El derribo de 73 casas por culpa del Metro de Madrid desata crisis de ansiedad, autolesiones o insomnio: “Mi hogar fue una sala de torturas”

Testimonio 1: “Intenté suicidarme”.

Testimonio 2: “A veces no puedo hacer frente a esta situación y pienso que no deseo seguir viviendo. He trabajado y luchado tanto por ese hogar, para tener un futuro para mi hijo. Me han despojado de todo, ya no tengo nada”.

Testimonio 3: “Entré en depresión. Estuve un año de baja y perdí el trabajo. Ahora no soy la de siempre, mis niveles de ansiedad están por las nubes”.

Testimonio 4: “Mi hijo tuvo que dejar su carrera universitaria por el estrés, teniendo que acudir al psiquiatra”.

Esas palabras, que aparecen anonimizadas en un informe psicosocial encargado por la Asociación vecinal de personas afectadas por la línea 7B, resumen las vidas rotas por el Metro en San Fernando de Henares. En este municipio de Madrid (40.000 habitantes), la construcción del suburbano alteró la composición del suelo e hizo que las casas de la superficie perdieran pie, obligando a derribar 73, y llenado de grietas cientos. En el informe que dimensiona el drama, y sus consecuencias, han participado 169 adultos, además de un grupo de menores. El trabajo lo ha hecho el Centro Sira (Centro de Atención a Víctimas de Malos Tratos y Tortura), cuyos profesionales se desempeñan en el ámbito de la psicología y la psiquiatría. Y el balance, al que ha accedido EL PAÍS, es terrible.

El 64,4% de los entrevistados han experimentado episodios de crisis de nervios, ansiedad o angustia, llegando a la autolesión en un 8,5% de los casos. El uso de psicólogos se ha duplicado, llegando al 40% de los encuestados, mientras proliferaban los sentimientos de rabia (76,4%), tristeza (78%) y desesperación (35%). Un 46% admite recurrir a medicación para enfrentarse a la situación, mientras que un 79% reconoce problemas para dormir. Y de las personas desalojadas, el 46% han permanecido fuera de su hogar entre 1 y 6 meses, y casi un 27% más de dos años. Por eso el 89,7% siente que su proyecto vital ha sido destruido.

“Convirtieron nuestro hogar en una sala de torturas”, resume un entrevistado para el trabajo, donde el 50% de los entrevistados lleva más de 15 años conviviendo con los problemas que creó en sus viviendas la llegada del Metro a San Fernando.

Todo comienza con una decisión política. El Gobierno de Esperanza Aguirre (2003-2012) construye a toda prisa la línea 7B para llegar justo a las elecciones autonómicas de 2007. El hito se celebra con paellas y conciertos gratuitos. Pero la semilla del mal acaba de ser plantada. Se denomina karstificación. Hay agua que entra en contacto con sal y terrenos solubles. Mala combinación: el subsuelo de San Fernando se hunde, moviendo los cimientos de los edificios, y con ellos también los túneles del Metro, que por eso ha permanecido cerrado, o parcialmente cerrado, más de 5.000 días desde su inauguración (alrededor de siete años).

Como consecuencia, desde hace casi 20 años hay cientos de personas en San Fernando de Henares que viven con el miedo a las grietas de las paredes de su casa; intranquilos por los crujidos de sus viviendas y las vibraciones; ensordecidos por las obras continuas para salvar el Metro; espantados por la posibilidad del desalojo, o los cortes continuos de luz, agua o gas; y horrorizados ante la evidencia de que si al vecino le han derribado la casa, la siguiente puede ser la suya.

“El informe pone de relieve una realidad oculta desde hace 18 años, el gravísimo impacto psicosocial para la mayoría de la población de nuestro municipio, afectada directa o indirectamente por la negligencia de la línea 7B”, lamenta Alejandro Escribano, portavoz de la plataforma de afectados impulsora del estudio. “Nos da una imagen general de sufrimiento, que ha generado gravísimos problemas emocionales, pero también individual, porque la 7B no solo implica perder tu vivienda, si no que puede llevarte a perder tu trabajo, a tener peor relación con tu familia, a problemas de salud mental, e incluso físicos por la tensión, el estrés y la continua incertidumbre de 18 años sin una respuesta definitiva”, argumenta. “Debe haber verdad, justicia y reparación”, añade, pues considera que los derechos humanos han sido afectados por esta situación, lo que puede derivar en responsabilidades penales. Y remata: “Hemos sido maltratados y olvidados por la dejadez de la administración”.

Escribano dimensiona la catástrofe con estos datos: 217 personas desalojadas; 73 viviendas derribadas; 23 calles afectadas; 5 comercios derribados; espacios públicos de primer orden como centros escolares, de idiomas y centros socioculturales demolidos; 10 cierres acumulados por la línea 7b de Metro desde su apertura; y miles de viviendas devaluadas.

“Se identifica un daño acumulado que no deriva solo de la infraestructura del Metro, y las obras prolongadas, si no sobre todo de la desprotección institucional percibida por los vecinos”, resume Gabriela López Neyra, una de las coautoras del informe. “La profundidad del daño deriva de la sensación de vivir en un Estado de derecho, con unas instituciones que protegen, y que ante una situación como esta, que afecta a algo tan esencial para la vida como la vivienda, no pongan ninguna medida suficiente para reparar el daño”.

A finales de febrero, la administración regional, encabezada por el PP desde 1995, había abonado 84 indemnizaciones, con una inversión total de 12 millones de euros por parte del Ejecutivo. En paralelo, había iniciado motu proprio una nueva fase de indemnizaciones, en este caso a los propietarios de casi 300 viviendas con desperfectos que no han obligado a derribarlas. Y también había invertido más de 170 millones en recuperar el servicio de la línea, un compromiso de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que se enfrenta a un problema heredado de Aguirre.

“Entiendo que cualquier indemnización se quedará corta, porque el daño es tremendo”, admitió en 2023 la baronesa.

Las cifras millonarias no ocultan el sufrimiento de cientos de vidas rotas. Las las abuelas muertas de tristeza porque el apartahotel al que las enviaron tras desalojarlas de sus casas quedaban lejos de la vivienda de sus nietas. Las de los matrimonios que se pelearon porque no encontraban dónde ir, qué alquilar, o cómo pagar la renta mientras seguían pagando religiosamente la letra de la hipoteca de una casa que no podían usar, y que en algunos casos ha sido derribada. Las de los que aún hoy combaten en los tribunales pidiendo una mayor compensación que facilite comprarse una vivienda como la que tenían en el Madrid enloquecido del boom inmobiliario. Las de los que se deprimieron. Las de que perdieron sus recuerdos, las fotos y los objetos que cosen el pasado y el presente de una familia. Las de los que pensaron en el suicidio. Las de quienes dejaron de estudiar. O las de quienes ven una cosa tan cotidiana como un cartel del Metro y se rompen por dentro.

Quince años de problemas

“Los impactos finales son severos, cronificados e irreparables”, resume el informe. “Los efectos en la salud, el bienestar psicológico y la vida de las personas presentan un daño continuado que ha trascendido lo material. La aparición de indefensión, pérdida de control, daño moral y desafección política refleja la gravedad del proceso vivido y la necesidad de un reconocimiento explícito por parte de las instituciones responsables”.

Esto dice un encuestado: “Nos hace un daño horroroso estar viviendo así”.

Apunta otro: “Durante más de 15 años he vivido obras continuas cada dos años, soportando ruidos de obras y suciedad, viviendo con grietas hasta que hace más de tres años declararon mi casa en ruina y me desalojaron de ella”.

Esto dice un tercero: “Apenas tengo recuerdos de mi casa sin problemas. Recuerdo mi casa con grietas de mayor o menor tamaño. También el mal aislamiento debido al descuadre de puertas y ventanas. En verano el calor era asfixiante y en invierno recuerdo cómo en el pasillo de casa podías notar el viento frío que venía de la calle porque la puerta no cerraba bien. Cuando las máquinas operaban en la calle (para bombear cemento para estabilizar el subsuelo) era lo peor. La vibración se notaba en cualquier parte de la casa. Sus intervenciones muchas veces nos dejaban sin luz o agua, alguna vez sin gas. La mayoría de las veces ni siquiera se avisaba. El ruido permanente era desquiciante. Simplemente no se podía estar en casa. A mí me han llegado a desalojar en tres ocasiones, contando la última como definitiva. Y ahora no tengo vivienda”.