Ayuso explota la alarma por la okupación de viviendas, pero solo una veintena de afectados piden sus ayudas por tener okupas en Madrid

Si Pedro Sánchez tiene su Manual de Resistencia, Isabel Díaz Ayuso tiene su Manual de Oposición. Se observa el lunes. Ese día, el presidente del gobierno anuncia bonificaciones fiscales para los propietarios que no suban los alquileres a sus inquilinos. Inmediatamente, el gobierno de Díaz Ayuso en Madrid reacciona criticando la medida. “Lo primero que hay que hacer es derogar la ley de vivienda”, dice el número dos de la baronesa, Miguel Ángel García Martín. “Y lo segundo, tiene que haber garantías, seguridad jurídica, que no se proteja al okupa, sino al pequeño ahorrador”. El portavoz del ejecutivo vuelve a alentar así el fantasma de la okupación, que Díaz Ayuso alimenta periódicamente con sus discursos, reuniones con los afectados y anuncios de medidas para combatir esta lacra. Sin embargo, las dimensiones gigantescas que se le achacan a este delito en Madrid no se corresponden con los datos: por ejemplo, solo una veintena de afectados se acogen a la bonificación de la factura del agua por parte del Canal de Isabel II, según documentación oficial a la que accedió EL PAÍS.

Estos son los datos: entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2025 apenas se bonificaron 15 contratos correspondientes a viviendas ocupadas ilegalmente, de las cuales nueve estaban en Madrid capital, dos en Fuenlabrada, otras tantas en Los Molinos, y una en Arganda del Rey y Coslada, respectivamente. Esos datos no reflejan un descenso brusco del problema. Al contrario. Así se deduce del importe al que ascendieron esas bonificaciones en los últimos años: 6.543 euros en 2023, 3.820 en 2024, y 4.356 entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2025. En comparación, las bonificaciones por familia numerosa o exención social superaron todos esos años el millón de euros.

“Los propios datos oficiales del Canal de Isabel II desmontan el alarmismo del Gobierno regional sobre la ocupación”, denuncia Diego Cruz, diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid, sobre una ayuda para la que se requiere haber iniciado un procedimiento por allanamiento o usurpación de vivienda, o para la recuperación posesoria frente al particular que la ha ocupado sin tener derecho (antes o en el momento actual) para hacerlo. “La ocupación ilegal es un fenómeno marginal y utilizarlo como eje del debate público es una maniobra consciente, usando la mentira como argumento, para tapar el fracaso de la política de vivienda de la Comunidad de Madrid”, añade. “Mientras se infla un problema residual, lo que no es excusa para que aunque afecte a una sola persona deba de ser atendida con celeridad, el Gobierno regional mantiene a través de la Agencia de Vivienda Social (AVS) casi 800 viviendas vacías, degradadas o en manos de redes delictivas, sin actuar frente a esta situación, y más de 20.000 personas esperan un alquiler público”, afea. Y remata: “No hay emergencia por ocupación, hay una emergencia habitacional provocada por decisiones políticas”.

Este diario solicitó la opinión del gobierno regional, para conocer su interpretación de los datos. “Para la Comunidad de Madrid el tema de la ocupación de viviendas es muy grave”, fue la respuesta de un portavoz.

En junio, la viceconsejera de Justicia y Víctimas, María del Carmen Martín García-Matos, aseguró en la Asamblea que “más de 9.000 viviendas (de un total de tres millones) se encuentran ocupadas ilegalmente en la Comunidad de Madrid”. Esa cifra es diametralmente opuesta a la que da el gobierno central basándose en estadísticas de la Policía Nacional y la Guardia Civil, y que a través de un portavoz cifra en 1.096 las viviendas ocupadas entre enero y junio de 2025.

Aquel día de junio en la Asamblea, la viceconsejera de Ayuso no detalló cuántas de esas 9.000 viviendas que definió como ocupadas ilegalmente eran públicas. Sin embargo, a finales de 2025, la AVS tenía “2.486 viviendas ocupadas sin título, de las cuales 508 son asaltadas”, según un segundo portavoz gubernamental.

La viceconsejera tampoco aclaró si en esa cifra de 9.000 viviendas ocupadas estaba mezclando el delito penal de la okupación con la morosidad en el alquiler, como suele hacer Díaz Ayuso para defender que a su juicio “se ha extendido” la “inquiokupación”, sin proporcionar una estadística que apoye tal afirmación.

En todo caso, Ayuso ha encontrado el apoyo de las asociaciones de afectados, que no creen en los datos oficiales con el argumento de que solo recogen las denuncias efectivas, y no los casos en los que las víctimas resuelven el problema por su cuenta (pagando para que los okupas se vayan o sean desalojados).

Llamadas de auxilio

Sin embargo, hay otros datos sobre la puesta en práctica de iniciativas del ejecutivo regional contra la okupación que como poco no reflejan la alarma que este transmite. Así, Díaz Ayuso impulsó durante su segundo mandato la creación de un teléfono para atender a víctimas. El servicio comenzó a funcionar el 23 de junio de 2022 y hasta el 3 de febrero de 2025 había recibido 3.826 llamadas, que derivaron en la atención de 219 ciudadanos (siete al mes) y en que en 42 ocasiones se evitara la okupación o se lograra el desalojo, según el Ejecutivo regional. Entre el 1 de enero de 2024 y el 15 de octubre de 2025, según datos enviados por el gobierno a la Asamblea regional, apenas se recibieron 1.858 llamadas.

Como un mismo afectado puede llamar varias veces, esa cifra ni siquiera se corresponde con la de personas que acuden por esta vía a la administración en busca de ayuda.

Un bajo número que quizás tenga una explicación: a finales de 2025 había 2.486 viviendas de la AVS ocupadas sin título, de las cuales 508 son asaltadas. “Tanto la no ocupación de estos inmuebles como su ocupación ilegal, conlleva ingresos dejados de percibir por la AVS”, lamenta la Cámara de Cuentas en un reciente informe. En el caso de la empresa municipal de la capital, la cifra llegaba a 144 a octubre de 2025. Es decir, probablemente uno de los propietarios más afectados por la okupación en Madrid sean los propios gobiernos de Madrid, y no los particulares.