El gobierno de Ayuso solo ha comprado cinco de las 175 viviendas sociales que se comprometió a adquirir hace un año

“¿Vendes tu vivienda? La Comunidad de Madrid te la compra". Con esa sugerente propuesta como telón de fondo, el gobierno regional, que preside Isabel Díaz Ayuso, lanzó en agosto de 2024 el siguiente titular en una nota de prensa: “La Comunidad de Madrid compra 175 nuevas viviendas para ofrecer un alquiler social a familias vulnerables”. Sin embargo, un año después, la realidad es bien distinta. Apenas se han adquirido cinco viviendas, según documentación a la que accedió EL PAÍS (en la que se cifraban las compras hechas hasta julio en cuatro) y luego actualizada por la Agencia de Vivienda Social (AVS). Así que hace un año se publicitó una compra que no se había producido, coincidiendo con que el consejo de gobierno aprobara la operación y su presupuesto de 47,3 millones (60% del Estado y 40% de Madrid). Una apuesta de riesgo, pues ganarla no depende exclusivamente de la Administración: hay que encontrar a particulares que quieran vender en uno de los 21 municipios seleccionados, cuyas residencias cumplan con los requisitos, y que no encuentren una mejor oferta en un mercado libre disparado. Quizás por eso Madrid apenas ha recibido 21 ofertas.

“Mienten sobre anuncios patéticos”, critica Jorge Moruno, diputado de Más Madrid. “Mientras que París compró 8.000 viviendas, y Berlín compró 15.000, ellos anuncian la compra de 175 viviendas para una región de siete millones de personas y encima resulta que son cuatro”, lamenta. “Con Ayuso tenemos el parque público de vivienda más raquítico y abandonando y los precios de la vivienda más caros”, opina. Y remata: “Su problema siempre es el mismo: concebir lo público como caridad para pobres y arrojar al mercado a la mayoría social”.

Moruno tira de ironía para retratar la situación que a su juicio se vive en una región ahogada por los precios de la vivienda, en la que emanciparse se ha convertido para muchos en un sueño inalcanzable; alquilar, en una operación a todo o nada; y comprar, en una quimera.

“Tienen más anuncios de viviendas que viviendas entregadas“, dice sobre la administración de Díaz Ayuso, que dirige una Comunidad en la que el precio de venta del metro cuadrado se ha disparado un 59% desde que llegó al poder, según datos de Idealista para el periodo transcurrido entre agosto de 2019 y julio de 2025. En ese mismo plazo, el coste de los alquileres por metro cuadrado ha subido un 42%, según información del mismo portal especializado. La evolución ha sido similar en la capital de España, con los precios disparados y muchos proyectos vitales rotos antes de empezar, o a medio camino, por la falta de techo adecuado.

“El número de ofertas de venta presentadas por los particulares y recibidas en la AVS ha ascendido a 21″, explica un portavoz regional. “De esas 21 viviendas, se han adquirido cinco; diez han sido retiradas por los ofertantes; y seis ha sido excluidas por la Agencia por no cumplir las condiciones técnico-administrativas [cuatro, por ejemplo, no eran accesibles]”, justifica este interlocutor el fiasco, al menos por el momento, de la operación de compra de 175 viviendas. “La naturaleza pública del organismo hace que para la adquisición de las viviendas esté sujeta a los trámites preceptivos impuestos por la normativa en materia de contratación pública, lo que dilata los plazos de compraventa en comparación con los plazos que para formalizar la operación existen en el mercado entre particulares, no sujetos a dicha normativa”, añade. Y concreta: “Prueba de ello es que, de las 21 ofertas presentadas, un total de diez potenciales vendedores retiraron durante el proceso su oferta y lo vendieron a particulares”.

21 municipios

El programa en cuestión busca ampliar la oferta de alquiler social para familias vulnerables en 21 municipios de la región: Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Arganda del Rey, Coslada, Fuenlabrada, Getafe, Las Rozas de Madrid, Leganés, Madrid, Majadahonda, Móstoles, Parla, Pinto, Pozuelo de Alarcón, Rivas-Vaciamadrid, San Fernando de Henares, San Sebastián de los Reyes, Torrejón de Ardoz, Tres Cantos y Valdemoro.

“[Esta inversión] Nos va a permitir aumentar la oferta de alquiler social a aquellas familias que más lo necesitan”, celebró hace un año el portavoz gubernamental, Miguel Ángel García, dándole rango de máxima importancia al anuncio, pues lo hizo en la rueda de prensa correspondiente a un consejo de gobierno.

Las viviendas han de cumplir unas características mínimas. Al menos, un cuarto de baño competo con ducha. Como poco, un dormitorio independiente del resto de estancias y con luz natural. Deben estar sobre rasante y en edificios que cuenten con ascensor, salvo que la residencia ofertada sea un bajo. No pueden ser dúplex. Los gastos generales de comunidad no deben ser superiores a 110 euros mensuales cuando los gastos de suministros estén individualizados, con un máximo de 180 euros mensuales en caso de incluirse dichos gastos en las cuotas de comunidad. Y deben estar ubicadas en edificios que no presenten una ITE desfavorable no subsanada o con una antigüedad no superior a 60 años.

Los beneficiarios potenciales son personas cuyos rendimientos anuales, incluyendo los ingresos de todos los miembros de la unidad de convivencia, no superen 3,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Es decir, los más vulnerables de los vulnerables. Pero difícilmente sus solicitudes habrán llegado a buen puerto hasta el momento: Madrid solo ha adquirido cinco de las 175 viviendas que anunció.