Ayuso multiplica la apuesta de su ejecutivo por la educación privada concertada al buscar parcelas públicas para dos nuevos centros

Hubo un tiempo en el que el hambre de los gobiernos del PP por expandir la educación concertada a lo largo y ancho de la Comunidad de Madrid pareció haber quedado saciada. Cristina Cifuentes, presidenta entre 2015 y 2018, echó el freno de mano a la apuesta de pagar con dinero y parcelas públicos negocios de gestores privados, como su sucesor, Ángel Garrido (2018-2019). Pero llegaron las elecciones de 2019, y la presidencia de Isabel Díaz Ayuso. Y desde entonces todo ha cambiado. Vuelta a los tiempos de Esperanza Aguirre. Primero, en 2022, se retomó un concertado durmiente en Villalbilla, primer centro de este tipo desde el curso 2013-14. Luego, se impulsaron tres a iniciativa del Ayuntamiento de Madrid, que fue quien cedió las parcelas. Y ahora, nueva vuelta de tuerca, y reactivación total de la apuesta por la concertada: el gobierno regional ha anunciado este miércoles que busca parcelas para construir dos nuevos centros en el Ensanche de los Berrocales, de Madrid, y en Colmenar Viejo.

“La Consejería de Educación, Ciencia y Universidades ha pedido formalmente a estas dos corporaciones municipales la cesión de parcelas destinadas a estos centros para responder al crecimiento demográfico así como facilitar la libertad de elección de centro educativo de las familias”, explican en la consejería de Educación. “El proceso de cesión contempla que, una vez que los ayuntamientos propongan la ubicación de los terrenos, la Consejería llevará a cabo los estudios de viabilidad correspondientes, así como, en el caso de los colegios e institutos públicos, la redacción de los proyectos y la construcción y puesta en marcha de los centros”, añaden en referencia a la inversión de más de 40 millones de euros en levantar un Centro de Educación Infantil, Primaria y Secundaria (CEIPSO), un instituto público (IES) y un colegio concertado en el barrio de Los Berrocales de la capital, además de un instituto y un centro concertado en el municipio de Colmenar Viejo. En total, más de 5.200 nuevas plazas educativas.

El anuncio supone una vuelta de tuerca al compromiso del gobierno de Ayuso con la concertada. Tras años de barbecho, bajo el mandato de la presidenta se han cedido gratuitamente tres terrenos públicos valorados en un total de 30 millones para que las empresas ganadoras de los concursos los exploten durante 40 años, prorrogables a 75, a cambio de construir las instalaciones.

Para llegar a ese punto, el Ayuntamiento y la Comunidad, ambos del PP, tuvieron que encontrar una vía por la que regatear la ley estatal de educación. La norma nacional prohíbe de facto a los municipios ceder terrenos públicos para construir centros privados concertados, pues restringe esa posibilidad “a los centros docentes públicos”. Como las Comunidades no están afectadas por esa medida, la administración que encabeza José Luis Martínez-Almeida cedió la parcela a la que dirige Díaz Ayuso (en los tres casos gratuitamente) y fue la Comunidad quien organizó el concurso para que un privado afrontara la construcción y explotación del centro concertado.

Culminados esos proyectos, que ha llevado a los tribunales una asociación de la enseñanza privada, el gobierno regional da ahora un paso más: reclamar proactivamente las parcelas a los Ayuntamientos de Madrid y Colmenar Viejo, en ambos casos gobernados por el PP.

La apuesta no es inocente. El PP lleva más de una década trabajando con la tesis de que gana más votos allí donde instala colegios privados concertados, según confesó uno de sus consejeros de Educación, Luis Peral. Como resultado, solo el País Vasco supera a Madrid en porcentaje de alumnos que estudian en una de las dos modalidades de la educación privada (pura o concertada).