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), explica que la falta de un registro de objetores por parte de la Comunidad genera un vacío práctico: como la ley solo prohíbe formar parte del comité a quienes estén registrados como objetores —y no a quienes lo sean de hecho—, en ausencia de ese registro, no existe una forma objetiva de comprobar si los miembros del comité son objetores. Esto, añade, impide garantizar que quienes integran el órgano cumplan realmente con la limitación prevista por la ley.

El Ministerio de Sanidad lleva años reclamando a las comunidades autónomas —que tienen transferidas las competencias— la creación de un registro interno de profesionales objetores, concebido como instrumento de gestión y no como listado público. El objetivo, sostienen fuentes ministeriales, es poder verificar incompatibilidades y garantizar que los órganos que deben autorizar estos procedimientos no estén integrados por profesionales que hayan declarado objeción.

Todo esto mientras que la presidenta regional ha decidido recurrir el auto emitido por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que impone la “obligación de iniciar los trámites administrativos necesarios para su elaboración y aprobación, en cumplimiento de la normativa vigente”.

Un comité recién renovado

El comité regional se renovó el pasado 19 de febrero después de que se venciera el plazo para hacerlo el 30 de enero. Dos de los tres miembros repiten y uno de los hasta ahora suplentes ha pasado a titular. Por contra, el médico a quien sustituye ha pasado, a su vez, a ser suplente. La oposición regional tildan este cambio de “renovación cosmética”. El delegado del Gobierno, Franciso Martín, ha ido este martes más allá al valorar directamente que es un comité nulo al haberse nombrado antes de implantar el registro de objetores.

“Si fueran contrarios al aborto, rechazarían todos los casos que les llegan”, defienden en la Consejería de Sanidad, y recuerdan que en 2025, según los últimos datos publicados, este comité rechazó el 34% de las solicitudes de interrupción del embarazo por malformaciones fetales graves. Hasta octubre pasado, último dato disponible, el órgano denegó 13 solicitudes y aprobó 25.

Este grupo de especialistas es el encargado de confirmar los diagnósticos en los supuestos más graves previstos por la ley: intervienen en casos de embarazos patológicos, cuando la interrupción tiene carácter terapéutico, ya sea por grave riesgo para la vida de la madre o por malformaciones fetales graves. Esto quiere decir que el hecho de que den luz verde a ciertas interrupciones no tiene por qué significar que no sean objetores: simplemente, puede que no tuvieran otra opción.

Para tratar de disipar las dudas, este periódico ha intentado hablar varias veces con los actuales miembros del comité para conocer su posición personal sobre la objeción de conciencia, pero nunca ha obtenido respuesta. La concejala del PSOE en la Asamblea de Madrid Lorena Morales resume el sentir de la oposición: “La principal consecuencia de su insumisión al registro de objetores del aborto (cuando sí tiene el de eutanasia) es que no garantiza la objetividad de los miembros de su comité clínico”.