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El PSOE de Madrid interpone una denuncia contra el consejero delegado de Ribera por el escándalo de Torrejón

Los socialistas acusan a Pablo Gallart de ser el presunto autor de “irregularidades en la gestión” y señalan también a la Comunidad de Madrid por la posible “omisión de deberes de supervisión”

Hospital Universitario de Torrejón
Juan Diego Quesada

El PSOE de Madrid ha tomado la iniciativa en el caso del hospital de Torrejón de Ardoz. La formación que dirige Óscar López, también ministro de Pedro Sánchez y la persona encargada de enfrentarse en las urnas a Isabel Díaz Ayuso cuando se convoquen elecciones en Madrid, interpondrá esta mañana ante la Fiscalía de Madrid una denuncia contra el consejero delegado del grupo Ribera Salud, Pablo Gallart, por los audios, desvelados por EL PAÍS, en los que se le escucha decir que es necesario subir la lista de espera del hospital público, gestionado por su empresa privada, para obtener más beneficios. Los socialistas lo acusan de ser el presunto autor de “irregularidades en la gestión” y señalan también al Gobierno de Ayuso por la posible “omisión de deberes de supervisión”.

Tras conocerse que en una reunión del pasado septiembre con una veintena de directivos del hospital de Torrejón, Gallart pidió priorizar las ganancias económicas del grupo por encima de la atención médica de ciertos pacientes que no le resultaban rentables a la empresa. Según los denunciantes, estas prácticas podrían ser indicios de que se cometieron delitos de prevaricación administrativa, corrupción en los negocios y delitos contra la salud pública, e incluso el de denegación de prestaciones públicas por razones de discriminación, el mismo delito por el que tres ex altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso están imputados en la causa de las muertes de mayores en las residencias de Madrid durante la pandemia.

El PSOE ha anunciado que la denuncia se formulara también “contra todos aquellos que, como consecuencia de las diligencias de la investigación o de la instrucción de la causa, puedan aparecer como penalmente responsables de los hechos ahora puestos en conocimiento del Ministerio Fiscal”. Ayuso ordenó poner en marcha una investigación que concluyó que no existían irregularidades en el centro, que su atención era buena y que las palabras de Gallart nunca se habían traducido en nada concreto.

Ayuso navegaba hasta hace unos días con el viento de cara. Nada la perturbaba. Había conseguido derribar a todo un fiscal general del Estado, lo que solo podía leerse como una victoria frente a su principal enemigo, Pedro Sánchez. Además, al presidente del Gobierno le rodean una serie de escándalos que Ayuso se ocupa de recordarle cada día. Y, de repente, como surgida de las piedras, se ha encontrado con una crisis que nadie vio venir.

La presidenta de la Comunidad de Madrid y su entorno vivieron unas horas de desconcierto tras la exclusiva de EL PAÍS. Fue un golpe directo al modelo de privatización sanitaria que el PP aplica en Madrid desde hace 30 años. Ayuso estuvo 48 horas sin referirse al asunto, se quedó muda. Hasta el líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, a menudo menos locuaz que ella, habló del tema. El Gobierno de Madrid, eso sí, inició una investigación para esclarecer lo ocurrido. El equipo de la presidenta defiende que no habló porque quiso ser prudente y esperó a tener más datos a la hora de emitir una opinión. En ese tiempo que se tomó de cautela creció la indignación y la noticia se convirtió en un escándalo mayúsculo.

La presidenta y su gente han pasado a la ofensiva. Han rechazado las palabras del CEO del Grupo Ribera Salud, Pablo Gallart, pero en vez de centrar las culpas en él ahora lo hacen en los directivos de esa empresa que han denunciado las órdenes poco éticas de Gallart. “Ese tipo ha sido cesado”, dicen desde el entorno de Ayuso, pero la realidad es que no, solo ha dimitido de “su cargo de gestor” de este hospital. Gallart continúa en el mismo puesto.

Según la Comunidad de Madrid, las órdenes del CEO nunca tuvieron incidencia en el día a día del hospital. “Las rencillas internas no pueden poner en tela de juicio la sanidad madrileña”, minimizan. Insinúan que se trata hasta de un asunto de “amoríos raros” y que han utilizado al periódico “para una venganza que no tenía base”. A su entender, “deberían aparecer nombres y apellidos de los denunciantes, no valen ‘fuentes’”. “Es claramente una vendetta”, repiten.

El caso no ha hecho más que crecer. EL PAÍS volvió a publicar una exclusiva el viernes: los empleados del hospital recibieron la orden de reutilizar material sanitario de un solo uso. La instrucción está documentada y fue denunciada en el canal ético de la empresa. La inspección de la Consejería de Sanidad, a cargo del Gobierno de Ayuso, no encontró pruebas de que esto se haya llegado a aplicar, lo que les lleva a concluir que la noticia “es falsa” a pesar de que la instrucción es real y hay pruebas de ello.

Desde la Comunidad de Madrid y el Grupo Ribera se quiere hacer ver que los audios publicados están descontextualizados. La empresa ha distribuido uno en el que se escucha a Gallart decir lo siguiente: “Estamos dispuestos a quedarnos en el proyecto, aunque la rentabilidad que vayamos a tener de aquí a futuro sea cero. ¿Vale? Siempre, desde luego, tendremos que estar con una lista de espera mucho menor de la que tenga la pública. Lo que estamos hablando aquí es cómo podemos hacer para que Torrejón sobreviva”. Sin embargo, nada de eso contradice la investigación de EL PAÍS. En la primera información ya añadió que Gallart expuso la mala situación financiera del hospital para hacer los recortes y subir las listas de espera.

Ayuso se ha encontrado con una crisis inesperada en un momento en el que ella contaba con la iniciativa política. La condena al fiscal general Álvaro García Ortiz por revelación de secretos en el caso del presunto fraude fiscal de su novio había logrado desviar la atención del asunto principal, que no es otro que el supuesto delito cometido por su pareja.

En los días posteriores al juicio, el exministro socialista y en su día mano derecha de Sánchez, José Luis Ábalos, fue encarcelado. Al poco tiempo, se supo que el PSOE actúo con descuido y poca celeridad en los casos de acoso sexual denunciados por varias militantes contra otro peso pesado de los socialistas, Paco Salazar. El Gobierno central estaba inmerso en la tormenta perfecta. Sin embargo, el escándalo del Hospital de Torrejón le ha cambiado el paso. Ayuso se ha visto obligada a dar explicaciones en un asunto que le atañe en primera persona, que cuestiona su gestión, algo que pocas veces ocurre, ya que la discusión siempre se centra en asuntos de política nacional. Después de un momento de confusión, la presidenta y su gente han pasado al ataque.

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Sobre la firma

Juan Diego Quesada
Nació en Remscheid, antigua RFA, en 1983. Comenzó su carrera en Domingo, suplemento de reportajes de EL PAÍS. En 2013, desde México, contribuyó a la creación de EL PAÍS América. Estuvo en las secciones de Internacional y Madrid. Fue cinco años corresponsal de la región andina. Ahora cubre la actividad de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de Madrid.
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