Ayuso y los ayuntamientos de Madrid ‘hipotecan’ durante décadas 100 parcelas públicas cedidas para proyectos público-privados

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso (PP), ha cedido desde 2019, o planea ceder, 100 parcelas públicas para que sean explotadas durante décadas, y obteniendo jugosos beneficios, por operadores privados, según documentación consultada por EL PAÍS en el portal de contratación. Esos terrenos, en su mayoría cedidos gratuitamente y de origen municipal, acogen o acogerán al menos cinco colegios privados concertados; 40 residencias y centros de día, como desveló este diario el lunes; y miles de pisos de alquiler teóricamente asequible. El plazo de explotación del que gozarán las empresas ganadoras de los concursos varía de los 40 años a los 70, prorrogables a 75, el máximo permitido por la ley, tras lo cual los edificios construidos con financiación privada revertirán en el patrimonio público. En el entretanto, los inversores ofrecerán plazas públicas mientras se lucran gracias a las plazas privadas ofertadas, el cobro de los alquileres, o servicios anexos. Una decisión política e ideológica que alivia las cuentas presentes de Madrid, pero hipoteca a cualquier futuro gobernante. Cuestión de eficacia, defienden en el Gobierno regional para escándalo de la oposición de izquierdas.

“Es una fórmula de colaboración-privada que permite una puesta en servicio de las infraestructuras necesarias de forma más rápida y bajo criterios de eficacia y eficiencia”, sostiene un portavoz del Ejecutivo regional sobre un plan que afecta, cada una con sus matices, a un centenar de parcelas entre las dedicadas a colegios privados concertados (cinco, de las cuales dos aún están en una fase preliminar); la mayoría de las proyectadas para residencias y centros de día (40); y las del Plan Vive (72, de las cuales 19 están pendientes de adjudicar formalmente, según el portal de contratación).

Da igual que el municipio sea grande, mediano o pequeño. Que se trate de la ciudad de Madrid, de Móstoles, Alcobendas, Tres Cantos, Torrejón de Velasco o Torrejón de la Calzada. La apuesta por ceder gratuitamente terrenos públicos por toda la región lleva el sello del gobierno de Ayuso y cuenta con el efecto multiplicador del inmenso poder municipal amasado por el PP en las elecciones de 2023. Con la oposición del PSOE a que se apunten a estos programas los gobiernos municipales en los que están los socialistas, la presidenta regional ha decidido revitalizar una fórmula que explotó al máximo el Ejecutivo de Esperanza Aguirre (2003-2012) y que el de Cristina Cifuentes (2015-2018) decidió paralizar en el caso de los colegios privados concertados.

“El suelo público debe destinarse a reforzar los servicios públicos y garantizar derechos, no a facilitar los negocios privados de un rentista, la Iglesia o una mercantil”, reclama María Pastor, portavoz adjunta de Más Madrid en la Asamblea regional. “Con decisiones como estas, el Gobierno de Ayuso consolida un modelo que desvía recursos hacia lo privado en vez de fortalecer lo público”, critica. “Ceder parcelas debe ir acompañado de cláusulas estrictas que impidan que se mercadee con el derecho a la educación, a la vivienda y a los cuidados”.

El lunes, cuando se conoció que la Comunidad abría un concurso para la cesión de una parcela del Ayuntamiento con el objetivo de construir una residencia, Ana Lima, concejal capitalina del PSOE, explotó: “Volvemos a ver una fórmula que ya conocemos bien, la cesión de suelo público para que intereses privados hagan negocio. Lo hemos visto ya en vivienda y ahora lo vemos también en el ámbito residencial”. “No estamos ante una simple decisión de gestión, sino ante un regalo con efectos estructurales a largo plazo”, siguió. Y remató: “Lo que se presenta como eficiencia es, en realidad, un cambio de modelo: menos gestión directa y más dependencia de operadores privados en un ámbito tan sensible como los cuidados. La prioridad no puede ser la cuenta de resultados, sino el interés general, la calidad y la universalidad en el acceso”.

En la misma línea se expresa el diputado Javier Guardiola, también del PSOE. “Durante años se ha estado dando el suelo público para gestiones privadas, y nos encontramos en barrios o municipios donde tienen una carencia absoluta de servicios públicos”, se queja. “El suelo público es un recurso finito. La Comunidad de Madrid tiene una carencia de servicios públicos. Hay que usar ese suelo para generarlos”.

Millones de beneficios

El negocio es redondo para los privados que se imponen en los concursos. Por ejemplo, en el caso de los colegios concertados, históricamente han podido hipotecar el propio terreno público para financiar la obra a la que se han comprometido. A cambio de ofrecer las plazas concertadas en enseñanzas obligatorias, pueden plantear otras de pago completo en niveles como Infantil o Bachillerato, donde la Administración ha fomentado con becas la permanencia de los estudiantes captados en la etapa que paga el presupuesto público.

En el caso de las 40 residencias y centros de día que la Comunidad de Madrid acaba de empezar a licitar, con el objetivo de poner en marcha la primera en el verano de 2028, los gestores podrán cobrar por el párking, la cafetería y cientos de plazas de residencia de carácter privado. Cuando el sistema esté completo, la Comunidad se reservará 2.400 plazas y las empresas podrán ofertar 1.755 en el mercado libre, según información gubernamental.

En el caso de los terrenos cedidos para el Plan Vive, centrado en la construcción de viviendas para comercializarlas en la modalidad de alquiler teóricamente asequible, la tajada para el privado es aún más jugosa: cientos de millones de euros de beneficio neto en cada promoción, según comprobó este diario en la documentación de cada uno de los concursos.