La memoria de la Fiscalía de Madrid incluye un reproche insólito del gabinete de prensa a la fiscal jefe por negarle la palabra

La última memoria anual de actividades de la Fiscalía de Madrid, publicada este miércoles, contiene como de costumbre infinidad de datos sobre la persecución del delito y otros aspectos técnicos, pero esta edición de 2025 también esconde una pequeña dosis de drama interno. Se trata de un párrafo insólito que revela que una de las integrantes de la cúpula, la fiscal jefa provincial, Pilar Rodríguez, no le dirige la palabra al periodista responsable del gabinete de comunicación, Íñigo Corral, a raíz de la causa judicial contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

La alusión a esta rencilla en la Memoria de 2025 da una idea del conflicto que ha supuesto para el ministerio público la investigación a García Ortiz, quien espera fecha para sentarse en el banquillo del Tribunal Supremo por la supuesta revelación de un secreto del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. La fiscal Rodríguez fue también investigada judicialmente por participar en ese supuesto delito ―la filtración a la prensa de un correo electrónico entre el abogado de Amador y el fiscal que lo investigaba por defraudar a Hacienda― pero en julio el Supremo archivó la causa contra ella.

El párrafo inusual aparece al principio del documento de 105 páginas, en la sección dedicada al gabinete de comunicación. Se explica que esa falta de comunicación comenzó en marzo del año pasado, cuando estalló el escándalo por el supuesto fraude de Amador al erario público, que fue respondido por Ayuso y su equipo con una campaña de insidias hacia Hacienda y el ministerio público. En el fragor de la polémica, se produjo la filtración del correo del empresario por parte de un autor desconocido y un choque interno sobre la conveniencia de publicar una nota de prensa que aclaraba los hechos.

“La comunicación de la persona encargada del gabinete ha quedado interrumpida con la fiscal jefa de forma unilateral” -afirma la memoria- “lo que ha dificultado mucho la labor del Jefe de Comunicación al ser el área de Madrid capital el que más temas de interés suscita a los distintos medios de comunicación con cobertura dentro de la Comunidad de Madrid”.

Rodríguez es subordinada de Lastra y como tal debe darle cuentas de su labor, algo que se presupone que sigue haciendo porque la Memoria solo se refiere a una interrupción de la comunicación con el jefe de gabinete. Las dos fiscales trabajan en sedes distintas. Lastra trabaja en el edificio del Tribunal Superior de Justicia, en el centro de la capital (donde también se encuentra Corral), y Rodríguez en la Audiencia Provincial, en el norte. Al tiempo de publicación de este artículo no ha sido posible conseguir la versión de Lastra sobre por qué ha incluido ese reproche en la memoria en lugar de tratar el asunto en persona.

Rodríguez, que asumió el cargo en 2018, dirige a los fiscales que actúan en casi todo el territorio de la Comunidad, salvo en los partidos judiciales del área de Alcalá de Henares, Getafe-Leganés y Móstoles-Fuenlabrada.

El origen de este desencuentro se remonta a la noche del miércoles 13 de marzo de 2024, un episodio de mucha tensión dentro de la Fiscalía como se ha podido conocer después por la investigación judicial. El fiscal general quiso rebatir una información del diario El Mundo que decía que la Fiscalía había ofrecido un pacto a Amador para que se declarase culpable. Esa información apuntalaba el relato que el equipo de Ayuso intentaba imponer sobre un supuesto intento de zanjar el asunto en privado que fue retirado por “órdenes de arriba”.

Minutos después de la publicación de ese artículo, García Ortiz solicitó ayuda a Rodríguez para conseguir los emails entre el abogado de Amador y el fiscal del caso. También ordenó redactar una nota de prensa para difundirla el jueves. La investigación ha revelado que a la mañana siguiente tanto Lastra como su responsable de prensa, Corral, se opusieron a dar ese comunicado porque la información contenida en él ya había sido publicada en otros medios.

Lastra y Corral han declarado como testigos en la causa en la que estaban imputados García Ortiz y Rodríguez. Ambos relataron cómo se produjeron las conversaciones en la noche del 13 y la mañana del 14, dando versiones que difieren de las que luego aportaron los dos fiscales investigados.

El párrafo en la Memoria es llamativo, pero en la Fiscalía General del Estado se ve como algo “normal”, según fuentes consultadas, que añaden que las memorias suelen incluir un apartado de comunicación y que este año era oportuno hacer mención a cómo ha afectado al trabajo de los gabinetes este caso histórico, el procesamiento del Fiscal General.

La propia Memoria 2025 de la Fiscalía General del Estado, presentada a principios de mes en el acto de apertura del Año Judicial contiene un epígrafe más extenso sobre el trabajo de su gabinete de prensa. La introducción revela que la relación de los fiscales con la prensa se ha visto “notablemente afectada” por la causa contra García Ortiz, un asunto que “ha cohibido a muchos miembros del Ministerio Fiscal a la hora de facilitar información a los medios de comunicación”.

Se añade que solo las Fiscalías de las Comunidades Autónomas de Andalucía, Asturias, Galicia y Madrid cuentan con un Gabinete de Comunicación, cuyo único integrante depende de las Consejerías de Justicia correspondientes, “con las disfunciones que esto a veces supone”. En contraste, los gabinetes de prensa de los órganos judiciales dependen por completo del Consejo General del Poder Judicial.

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