Con grietas y humedades conviven una víctima de violencia machista y sus hijas realojadas por la Sareb

Con grietas y humedades convive Antonella, madre de un bebé recién nacido y una niña de cinco años, tras ser realojada por la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), más conocida como banco malo. La mujer, de 23 años y víctima de violencia machista, está angustiada. Su piso no tiene dos habitaciones, como le habían comunicado en un principio. Duerme con sus hijas en la misma cama porque no hay más espacio. Cuando se ducha, el suelo de su baño se llena de agua y la tarima está levantada y astillada. “La mayor tiene 5 años y ya se ha lastimado. La pequeña empezará a gatear en unos meses y puede ser un problema”, cuenta en su casa, ubicada en Collado Villalba (Madrid). Fuentes de la Sareb insisten en que esta es la vivienda que la entidad tenía disponible en el municipio para proceder a una reubicación urgente y que el arreglo de los desperfectos se efectuará el día 8 de septiembre.

Antonella, cuyo apellido no se hace público para protegerla, llegó a esta casa el 26 de junio, cuando le faltaban tres días para dar a luz. Antes residía en la misma localidad, a 40 kilómetros de la capital, en un bloque perteneciente a la Sareb, okupado desde 2020. El edificio está abandonado desde que se construyó en 2008, no tiene agua corriente ni cédula de habitabilidad. El bloque contiguo se desalojó en 2022 tras un incendio. La Sareb fue creada por el Gobierno de Mariano Rajoy para gestionar los activos inmobiliarios tóxicos salidos del rescate bancario.

En enero de 2022, el Estado tomó su control mayoritario, asumiendo su deuda como pública y controlando más del 50% del capital. La entidad ha pasado de una estrategia puramente mercantil a otra con objetivos sociales. Ha suspendido la venta de activos residenciales. Se incorporó así al Plan Nacional de Vivienda Asequible, lo que implica la movilización en 2025 de más de 40.000 hogares y 2.400 suelos para formar parte del parque público destinado a familias en situación de vulnerabilidad y con un coste inferior al del mercado.

“Me fui al bloque okupado de la calle Real 13-15 en 2023 porque no podía asumir el coste de una habitación, a pesar de trabajar en un supermercado. Con una niña de 3 años, recurrí a esta opción”, cuenta Antonella. Es peruana, llegó a Santander con 16 años de la mano de su madre, que falleció a los tres meses de residir en España. Entonces, la joven se mudó a Madrid en busca de una vida mejor. Comenta que en el bloque okupado encontró una red de apoyo para conciliar la crianza con su trabajo, del que la echaron cuando se quedó embarazada de su segunda hija.

En el octavo mes de gestación denunció a su expareja por maltrato físico y verbal. Al hombre se le impuso, en su momento, una orden de alojamiento. Por esta razón, Antonella contactó con la Asamblea de Vivienda Villalba para buscar una alternativa habitacional. Esta organización negocia con la Sareb −propietaria de, al menos, otras 160 viviendas en Collado Villalba− en nombre de 44 hogares del bloque okupado. La mujer pertenece a una de las 15 familias que firmó el compromiso de realojo en una casa de alquiler social a cambio de abandonar la suya.

Los integrantes de la asamblea contactaron el 4 de junio con Sareb para pedir la reubicación urgente de la mujer, dada su situación de vulnerabilidad. El día 16 del mismo mes, los trabajadores de Tecnotramit –empresa subcontratada por Servihabitat, externalizada a su vez por Sareb–, mediadora en la gestión del acompañamiento social y el alquiler asequible, visitaron a Antonella. Finalmente, le ofrecieron una casa el 20 de junio.

“Nunca hemos tenido una reubicación tan rápida, eso es cierto, pero Servihabitat le dijo que el piso era de 52 metros cuadrados, de dos habitaciones y que estaba nuevo, recién reformado”, explica Pablo, integrante de la asamblea de 28 años, que prefiere no revelar su apellido.

“El día 25 de junio, firmada la aceptación del nuevo piso, a pesar de que la Sareb impone no conocer su estado, y justo antes del pago de la fianza, Tecnotramit comunicó que se trataba de una equivocación”, comenta. Entonces, la entidad informó de que la casa era de una sola habitación, la única opción disponible. Pero una trabajadora remarcó que el piso “estaba en perfectas condiciones”, insiste Pablo.

Las fuentes de la Sareb defienden su postura: “Enviamos a la asamblea las características de la casa y las fotografías del interior. Antes de entregarla, se había enviado la documentación correcta y se explicó que en la nota simple de la vivienda figura que tiene dos habitaciones, pero como se hizo una reforma para agrandar las estancias, ahora el piso tiene un dormitorio. Además, se les hizo llegar el borrador del contrato de alquiler social para que la inquilina lo pudiera leer y firmar antes de la mudanza”, explican.

Dos días después de la reubicación, el equipo técnico de Servihabitat visitó a Antonella y revisó la instalación eléctrica. Confirmó que todo estaba correcto, según las fuentes de la Sareb. La asamblea reporta que la mujer se quedó tres días sin agua caliente, ni lavadora tras esta cita, un problema que tuvo que subsanar ella de su bolsillo. “Posteriormente, trasladaron en un correo electrónico una serie de incidencias en la vivienda”, expresan desde la Sareb.

Antonella comenta que aceptó su realojo dada su situación de vulnerabilidad. Mientras, desde la entidad arrendadora insisten en que la inquilina se mudó sin incidencias. “Se mostró conforme y agradecida con la vivienda, no así la asamblea que la acompañó en la mudanza”, informan. El piso presenta deficiencias. Por un lado, las humedades de la habitación afectan, sobre todo, a la menor de cinco años, asmática. El suelo se ha levantado y astillado. “Cuando llegué tuve que limpiar todo, había hasta pienso detrás de la lavadora y bichos. No fumigué para proteger al bebé”, comenta Antonella.

La junta de una ventana está carcomida y hay varias grietas en el piso que incrementan su tamaño con el paso del tiempo, además de un hoyo en la pared de un armario del salón tapado con cinta aislante. “La cisterna tiene piezas podridas, el piso fue pintado con las alarmas puestas y está lleno de parches y con los agujeros de la anterior instalación”, aclara Pablo.

Antonella, que cobra la prestación por desempleo, paga un alquiler de 150 euros mensuales, más los gastos de suministros aparte. La cuantía se revisa anualmente y puede variar durante los siete años que dura el contrato. En julio, la Asamblea de Vivienda Villalba pidió a Sareb cumplir con sus obligaciones contractuales de arreglo del piso y repitió esta petición el 18 de agosto, exigiendo una solución urgente.

Este lunes, un trabajador de Tecnotramit acudió a la vivienda para realizar el acompañamiento sociolaboral. “Hay ciertos aspectos que urgiría reparar, como las humedades en la habitación. Lo reportaré para que le den una solución lo antes posible”, comentó a este diario el trabajador, que prefiere no ser identificado. Fuentes de la Sareb argumentan que un gestor social trató de contactar sin éxito en varias ocasiones con la mujer para concertar una cita y que ella demoró la reunión para ver el estado de la vivienda.

“Posteriormente, el 29 de agosto se confirmó la visita con la inquilina para el día 8 de septiembre, cuando ella tiene disponibilidad”, sostienen. Pablo asegura que una de las entidades subcontratadas había acordado con Antonella la inspección, “que no el arreglo”, de los desperfectos el sábado 6 de septiembre. “Pero este martes, cuando se interesa por el asunto un medio de comunicación, le dicen que el lunes se realizarán directamente las reparaciones”, comenta.

Cláusulas abusivas

Diego, también integrante de la Asamblea de Vivienda Villalba, de 32 años, tacha de abusivas las cláusulas del contrato. “La entidad arrendadora puede modificar anualmente la cantidad a pagar por el alquiler bajo su criterio”, cuenta tras señalar que a Antonella “no le dejaron ver la casa de forma presencial hasta que tapiaron su anterior vivienda, una práctica habitual”.

La Sareb manifestó en el contrato que la mujer conocía y aceptaba que “todos los elementos del inmueble se encontraban en buen estado de conservación”, con el compromiso de cuidarlos tras inspeccionar “el estado físico, jurídico, administrativo, urbanístico y de licencias del inmueble, debidamente informada y asesorada”, algo que aunque Antonella firmó, porque estaba a punto de dar a luz, niega que haya sido la realidad: “Vi unas fotos, pero no visité la vivienda de forma presencial”.