Los fallos contra el PP del Tribunal Constitucional ponen en cuestión al hombre fuerte de Ayuso en la Asamblea de Madrid

Los dos recientes fallos del Tribunal Constitucional en contra de decisiones de la Mesa de la Asamblea de Madrid, que domina el PP con mayoría absoluta, han puesto en cuestión al hombre fuerte de la presidenta Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea, Enrique Ossorio, cuya dimisión reclama Más Madrid. El hoy presidente de la Cámara fue antes vicepresidente y portavoz del Gobierno de la baronesa, además de redactor de sus programas electorales. Esa relación de confianza explica en parte que Díaz Ayuso eligiera a Ossorio para una misión delicada, según interpreta la oposición: aprovechar, denuncian Más Madrid, PSOE y Vox, la mayoría absoluta del PP para controlar las iniciativas de sus rivales y usar la Cámara como caja de resonancia de la estrategia de oposición contra el Gobierno nacional de Pedro Sánchez (PSOE y Sumar). El Constitucional escruta ahora esa apuesta, con un puñado de recursos de la oposición por dirimir, incluyendo, próximamente, uno previo al mandato de Ossorio, y que afecta a la ley que permitió cambiar a la dirección de Telemadrid para sustituirla por una afín al PP.

“La sentencia del Tribunal Constitucional es demoledora”, opinó Manuela Bergerot, la líder de Más Madrid. “Queda claro que la Mesa de la Asamblea ha actuado como un órgano de parte, como la mano protectora de Ayuso”, describió. “Y ante la contundencia de esta sentencia, exigimos la dimisión del presidente, Enrique Ossorio”, reclamó.

Para la líder del partido de izquierdas, “el control de Ayuso sobre las instituciones no solo es antidemocrático, sino que también es inconstitucional”. “Se acabaron los vetos de Ayuso por la mano ejecutora de Ossorio, se acabó desechar comisiones de investigación por capricho del presidente de la Asamblea, y se acabó la apisonadora del PP en el Parlamento de todos los madrileños”, exigió Bergerot. Y remató: “La permanencia de Ossorio al frente de la Mesa es incompatible con una democracia funcional en la Comunidad de Madrid, y Ossorio debe irse inmediatamente”.

Por su parte, el PSOE eleva el tiro y considera que quien debe irse es Ayuso, según transmiten desde la formación que dirige en Madrid el ministro Óscar López.

En lo que coinciden los dos partidos es en la voluntad de volver a registrar las iniciativas vetadas por la Asamblea, que en principio ya deberían ser revisadas automáticamente por la Mesa, el órgano que regula el día a día de la Cámara, y que domina el PP. Ahí es donde ahora encuentra la izquierda alivio, aunque no reparación: es muy difícil, por no decir imposible, que las iniciativas que no pudo poner en marcha en el pasado salgan adelante ahora, independientemente del amparo del Constitucional, ya que los conservadores siguen teniendo la mayoría. Otra cosa es que superen el trámite administrativo de la calificación en la Mesa (lo que no han conseguido hasta ahora) y pasen al de la votación política en el pleno.

Entre las iniciativas afectadas por los fallos del Constitucional hay un bloque de cinco preguntas de una diputada del PSOE sobre las amenazas de Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de la presidenta, a una periodista de eldiario.es, medio que había revelado el caso de presunto fraude fiscal que afecta a la pareja de la baronesa, Alberto González Amador. El otro bloque se refiere a una decena de iniciativas que buscaban reprobar al alto cargo o investigar el modelo de colaboración público privada en sanidad, ámbito en el que trabaja el novio de Ayuso. Tras el éxito de PSOE y Más Madrid, también Vox ha decidido acudir al Constitucional: el miércoles anunció un recurso de amparo por la “inadmisión arbitraria y sistemática” de sus iniciativas parlamentarias a lo largo de la presente legislatura con el fin de “silenciar los temas que incomodan al Gobierno de la Comunidad de Madrid”.

Así reaccionó un portavoz del Parlamento madrileño: “Las sentencias del Tribunal Constitucional no han llegado, hasta el momento, a la Asamblea. Cuando lleguen se podrán valorar”.

Bajo el mandato de Ossorio se han recrudecido los choques entre partidos que marcan el día a día del Parlamento autonómico desde que Ayuso llegó al poder, en agosto de 2019. A Ossorio, presidente desde 2023, se le ha visto vetar en directo, durante un pleno, una mención a su presunto papel en el ‘caso FP’ por el que se investiga al Ejecutivo de Ayuso. También dirigir los debates con un sello inconfundible que le ha valido la acusación de parcial por parte de la izquierda, que ve en él una sordera selectiva: tendría un agudo oído para las intervenciones punibles de Más Madrid, PSOE o Vox, pero no del PP. Finalmente, durante su etapa al frente de la Asamblea se ha impulsado la investigación parlamentaria del caso Begoña Gómez, diseñada para desgastar al gobierno de Sánchez.

Con Ossorio, un político de larga y prestigiosa trayectoria, la oposición dice sufrir “una deriva autoritaria”, además de “censura”. Más Madrid, por ejemplo, ha llevado al Constitucional que le quitara la palabra a uno de sus diputados, Hugo Martínez Abarca, por afirmar que “el principal problema que tiene institucionalmente España” es que “algunos” jueces “acosan” al Gobierno de España.

El tribunal de garantías volverá a poner la lupa próximamente sobre las decisiones del organismo que hoy preside este político de larga trayectoria en la política madrileña. Así, es posible que dentro de dos semanas se pronuncie sobre el recurso del PSOE contra la tramitación por lectura única de la ley de Telemadrid que aprobó el primer gobierno de Ayuso en solitario (2021), cuando María Eugenia Carballedo presidía el Parlamento regional.

Aquella reclamación de los socialistas, adelantada por este diario, permitió al PP y a Vox controlar la cadena pública, deshaciéndose de la anterior dirección, y nombrando un polémico administrador provisional, José Antonio Sánchez. Desde entonces este alto cargo, votante confeso del partido conservador, se ha consolidado al frente de la entidad. El PSOE pide la nulidad de la reforma al considerar que su tramitación hurtó el derecho de los diputados a presentar enmiendas para modificar el texto.

‘Ley ómnibus’

Para más adelante quedan las resoluciones sobre otros asuntos polémicos, como la ley del suelo, o la ley ómnibus que empleó el PP de Ayuso para aprobar decenas de cambios legales en una sola votación, con el resultado de facilitar el control de las entidades que deben fiscalizar al gobierno madrileño: la Cámara de Cuentas, Telemadrid y el Consejo de Transparencia.

También está en cuestión la decisión de la Mesa de no admitir a trámite la petición de una comisión de investigación sobre Madrid Network, con el argumento, entre otros, de que es un asunto de otra legislatura, y por lo tanto de otro gobierno. Esta asociación empresarial sin ánimo de lucro pagó 1,8 millones de euros entre 2008 y 2011 a Equipo Económico (EE), el despacho fundado por el exministro Cristóbal Montoro, investigado ahora por la presunta comisión de siete delitos.

Ese criterio de la Mesa sobre asuntos de pasadas legislaturas que sirve para vetar todos los temas previos a las elecciones ya había sido denunciado ante el tribunal de garantías por Más Madrid. En aquel caso se aplicó para que el partido de izquierdas no pudiera preguntar por los contratos de la pandemia, en medio de la polémica por la comisión cobrada por el hermano de la presidenta por conseguir mascarillas para una empresa que surtía a la Comunidad de Madrid. No era un asunto de esa legislatura, le dijeron a Más Madrid en la Mesa, dominada por el PP, por mucho que afectara al mismo partido en el gobierno y la misma presidenta. Una catarata de decisiones en contra de los intereses de la oposición, que ahora ponen en cuestión el papel de Ossorio y su predecesores, Juan Trinidad (Ciudadanos) y Carballedo (PP).