¿Mano dura de Almeida?: el alcalde presume del cierre de pisos turísticos ilegales mientras ignora casos como el de Valverde 41

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, dijo el pasado 30 de mayo, hace justo ocho meses, lo siguiente: “Vamos a hacer todo lo necesario para luchar contra las viviendas de uso turístico ilegal”. En la ciudad hay más de 15.000, según cifras del Ministerio de Consumo. A febrero de 2025, no hay datos más recientes, el Consistorio de la capital había recibido 1.289 denuncias de apartamentos ilegales y sancionó a los propietarios de 92 de ellos. La mayoría tuvo que pagar una multa de 30.001 euros, y tres de ellos de 60.001 por reincidencia. En la teoría, y en las ruedas de prensa, el ejecutivo municipal impone mano dura sobre quienes ofertan vivienda turística ilegalmente. En la práctica, los propietarios ni se inmutan y siguen con su negocio. O paran durante un tiempo ―y consta como cese de la actividad― y luego vuelven a la casilla de salida. Algunos, incluso, lo hacen durante años, aun habiendo recibido el no del Ayuntamiento dos veces y después de ser expuestos en el pleno municipal.

Es el caso del número 41 de la calle de Valverde, en pleno barrio de Malasaña. En varios portales hoteleros los pisos se anuncian como “nuevo Apartamento en Madrid Centro a 2 calles de Gran Vía”. El precio oscila entre los 145 euros la noche en los meses más flojos, como enero o febrero, a los 345 en temporada alta. Las primeras reseñas de huéspedes se remontan al verano de 2023 y las más recientes son de hace un día. El problema es que en este bloque no puede haber apartamentos turísticos, porque el Ayuntamiento de Madrid ha denegado el cambio de uso residencial a uso de hospedaje dos veces, una en septiembre de 2024 y otra hace apenas mes y medio. En el Pleno municipal, celebrado este martes, los partidos de la oposición criticaron que siga en activo y el grupo socialista interpuso una denuncia por actividad irregular. Un día después, nada había cambiado y una familia de turistas argentinos salía del bloque pasadas las dos de la tarde, lista para recorrer la ciudad. En el área de Urbanismo dicen que inspeccionaran el edificio “en estos días”. La laxitud a la hora de investigar estos casos choca con la preocupación de los ciudadanos: para el 57,6% de los madrileños la vivienda es el principal problema en la ciudad, según la última encuesta municipal de Calidad de Vida, publicada este jueves.

El Ayuntamiento ya acordó hace año y medio, y de nuevo el pasado diciembre, “inadmitir a trámite, por razones de legalidad, el Plan Especial para el edificio situado en la calle de Valverde número 41”. Los planes especiales son herramientas de planteamiento urbanístico para diferentes necesidades. En este caso, convertir edificios residenciales en hospedaje requiere la aprobación de un plan especial. El propietario presenta ese plan y si el Ayuntamiento lo aprueba, puede montar su hotel o apartamento turístico. Si no lo aprueba, como ha ocurrido, el dueño no puede hacerlo y los pisos turísticos, si siguen en activo, se consideran ilegales. La primera vez no se inspeccionó qué hacía el propietario después de no aprobarle el cambio de uso, y esta tampoco se ha hecho todavía.

El motivo que da el Ayuntamiento para no aprobar los pisos turísticos de Valverde 41, según consta en los acuerdos de gobierno, es que “las condiciones de pieza exterior y de iluminación y ventilación no se cumplen en la totalidad de los apartamentos”.

En la página de Booking, en cambio, todavía se pueden alquilar apartamentos en ese bloque. El anuncio tiene 532 reseñas y en uno de los más recientes, del 25 de enero, se lee: “El check-in es supersencillo con la app que te indican. Nos dejaron entrar antes de la hora, todo un lujo”. Ya no hay apartamentos disponibles para esta semana, están todos alquilados. Sí te permite reservar uno de los pisos, de 45 metros cuadrados, un par de noches en febrero por 305 euros.

Durante el Pleno del Ayuntamiento, celebrado este martes, el delegado de urbanismo, Borja Carabante, no hizo alusión a los anuncios publicados en los portales, que le mostraron Más Madrid y PSOE, ni a si prevén alguna intervención sobre el inmueble de Valverde 41. “Aquellas viviendas de uso turístico que no tienen licencia, no se pueden anunciar [...] Si esta vivienda es ilegal, ¿cómo es posible que le estén anunciando? ¿Dónde están los inspectores del Ministerio de Consumo? ¿Dónde está la vicepresidenta del Gobierno?”, atacó. Mientras tanto, los turistas siguen entrando y saliendo del bloque de Malasaña.

El anunciante de los pisos es Madrid Rentals Family y también los publicita en Airbnb, donde invitan al turista a disfrutar, por unos días, de “su casa”. Esta empresa tiene publicados 30 anuncios más o menos iguales, uno por cada apartamento que oferta, del bloque de Valverde 41 y de otro en la calle de Chinchilla, perpendicular a Gran Vía. Ahí explica a los futuros turistas que no hay recepción y que el acceso y salida del edificio se hace a través de una aplicación para el móvil que “te permitirá abrir las puertas con la mejor seguridad y tecnología”. Tanto en Booking como en Airbnb hay que alquilar el piso para mínimo dos noches. En esta última plataforma, casi no quedan días libres para febrero y dos noches se pagan a 440 euros. Este periódico se ha puesto en contacto con la empresa por correo, teléfono y a través de los portales de hoteles, pero no ha recibido respuesta.

Los 17 vecinos del bloque de enfrente, Valverde 42, llevan tres años siendo testigos del ir y venir de turistas, pero esta semana han estado más atentos de lo normal. Su edificio lo ha comprado una promotora inmobiliaria dedicada a la venta y alquiler de viviendas de lujo y que no va a renovarles el contrato. Marcos Valiente, que lleva 21 años en el barrio, hablaba del portal de enfrente como si viera el futuro: “Ese también lo convirtieron en uno turístico...”. El martes, mientras el alcalde y resto de concejales populares hablaban del “mejor” Madrid en el Pleno, una trabajadora del Ayuntamiento se presentó en el portal 42 en busca de un piso turístico. “Le tuvimos que explicar que este no era, que era el de enfrente”, cuentan los vecinos.

Este noviembre, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, anunció, con gran orgullo, que el número de pisos turísticos en la capital había disminuido respecto al verano. Aunque, en realidad, se refería al número de anuncios en la web de Airbnb, según los datos extraídos de la plataforma Inside Airbnb: de 16.959 viviendas anunciadas a 14.297. El motivo, según el equipo de Almeida, ha sido la aprobación del Plan Reside, que prohíbe los pisos turísticos en edificios del centro de la ciudad donde también vivan vecinos. Estos apartamentos, según la normativa, solo podrán estar en bloques enteros destinados en exclusiva al turismo, como el de Valverde 41.

Antonio Giraldo, portavoz de Urbanismo del grupo municipal socialista, explica por teléfono que el edificio sí podría operar como bloque de pisos turísticos, pero que, por el momento, “el cambio de uso no es legal en las condiciones planteadas, ya que incumple determinados parámetros técnicos”.

También señala que la reducción de anuncios de apartamentos turísticos de la que se enorgullece Almeida ha sido por la entrada en vigor del nuevo registro único para pisos que se alquilan por temporadas y no por el Plan Reside. El grupo socialista interpuso este martes una denuncia ante la Agencia de Actividades por actividad irregular y pide una inspección para que se emita la orden de cese. “El Plan Reside no tiene relación con la disciplina urbanística, y en la Agencia de Actividades hay muy pocos inspectores, lo que hace inviable un control efectivo del fenómeno”, critica Giraldo.

Después de conocerse cuántos pisos turísticos ilegales hay en la capital, Más Madrid anunció que presentaría una denuncia contra el gobierno de Almeida por la “inacción” a la hora de perseguirlos. Lucía Lois, concejala del partido, opina que Valverde 41 es ejemplo del “colmo del cinismo” del Ayuntamiento. “Los propietarios no tardarán en subsanar los peros detectados y la realidad es que a efectos prácticos no necesitan ningún plan especial para que haya un edificio de apartamentos porque esa actividad hotelera ya está operando sin licencia”, comenta. Y añade que el Plan Reside es un “atajo” para que bloques residenciales pasen a tener uso de hospedaje: “No se hace nada para cerrar los que, tanto con la actual normativa como con la anterior, son claramente ilegales.”