El Constitucional pone coto al rodillo parlamentario de la mayoría absoluta de Ayuso

Son dos golpes de realidad en apenas tres días para el poderoso PP de Madrid, que lidera Isabel Díaz Ayuso. Lunes: el Constitucional tumba el veto de la mayoría absoluta conservadora a que una diputada del PSOE preguntara sobre las amenazas de Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de la presidenta, a una periodista de eldiario.es, medio que había revelado el caso de presunto fraude fiscal que afecta a la pareja de la baronesa, Alberto González Amador. Miércoles: el tribunal ampara a Más Madrid frente a la inadmisión de una decena de iniciativas que buscaban reprobar al alto cargo o investigar el modelo de colaboración público privada en sanidad, ámbito en el que trabaja el novio de Ayuso. Las dos decisiones no implican que esas iniciativas vayan a salir adelante ahora. Sin embargo, sí certifican que el Constitucional se ha convertido en la instancia en la que se juega gran parte del presente y el futuro de la política madrileña, con elecciones en 2027: sus integrantes también decidirán si es constitucional la ley que aprobó el PP de Ayuso en 2023 para controlar la Cámara de Cuentas, el Consejo de Transparencia y Telemadrid.

“Se acabó que el PP use su mayoría parlamentaria para blindar a los suyos en la impunidad”, celebra Manuela Bergerot, la líder de Más Madrid en el Parlamento regional. “Vamos a acudir a la justicia las veces que haga falta para recordarle a Ayuso que la Asamblea no es su cortijo”, sigue. “Esta sentencia tiene que servir para que la Asamblea recupere su poder de fiscalizar, y la oposición pueda ejercer sus derechos políticos. Las instituciones madrileñas están para proteger a los madrileños y no para proteger a Ayuso”.

Una línea argumental parecida a la que empleó a principios de semana Mar Espinar, la portavoz de los socialistas en la Asamblea, para celebrar el fallo a su favor. “Ayuso ha querido poner la mordaza a los socialistas y a los madrileños”, dice. “Le hemos doblado el brazo. Gana la democracia”.

Las dos decisiones encadenadas afectan al núcleo duro de la presidenta, colocado en la Cámara por la baronesa para asegurarse un devenir pacífico de la vida parlamentaria a través de la Mesa, el organismo que dirige el día a día de la Cámara, y que el PP controla por mayoría.

A un lado está el presidente, Enrique Ossorio, que fuera número dos de Ayuso en el gobierno, portavoz del ejecutivo, y redactor de sus programas electorales. Al otro, Ana Millán, vicepresidenta del Parlamento regional, amiga de la presidenta, y con otro puesto clave en el PP madrileño. Ellos son quienes llevan con mano firme las riendas de la Mesa de la Asamblea. Y de ellos debería ser la reacción al doble varapalo judicial, que no llega, y tiene un claro precedente: en 2022, el Constitucional anuló el acuerdo adoptado en 2019 por PP, Ciudadanos y Vox para que la extrema derecha ocupara un lugar en la Mesa que le correspondía a Más Madrid en función de los resultados electorales.

“Todavía no tenemos constancia de las decisiones del Tribunal Constitucional, ni de la de este miércoles ni de la del pasado lunes”, transmite un portavoz de la Asamblea. “Haremos una valoración cuando nos las notifiquen”.

Madrid Network

Lo que es seguro es que esta no será la última vez que los gestores del Parlamento autonómico oirán hablar del Constitucional. Quedan pendientes recursos de Más Madrid, PSOE y Podemos.

Esos escritos ponen en la diana, por ejemplo, la ley ómnibus que empleó el PP de Ayuso para aprobar decenas de cambios legales en una sola votación, con el resultado de facilitar el control de las entidades que deben fiscalizar al gobierno madrileño: la Cámara de Cuentas, Telemadrid y el Consejo de Transparencia.

También está en cuestión la decisión de la Mesa de no admitir a trámite la petición de una comisión de investigación sobre Madrid Network, con el argumento, entre otros, de que es un asunto de otra legislatura, y por lo tanto de otro gobierno. Esta asociación empresarial sin ánimo de lucro pagó 1,8 millones de euros entre 2008 y 2011 a Equipo Económico (EE), el despacho fundado por el exministro Cristóbal Montoro, investigado ahora por la presunta comisión de siete delitos.

Ese criterio de la Mesa sobre asuntos de pasadas legislaturas que sirve para vetar todos los temas previos a las elecciones ya había sido denunciado ante el tribunal de garantías por Más Madrid. En aquel caso se aplicó para que el partido de izquierdas no pudiera preguntar por los contratos de la pandemia, en medio de la polémica por la comisión cobrada por el hermano de la presidenta por conseguir mascarillas para una empresa que surtía a la Comunidad de Madrid. No era un asunto de esa legislatura, le dijeron a Más Madrid en la Mesa, dominada por el PP, por mucho que afectara al mismo partido en el gobierno y la misma presidenta.

No solo la oposición ha encontrado en el Constitucional un campo de batalla en el que defender sus intereses. El gobierno de Ayuso llegó a convertirse en 2025 el que más litigios pendientes tenía con el Estado en esta instancia. Ahí es donde ahora encuentra la izquierda alivio, aunque no reparación: es muy difícil, por no decir imposible, que las iniciativas que no pudo poner en marcha en el pasado salgan adelante ahora, independientemente del amparo del Constitucional, ya que el PP sigue teniendo la mayoría. Otra cosa es que superen el trámite administrativo de la calificación en la Mesa (lo que no han conseguido hasta ahora) y pasen al de la votación política en el pleno.

Allí, el PP tiene mayoría absoluta. También, un posible problema de percepción, en palabras dichas por Rocío Monasterio poco antes de dejar de ser la líder de Vox en la Asamblea: “La señora Ayuso aquí quizás ha equivocado la mayoría absoluta con el absolutismo“.